La ola de renunciamientos en el kirchnerismo, luego de que Cristina recomendara la semana pasada a los candidatos de ese sector, reunidos ese mismo día en el Congreso del PJ en Parque Norte, “darse un baño de humildad” en favor de los mejor posicionados, le dio un empujón al proceso electoral y apuró definiciones con vistas a las Paso del 9 de agosto próximo.La rapidez con que en el PJ kirchnerista salieron a resignar sus ambiciones candidatos con robustas expectativas presidenciales, pero debilidad en las encuestas, como Jorge Taiana, Agustín Rossi y Jorge Urribarri, además de varios aspirantes a la Gobernación bonaerense; transparentó un clásico del peronismo: la capacidad de disciplinamiento ante el abismo. La ola de resignación terminó de definir unas Paso kirchneristas con dos candidatos presidenciales, Daniel Scioli y Florencio Randazzo, y, en principio, un reducido team de aspirantes a la gobernación bonaerense, con Aníbal Fernández ubicado en la avanzada por decisión de la Presidenta. Es que el baño frío de humildad, en realidad de astringente pragmatismo, disimuló una férrea toma de posición política que le puso límites a los sectores más duros del kirchnerismo, imitando el giro que, en algún momento al término de su mandato, diera Néstor Kirchner, bajándole el tono al discurso de la transversalidad y acercándose a los intendentes del conurbano. El kirchnerismo llega de esta manera a las primarias con una oferta enfocada a la necesidad de ganar en el distrito bonaerense, que cuenta con 12 millones de los 30 millones de votantes de todo el país. En el contexto de esta definición, emerge el viejo esquema de polarización electoral que hoy, si se proyecta el escenario actual hacia adelante, representarían el kirchnerismo, con Daniel Scioli a la cabeza y el macrismo-radicalismo de Mauricio Macri, dejando en la penumbra a la entente conformada por Sergio Massa y José Manuel de la Sota. En tanto, en la semana el kirchnerismo profundizó la embestida contra el juez Fayt al dar inicio, por decisión de la mayoría camporista de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a un proceso de investigación destinado a establecer si el anciano magistrado, de 97 años, se encuentra en condiciones psico físicas como para responder a las exigencias de su sitial en la Corte Suprema. La Corte, por su lado, decidió plantar bandera y convocó a Fayt a una reunión extraordinaria en la que se ratificó, con la firma del magistrado esta vez, la acordada que reeligió a Ricardo Lorenzetti, con 8 meses de anticipación en la presidencia del cuerpo.Fayt no se va Al trasladarse desde su domicilio en el barrio de Recoleta hasta el Palacio de Justicia, y rodeado por una manifestación de abogados y ciudadanos que se congregaron para darle su apoyo, Fayt entregó un escrito en el que definió su posición considerando a la movilización “una manifestación de solidaridad con los valores democráticos y constitucionales que siempre he defendido y que seguiré haciéndolo desde mi lugar de juez de la Corte Suprema”. En medio de un cerco mediático, Fayt se hizo presente en el Palacio de Justicia y participó de una acordada extraordinaria por la cual la Corte Suprema ratificó la acordada 11 del 21 de abril último, que había aprobado la reelección del presidente Ricardo Lorenzetti de manera anticipada para el período 2016-2019, como titular del cuerpo. El kirchnerismo continuó, desde el Congreso, con la ofensiva para someter a un examen al nonagenario juez, insistiendo en la política de cuestionamiento a la Corte, y en ese marco al anticipado posicionamiento de Lorenzetti. Por lo que se vio hasta ahora, la discutible arremetida del gobierno contra el juez Fayt, quien fuera de su avanzada edad no presenta flancos criticables por su trayectoria, no lo acerca al propósito de ocupar el lugar del veterano juez con un magistrado cercano al oficialismo, y sólo consigue radicalizar el enfrentamiento con la Corte, un dato que a priori es difícil saber si le terminará jugando a favor o en contra en términos electorales, y que en principio pareciera que se convierte en otro impulso a la polarización. Espionaje inducido En la provincia, en la semana se recalentó el escándalo causado por la denuncia del juez Yaya sobre espionaje de