POSADAS. ¿Qué valor monetario tienen un árbol, una huella de yaguareté, el sonido de una cascada? ¿Cuánto debería percibir el dueño de una porción de paraíso que se come el dióxido de carbono y nos regala oxígeno? Las preguntas pueden parecer “románticas” en tiempos en los que todo tiene precio, pero se vuelven necesarias a partir de un dato que sorprende y alarma: unas cuarenta mil hectáreas de monte nativo ubicadas en zonas alcanzadas por legislación proteccionista se encuentran a la venta en el mercado inmobiliario, a la espera de inversores que quieran comprar los predios. Casi todas estas propiedades se ubican en áreas clasificadas con categoría “amarilla” en las que se prohíbe el desmonte de bosques nativos y se obliga a los dueños al uso sustentable, previa aprobación de un plan de manejo. El fenómeno se da cada vez con mayor fuerza en los últimos tiempos: propietarios que deciden desprenderse de un pedazo de monte que ponen en oferta con la posibilidad de que los compre alguien comprometido con la preservación y respetuoso de las leyes, o en el peor de los casos, una persona o una empresa no tan dispuestas a observar las diferentes limitaciones a la explotación forestal.Desde 2007 a la fecha, Misiones perdió casi veintidós mil hectáreas de monte nativo por deforestación, si se traspolan a estos tiempos los resultados del informe elaborado en 2011 por la entidad ecologista Los Verdes. Paralelamente, se afianzó la concentración de territorio mediante la compra de grandes extensiones que quedan en pocas manos. En este contexto, la venta del monte no es un síntoma auspicioso y marca, según todos los consultados, el fracaso en Misiones de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331 y de la aplicación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos creado a partir de esta norma. La Ley de Bosques creó un fondo constituido por el 2% de las retenciones a las exportaciones que en la práctica es muchísimo menor y que se distribuye -o debería distribuirse- entre las provincias que tienen monte nativo y aprobaron su ley de ordenamiento territorial. De estos fondos, el 70% debería llegar a los titulares de las tierras con montes nativos -que tienen aprobados los planes de manejo- como aportes no reintegrables, pero en la práctica los “beneficiarios” carecen de información. Muchos no reciben un sólo peso de estos fondos que suman más de diez millones en el presupuesto 2015 de la provincia; otros recibían el incentivo pero quedaron afuera sin previo aviso y sin mayores explicaciones por parte del Ministerio de Ecología. Como resultado, acusan arbitrariedad, secretismo, gestión para los “amigos” y en el camino, gente harta de esperar ayuda que decide desprenderse de su pedazo de paraíso. Todo en el contexto de una gestión fuertemente cuestionada del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables. En 2009, el gobernador Maurice Closs anunció la meta de “tala cero” para el año 2020. Seis años después, quienes viven, preservan y luchan por el monte anticipan que de no cambiar radicalmente la política ambiental provincial, en lugar de “tala cero” en 2020 tendremos “biodiversidad cero”. Tierra de oportunidades“Los propietarios no reciben compensaciones por los servicios ambientales ”; “hay más cazadores que animales”; “no nos informan qué pasa con los fondos”; “se subsidia a los taladores compulsivos y a amigos del Ministerio y no a las reservas privadas”; “somos 90 guardaparques para proteger un millón de hectáreas protegidas” son sólo algunas de las afirmaciones recabadas por PRIMERA EDICIÓN para explicar porqué hay cada vez menos monte y cuál es la razón por la que los propietarios deciden poner a la venta sus lotes con selva misionera, hartos de la falta de incentivos para la conservación. Este escenario a la vez generó oportunidades de “negocios” para intermediarios que conectan a los vendedores desesperados con los eventuales “inversores”. Uno de ellos es el ingeniero forestal y titular de la Consultora Gerencia Socioambiental, Juan Pablo Cinto. El profesional tiene un perfil en Facebook que se llama “Tierras para conservación en Misiones” en el que publicita miles y miles de hectáreas en venta, alguna que otra reserva privada, increíbles “lotes” como unas diez mil hectáreas de monte en pleno corazón de Yabotí, lugares idílicos “ideales para emprendimientos turísticos” con saltos, cascadas, pájaros, animales y mucho verde. Un camino los uneCinto aseguró a PRIMERA EDICIÓN que no cobra comisiones inmobiliarias por estas conexiones ni tiene mayores injerencias políticas en la aprobación de los planes de manejo, y que su función es asesorar a los compradores. Ese asesoramiento, confió, consiste en orientar sobre la legislación y la elaboración de esos planes de manejo ambiental que les permitirían acceder eventualmente a los fondos nacionales, previa aprobación del Ministerio de Ecología. Casualidad o no, el exfuncionario del Ministerio también fue el “coordinador” de la Alianza Multicultural Público-Privada del Lote 8 de la Reserva de Biosfera Yabotí que promovía, junto con la ministra de Ecología, Viviana Rovira, la apertura de un camino en pleno parque del Moconá para