SAN PEDRO. Unas 71 familias de Pozo Azul que habitan los parajes Piray Guazú, Portón Viejo y Colonia Nueva Unión, pagaron hasta 20 mil pesos por casa para acceder al servicio de energía eléctrica mediante una conexión rural, pero ahora los responsables del distrito de la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa) no les brindarán más el servicio porque el Gobierno provincial no avanzó en la tramitación de los permisos de ocupación para solucionar el problema de la tenencia de las tierras. Esta comunicación oficial, más los fuertes rumores de un incipiente desalojo, desesperó a las familias que se encuentran en alerta y dispuestas a expresar su malestar con cortes de ruta.Es que son apenas un puñado las que lograron, con muchísimo esfuerzo, bajar la luz en sus respectivas casas, mientras que el resto está pagando o se encuentra a la espera de la ansiada conexión porque recién ahora terminaron de abonar los materiales, los transformadores y la mano de obra que les cobra la prestataria para conectarles el servicio eléctrico. Paralelamente confiaron en el trámite de inscripción ante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) que realizaron el año pasado para integrar el “Registro de beneficiarios” de la Ley de suspensión de desalojos y remates que aprobó la Legislatura provincial en 2014. La normativa establece que quedan suspendidas las ejecuciones de sentencias de desalojos y remates de viviendas únicas y familiares, ya sean urbanas como rurales.Un drama de años Los vecinos, todos productores agropecuarios, luchan hace más de una década por la regularización de su situación dominial en tierras que pertenecerían a la empresa Riccieri SA, en un litigio por 1.400 hectáreas que ya tuvo compromisos formales por parte de la Subsecretaría de Tierras y el Municipio San Pedro, que realizaron el “relevamiento ocupacional predial georreferenciado” como paso inicial a un acuerdo de compra por parte del Estado provincial. A primeras horas de la tarde del jueves, en el galpón de la Organización Unidos De Ruta 20 se llevó a cabo una asamblea en la que participaron cerca de ochenta personas representantes de las familias afectadas, movilizadas y conmovidas por la noticia del inminente corte del servicio eléctrico y el posible desalojo.“Esta noticia nos indica que sólo fueron promesas de resolver la problemática de lote Q, tierra en la que vivimos, ya pasó mucho tiempo y seguimos peor”, expresó un vecino. La inseguridad en las familias para continuar la vida ligada al trabajo, a la producción de alimentos y las limitaciones para desarrollarse en la comunidad, fueron los temas que se trataron en la asamblea. Esperan respuestas del Gobierno provincial para evitar el tremendo drama social que se avecina. “Conseguimos con mucho esfuerzo bajar la luz y ahora nos quieren cortar. ¿Dónde quedaron nuestros derechos? ¿Cuál es la excusa ahora? Dimos pasos para atrás con promesas incumplidas”, coincidieron.
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