expedientes confidenciales a través del Sistema de Gestión Digital, montado bajo la batuta del ministro César Santiago, uno de los últimos magistrados en desembarcar en el Superior Tribunal, proveniente de la Eby y con pasado en la Gobernación durante el puertismo. Aunque el STJ trató de poner paños fríos a la crisis, no pudo evitar que el escándalo creciera azuzado por diversos flancos. Por una parte, surgieron voces de alarma sobre las consecuencias que tendría el hackeo detectado -todavía no explicado y delimitado en toda su magnitud, ya que son varias las denuncias de jueces penales, sobre las causas judiciales involucradas. A esta preocupación, de gravedad si se toma en cuenta que se podrían declarar nulos juicios que llevan años de instrucción; como advirtió el diputado radical Germán Bordón el jueves en la Legislatura; se agrega el trasfondo político. No se sabe si lo peor del caso es el manto de desconfianza sobre el sistema informático -casualmente o no destinado a dar mayor transparencia y visibilidad a los procesos judiciales- o la caja de pandora que algunos creen que se abrirá al compás de las revelaciones sobre la interna política subyacente. Aunque en la Legislatura, inoficialmente se dice que su titular Carlos Rovira, no se involucrará en la defensa del honor perdido de los jueces del Superior; es evidente que el escándalo de los espías pone en primer plano al condicionamiento político en el alto tribunal misionero. El STJ, ante el crecimiento de las repercusiones del caso, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el envío de peritos para auditar el Sistema de Gestión Digital, en tanto es poca la confianza de que el sumario administrativo abierto para delimitar responsabilidades que no dejen dudas. El bloque mayoritario de la Cámara, en este marco, rechazó el jueves el pedido de tratamiento preferencial que presentaron la UCR y otros sectores de oposición, reclamando un informe exhaustivo del Pode Ejecutivo. El tema se remitió en la sesión legislativa, la tercera sesión ordinaria del cuerpo, sin debate alguno y en base a un pedido de preferencia que, como procedimiento, permite al oficialismo poner paños fríos a la discusión en el recinto y enviar el proyecto a un incierto tratamiento en comisión. Lo mismo ocurrió con otra iniciativa opositora, esta vez dedicada a res
paldar los reclamos en el sector yerbatero porque se vuelvan a discutir los precios de la materia prima. Los límites del discurso legislativo, en este contexto, parecen estar dados por las tensiones propias del calendario electoral, que se acerca a instancias definitorias y, por lo tanto, desplaza el centro de atención de los problemas y acontecimientos que preocupan al ciudadano común, a las fórmulas y especulaciones electorales. El escándalo en la Justicia, como la crisis en Santa Ana, resuelta sobre la marcha pero que dejó mucha tela sin cortar, y que en el propio oficialismo hay quienes definen como “una resultante de la deficiente formación política de los dirigentes”, le ponen un marco conflictivo al acuerdo cerrado en el Frente Renovador en torno de la fórmula Hugo Passalacqua-Herrera Ahuad. El 29 de mayo se realizaría el acto de lanzamiento de los candidatos renovadores; en tanto que el 6 de agosto se tendrán que definir finalmente los frentes y alianzas electorales.; oportunidad en que saldrán a la luz los alcances del pacto entre la renovación y el FPV misionero. En la oposición, siguen a ritmo febril las negociaciones para cerrar un frente amplio que realice las expectativas de cambio que adjudican a una porción relevante del electorado misionero; postura que se ratifica, desde lo local, la tendencia a la polarización electoral. Por ahora, nadie muestra anticipadamente las cartas en la oposición, por lo menos hasta el 6 de agosto próximo, fecha fijada por la Justicia Electoral provincial para la presentación de alianzas y frentes electorales. Los avatares de la política misionera, en este sentido, dejan ver que, pese a una corriente misionerista o federalista; en la medida en que se profundiza un escenario de polarización a nivel nacional, es esta tendencia la que impone, en definitiva, los límites de la oferta y la demanda electoral.
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