Resiste

BUENOS AIRES (Especial de NA por José Calero). Sectores empresariales y financieros renovaron sus fuertes presiones para devaluar el peso, pero el Gobierno decidió resistir esos embates con todas las herramientas a mano y dejar que la próxima administración decida el futuro del tipo de cambio.En un momento clave, a días de las elecciones primarias, grandes corporaciones fabriles, sectores agropecuarios y agentes bursátiles coincidieron en alertar sobre el retraso cambiario y pidieron dejar atrás de una vez el cepo cambiario, la restricción aplicada a fines de octubre del 2011, semanas después de que Cristina Fernández obtuviese su reelección con 54% de los votos.Esas limitaciones fueron profundizadas en el 2012, con el argumento político de ejercer un control fiscal sobre los compradores, pero ocultaban una realidad que recién en los últimos días el gobierno se animó a aceptar oficialmente: no habría reservas suficientes para atender la demanda de dólares si se liberara el cepo.“Sería como abrir la tranquera y provocar una estampida”, graficó un especialista apelando al lenguaje campero.Justamente fue el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, uno de los que alertó sobre la fuerte presión tributaria que padece el sector a través de las retenciones, y explicó que a eso se le suma un retraso en el tipo de cambio.También el presidente de FCA Argentina (Ex Fiat), Cristiano Rattazzi, pidió terminar con las restricciones cambiarias y alertó sobre la pérdida de competitividad que padece el país.Pero la embestida más fuerte llegó de las grandes empresas que participaron en el encuentro de la UIA de Córdoba, tal vez la más identificada con el neoliberalismo, donde la necesidad de ir hacia un nuevo esquema cambiario fue eje del encuentro.Mientras el establishment intenta instalar la necesidad de devaluar, el gobierno salió a cruzarlo con lo que tiene a mano, apelando a la muletilla de fustigar al "club de los devaluadores".El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apeló al “sincericidio”, al reconocer que si se liberara el cepo en “tres días” la Argentina se quedaría sin reservas.Si bien destaca que un funcionario se sincere aún en una etapa preelectoral -dicen que en la guerra y la política lo primero que muere es la verdad-, al equipo económico no le hizo gracia que el ministro coordinador reconociera lo que Axel Kicillof y Alejandro Vanoli saben de sobra pero nunca admitirán: la solidez de las reservas no es tal.Las divisas atesoradas por el BCRA rondan los 34.000 millones de dólares, pero contemplando las deudas que tiene la autoridad monetaria y neteando depósitos en moneda extranjera, entre otros “detalles”, en realidad no superaría los 15.000 millones.A esto se suma que el gobierno deberá pagar el 3 de octubre próximo 6.300 millones de dólares por el vencimiento del Boden 2015, y como tiene balanza comercial casi deficitaria, deberá hacerlo íntegramente con reservas.El propio Kicillof garantizó que esa obligación se cancelará con divisas atesoradas en el BCRA y en tiempo y forma, como si al gobierno le quedara otra alternativa cuando tiene al mundo financiero jugando en la vereda de enfrente desde hace años.En ese juego de presiones, el poder económico pretende arrancar definiciones sobre lo que viene en materia económica a Daniel Scioli, porque considera que es el candidato con más chances de suceder a Cristina Fernández.El gobernador bonaerense apela lo que mejor sabe: hace surf sobre olas embravecidas con frases poco comprometidas que a su vez no corren riesgo de generar ruido en el electorado.A pesar de ello, en su acto ante las corporaciones sindicales del peronismo el candidato del FPV pareció dar una pista sobre lo que viene, al rechazar de plano una devaluación brusca.Scioli se quejó de los que “siempre buscaron la competitividad por el lado de las devaluaciones” y advirtió que eso “perjudica a los trabajadores”.Pero también dijo que “la competitividad hay que buscarla trabajando en los componentes de los costos e incorporar tecnología”.Esta última frase, que parece de compromiso, la pronunció en otro escenario, y no pareció casual: fue tras recorrer una empresa del Grupo Arcor, justo la compañía que aspira colocar a uno de los suyos, Adrián Kaufmann, al frente de la UIA, la corporación en cuya cúpula anida, desde la óptica del gobierno, buena parte del “club de devaluadores”.