POSADAS. El fiscal general de la Justicia Federal de Misiones, Rubén González Glaria, junto al fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitaron la apertura de una investigación penal por contrabando agravado de estupefacientes en grado de tentativa, en relación a un hecho que tuvo lugar hace más de tres meses en esta ciudad y que fuera originalmente considerado como una mera “infracción aduanera” por las autoridades que intervinieron en el caso, según publicó ayer en su sitio oficial la Procuración General de la Nación.El caso se remonta al 1 de abril pasado, en el marco de un control de rutina que se realizó sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación (Paraguay). En esa jornada, personal de la Aduana detectó en el baúl de un automóvil tres bolsos con 264 frascos de ketamina, sustancia alcanzada por la Ley de Estupefacientes. Al tomar conocimiento del hallazgo, la Aduana local dio intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la capital misionera, a cargo de Alicia Borches, quien dispuso el decomiso de la mercadería para la realización de peritajes y que se abra un sumario por “infracciones al Código Aduanero”.En concreto, para la Justicia de Posadas se trató en un primer momento de una presunta violación del artículo 977 del mencionado Código, que sanciona con una multa de una a tres veces el valor de la mercadería en infracción y el decomiso de la misma si se trata de mercaderías cuyo consumo se encuentra prohibido. Es decir, una falta menor si se tiene en cuenta que la ketamina es un potente alucinógeno que se encuentra en el listado de estupefacientes del decreto 299/10, dentro de los alcances de la mencionada Ley de Estupefacientes, explicó el informe de la Procuración. Con respecto a la ketamina, se detalló que se trata de una droga utilizada habitualmente en medicina veterinaria como tranquilizante para animales, pero que en los seres humanos genera alucinaciones, alteración de la atención y memoria, hipertensión, arritmias y elevación de la presión sanguínea.“Una maniobra criminal”Para el fiscal general Rubén González Glaria, a cargo de la Fiscalía Federal de primera instancia en lo Civil y Comercial -con competencia penal en Misiones- y la Procunar, el hecho se enmarcó en una “maniobra criminal que debe ser calificada como contrabando agravado por tratarse de estupefacientes en grado de tentativa”, en los términos del artículo 42 del Código Penal o bajo el delito de transporte de estupefacientes, por lo que, entre otras medidas, solicitaron la inmediata detención de los tres individuos que transportaban la droga, dos de ellos de nacionalidad paraguaya. Entre las pruebas aportadas por los funcionarios figuran los antecedentes comerciales y financieros de los imputados, donde no figura actividad económica alguna que justifique el ingreso y comercialización de medicamentos. “Debió procederse a la detención”Con respecto al procedimiento llevado a cabo el pasado 1 de abril en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, los fiscales Rubén Glaria de Misiones y Diego Iglesias del Procunar fueron contundentes a la hora de describir que evidentemente no se procedió correctamente. “Los hechos que se describen en el acta de procedimiento aduanero quedan comprendidos en el delito de contrabando por importación de estupefacientes en grado de tentativa, tal como fuera planteado con posterioridad en la denuncia presentada por la autoridad aduanera. Más aún, para el caso que se considerara que el hecho no reúne los requisitos propios exigidos por el tipo penal de contrabando, la conducta podría quedar subsumida en el delito de transporte de estupefacientes. En cualquiera de las dos opciones, debió procederse a la detención de las tres personas identificadas en el sumario, al encontrarse frente a la comisión de un delito flagrante de acción pública”, indicó el requerimiento de los representantes del Ministerio Público.Así las cosas, la Fiscalía Federal de Misiones y la Procunar solicitaron abrir una profunda investigación para determinar la posible inserción de la sustancia incautada en una cadena de tráfico ilícito de medicamentos más amplia, con el objeto de “individualizar a aquellos eslabones que se encuentran en las jerarquías más altas de la cadena de comercialización, en el marco de la investigación penal inteligente contra las actividades organizadas de narcotráfico”.
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