En un mes se haría el traspaso de tierras a guaraníes

POSADAS. En menos de un mes se estaría firmando el convenio marco por el cual la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) firmaría el traspaso de las 6.084 hectáreas del Alto Valle de Cuña Pirú a las comunidades originarias que allí residen ancestralmente. Entonces se iniciaría un proceso de instrumentación de la propiedad comunitaria de las tierras indígenas (PCTI) que durará seis meses y en el que participarán el Estado provincial, el Municipio de Aristóbulo del Valle y los caciques de las cinco aldeas.Así lo confirmó Daniel Fernández, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), quien se encuentra en Misiones dialogando con los distintos sectores y hoy visitará el Cuña Pirú para dialogar con los caciques de las comunidades mbya guaraníes.“No hay trabas, hemos tenido que conciliar intereses porque la Constitución nacional determina que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Asimismo, el Estado nacional tiene obligación de implementar la PCTI sobre todo en el marco del nuevo Código Civil, que entra a regir desde agosto, y tenemos los derechos indígenas que también están reconocidos en la Constitución. Es un proceso de búsqueda de consenso para instrumentar un tema que es histórico”, indicó Fernández.Planteó también que se debe definir la situación de las cuarenta familias campesinas que residen dentro del predio que pertenece a las comunidades originarias: “Buscamos armar un traje a medida en el que vamos a incorporar toda la realidad tal cual está hoy en la zona”, resumió. Dijo además que la UNLP está revisando las últimas versiones del acuerdo y que en un plazo de no más de un mes se va a estar firmando el convenio marco en Presidencia de la Nación con presencia del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y de Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, organismo del cual depende el Inai. Visita a las comunidadesHoy Fernández estará visitando, junto al ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta, y al intendente de Aristóbulo del Valle, Eldor Hut, las cinco comunidades que actualmente residen en las 6.000 hectáreas de Cuña Pirú. En un primer momento eran sólo tres las comunidades que habitaban las tierras en conflicto, pero hoy hay dos más y serían incorporadas al convenio marco. “Se hará relevamiento actualizado en el plazo de treinta días de las otras dos comunidades”, señaló Soria Vieta a PRIMERA EDICIÓN. Y aclaró que “nada se va a hacer sin consulta informada a las comunidades, en su propia lengua y sin consenso. En un futuro habrá que mejorar la condiciones de ellos, hacer otra escuela, infraestructura, servicios, y la Provincia está dispuesta a apoyar todo esto”.Propiedad comunitaria La PCTI está establecida por el artículo 18 del nuevo Código Civil, que entrará en vigencia en agosto próximo. “Se va a avanzar este año en ley de instrumentación de la propiedad comunitaria. Porque no es que la propiedad comunitaria (en este caso las tierras de Cuña Pirú) es una isla de un territorio autónomo, se va a conciliar el derecho a la PCTI con normas provinciales y realidades sociales que las vamos a discutir y analizar con los indígenas, los campesinos, el Municipio”, explicó Fernández. Sobre el casoLas tierras se encuentran en poder de la UNLP desde 1992, cuando les fueron donadas por Celulosa Argentina. En 2004 las comunidades, con acompañamiento del Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (Emipa), comenzaron los trámites prejudiciales y en 2007 se inició el juicio donde exigían la devolución de las tierras. Hace al menos un año y medio, el Consejo Superior de la institución educativa comenzó a discutir el traspaso de las tierras y ahora estaría dispuesta a reconocer los derechos de las comunidades. “El requisito que pidieron es que el juicio en su contra sea suspendido y que también de lo impositivo se hace cargo el Estado nacional”, señaló Fernández.La mirada de “los blancos”“En todo este proceso de relevamiento en pos de la titularización de las tierras hay un objetivo claro: evitar que los pueblos originarios desaparezcan, porque por las condiciones históricas de pobreza y por ser marginados de las tierras, han sufrido la exclusión”, señaló Fernández a PRIMERA EDICIÓN. En cuanto a cómo es percibido por la comunidad blanca todo este proceso desde la sanción de la Ley de Relevamientos, recalcó que “no se trata de un regalo a las comunidades, en realidad les estamos devolviendo lo que históricamente les ha sido apropiado por empresas y por entidades públicas”.“Hay mucha discusión, muchos se preguntan ¿por qué tanta tierra para las comunidades?, pero el concepto no es económico, no se mide por parcelas ni por sumas de dinero sino que es de hábitat natural, y si el Estado no asegura el acceso a las tierras, ellos están condenados a ser peones que corten el monte y trabajen para los empresarios apropiadores”, señaló, indicando el impacto ambiental negativo que ello implicaría. 60 comunidades fueron relevadasEn el marco de la sanción de la Ley 26.160 de Relevamiento de Tierras, sancionada en 2006, hasta la fecha en Misiones se ha relevado cerca de 60 comunidades indígenas de las 117 que existen en la provincia. Así lo indicó a PRIMERA EDICIÓN Daniel Fernández, presidente del Inai. Las aldeas abarcan alrededor de unas 150 mil hectáreas misioneras. Cabe recordar que, si bien la ley es de 2006, el proceso se comenzó efectivamente en 2011, pero con tanta dilación que para el año pasado había apenas siete comunidades relevadas en Misiones.“Se han podido proveer los fondos para seguir trabajando de acá a fin de año, cuando esperamos llegar al 80% de las comunidades relevadas (en Misiones)”, dijo Fernández. “De las sesenta relevadas, cerca de la mitad ya está con resolución y las otras están con el trámite administrativo”, dijo.El procesoEn todo el país se han relevado unas 600 comunidades. El centro del relevamiento es la comunidad. Participan técnicos del área social, jurídica y antropológica. “Se van marcando puntos de georreferenciamiento (con GPS) que al unirlos delimitan un área. Se somete al consenso de la comunidad, luego pasa al Inai, vuelve a la comunidad y se delimita el mapa definitivamente. Luego se elabora una resolución que reconoce la ocupación actual, tradici
onal y pública del territorio”, explicó Fernández. Pero una vez que las comunidades tienen su informe de relevamiento aprobado por resolución, comienza otro proceso para que ese mapa se transforme en un título que sea asentado en el Registro de Propiedad Comunitaria de Tierras Indígenas (PCTI). “Esa es la etapa que comienza con la sanción del nuevo Código Civil y con la nueva Ley de instrumentación de la PCTI. Desde 2010 hay una comisión integrada por indígenas para buscar acuerdos. La intención del Gobierno es que esta ley esté sancionada este año. Sería la primera ley especial en el nuevo Código Civil”, agregó el funcionario. Esta ley contemplará la creación de un fondo especial para las expropiaciones de tierras que pertenecen a los pueblos originarios, dada su preexistencia, pero están en manos de privados.