beneficiar a un emprendimiento turístico privado, con la excusa de posibilitar una vía de salida para las comunidades aborígenes que allí habitan. La férrea oposición de los guardaparques misioneros que propusieron un camino alternativo que no dañara el monte, el involucramiento de prestigiosas universidades y de asociaciones ecologistas provinciales y nacionales que advirtieron del enorme daño ambiental que estaban por provocar en plena selva protegida; logró frenar la iniciativa, al menos por el momento. Todo pese al fuerte interés de la funcionaria renovadora y los esfuerzos del coordinador por avanzar sobre el monte. La reserva que se salvó a último momentoLa Reserva privada Don Otto es una de las que aparece en las páginas inmobiliarias como ofertada para la venta. Este pedazo de monte nativo de 321 hectáreas de ensueño con arroyos y pájaros, ubicado en el municipio de Santiago de Liniers a orillas del arroyo Piray Guazú, fue noticia hace muy poco porque allí se registraron huellas del yaguareté, toda una noveda
d para la zona. “Uno lo hace porque quiere salvar lo poco o mucho que nos queda. Toda mi vida trabajé en la madera y me desvinculé totalmente. La idea nació naturalmente: si destruimos, qué le podemos dejar a nuestros nietos. Hace quince años tenemos la reserva a pulmón, los impuestos se empezaron a acumular. Ese fue el motivo por el que pusimos a la venta, no teníamos ayuda” contó su propietario Francisco Bemez.Este año, por primera vez cobró el subsidio previsto en la Ley de Bosques y eso frenó la intención de desprenderse del predio. Esta ayuda, más la presencia de Vida Silvestre que vino a estudiar al yaguareté, volvió a motivar a sus propietarios. Ahora con ese dinero también colaborarán con los guardaparques para frenar a los cazadores furtivos. “Cobramos una sola vez y después ya no hubo plata para Yaguaroundí”La reserva privada Yaguaroundí queda en San Vicente y oficialmente tiene 400 hectáreas contenidas en esta categoría según el convenio firmado entre su propietario, Martín González, y el Ministerio de Ecología. En los últimos tiempos, nuevos propietarios que compraron el monte aledaño (un par de argentinos, un par de franceses) le sumaron otras seiscientas hectáreas al predio inicial, lo que la convierte en una de las más importantes de la provincia por sus dimensiones y su enorme biodiversidad. Pese a ello, y a haber presentado a tiempo y en forma el plan de manejo sustentable ante Ecología, sólo una vez llegaron los fondos de la Ley de Bosques con destino a Yaguaroundí. “En quince años jamás tuve ningún tipo de apoyo oficial, y cuando estábamos con el agua al cuello nos llegaron los 250 mil pesos de la Ley de Bosques. Pero llegó el año siguiente y sin ninguna explicación, no hubo más fondos para nosotros”, contó Martín, todavía indignado por la falta de información sobre los fondos y el aparente manejo arbitrario de Ecología. “Este año no recibimos un solo peso de la Ley de Bosques y tampoco hubo explicación. Lo que sí observé es que hay gente que se dedica a la extracción de madera con sus aserraderos y que reciben los fondos”, aseguró. González reconoce que la Ley de Bosques también contempla que reciban el subsidio los que extraen madera y replantan, pero “no es moralmente justo que se privilegie a los que comercian por encima de los que estamos luchando por la conservación”.A esta realidad, se suma la lucha desigual de los propietarios contra los cazadores furtivos y la escasa cantidad de guardaparques y su carencia de elementos: “Los que compran vienen ilusionados y cuando llegan, ven que hay más cazadores que animales en su predio. Si esto sigue así, si no se frenan la caza y el desmonte descontrolado, en cinco años no va a haber más animales, salvo comadrejas”. “La torta se achica y hay que repartir más porciones”Karina Schiaffino, responsable del proyecto Áreas Protegidas Privadas- NEA de la Fundación Vida Silvestre Argentina, dijo que la ONG está trabajando fuertemente con el Ministerio de Ecología y las Reservas para procurar un reparto equitativo de los fondos que llegan a la provincia por imperio de la Ley de Bosques. “A la gente se le hace difícil el financiamiento de las reservas, que tienen que balancear el compromiso de la conservación con el uso y desarrollo de alguna actividad económica que pueda garantizarles el sostenimiento financiero. En muchos casos aplican para los fondos de la Ley 26.331 pero no llega a todos. Claramente es un problema general que tienen en común todas las reservas privadas”, dijo. “Los fondos son muy limitados, la autoridad de aplicación hace una selección de los planes que se presentan cada año desde que se implementó la ley. Son cada vez más los planes y los fondos cada vez menos. La torta se está achicando y las porciones tienen que repartirse entre más personas”, explicó. Y agregó que el acceso a los fondos “tiene una cantidad de cuestiones burocráticas que lo hacen complicado”. “Estamos en un diálogo fuerte y constructivo con el Ministerio de Ecología y ésta es una de las cuestiones que nos tiene ocupados: el acceso a los fondos por parte de las reservas”, afirmó.
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