POSADAS. Sin Defensor del Pueblo de la Nación designado, un secretario a cargo del organismo constitucional inició una actuación de oficio por “la falta de caminos” de comunicación de las aldeas con las rutas más cercanas. En definitiva, en el viejo conflicto que un grupo de ecologistas y guardparques viene rechazando el proyecto de construcción de camino del gobierno provincial, conocido como Lote 8.Respecto a las diferencias en torno al camino, el Defensor a cargo defendió la propuesta del gobierno misionero: “La vigencia del conflicto está dada por la existencia de un debate público en torno al proyecto de construcción de un camino dentro del territorio de la reserva que permitiría el rápido y fácil acceso a las comunidades, pero que es eje de críticas desde algunos sectores ambientalistas”.En un comunicado emitido ayer, el secretario General, a cargo del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, Carlos Haquim indicó que “la investigación de oficio es para proteger el derecho de las comunidades Tekoa Yma, Ka Pi´Y Yvate e Itao Mirí, cuyos territorios se encuentran en la Biósfera de Yabotí, sobre la margen occidental del Río Uruguay. En el mes de mayo del corriente año, funcionarios de la Defensoría efectuaron una recorrida por la Provincia de Misiones, durante la cual visitaron y entrevistaron a miembros de 20 comunidades Mbyá”.Reveló el funcionario nacional que “Debido a las características geográficas de la región no fue posible visitar todas las comunidades, puesto que los dos itinerarios que propusiera el guía de la recorrida no resultaron viables dentro del tiempo con que se contaba. La primera consistía en cruzar a Brasil en vehículo, luego volver a cruzar en balsa y desde allí caminar entre una y dos horas por un sendero hasta la primera de las comunidades. La otra en caminar alrededor de cuatro horas por senderos desde el camino más cercano en territorio argentino. Ello, en tanto el único camino que llegaría a las comunidades tiene una extensión de alrededor de 70 km pero resultaría inaccesible, aun para una camioneta 4×4, debido al mal estado de conservación en que se encuentra”.“Esta situación provoca también que las comunidades no tengan agua potable ni electricidad. Otra consecuencia directa de este aislamiento es que los médicos sólo asisten a las comunidades una vez por mes y que las niñas y niños no pueden ir a la escuela. También les resulta dificultosa la compra de provisiones, pues no poseen medios para llevarlas hasta la comunidad, debiendo dormir en el poblado donde las adquieren y abonar grandes sumas de dinero para lograr su traslado”, denunció el Defensor a cargo.Agregaron que otra prueba de las dificultades de subsistencia es que la Provincia habría designado 3200 hectáreas para ser habitadas por comunidades indígenas pero que por las dificultades referidas ninguna comunidad podría ocuparlas.La Defensoría nacional considera que “la falta de un camino que permita el acceso a las comunidades Tekoa Yma, Ka Pi´Y Yvate e Itao Mirí constituye una violación a, entre otros, el derecho a la salud, a la educación, a desarrollarse económicamente, a la libertad y a la autodeterminación, tanto colectiva como individual. Además, e igual de trascendente, resulta que no se haya desarrollado ningún tipo de consulta a las comunidades involucradas a fin de que se expidan sobre la necesidad y pertinencia de ejecutar la obra en cuestión y sobre sus modalidades”, finalizó el manifiesto del organismo.
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