POSADAS. A última hora de ayer arribó a la capital provincial el octavo imputado involucrado en la banda de “robacoches”, investigada por “legalizar” automóviles robados en Buenos Aires mediante la falsificación de oficios judiciales de la Justicia misionera.Se trata de un hombre de 34 años, familiar de dos de los imputados, quien se encontraba detenido en el complejo penitenciario de Devoto por una causa a cargo del Juzgado Federal de Morón, según informaron las fuentes a PRIMERA EDICIÓN.El arrestado llegó minutos después de las 22 de ayer a la Dirección de Investigaciones y Delitos Complejos de la Policía provincial bajo una fuerte custodia. Una decena de efectivos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial divididos en dos vehículos viajaron hasta Buenos Aires para cumplimentar la solicitud del magistrado Carlos Giménez, a cargo del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas.Giménez debió solicitar la “detención conjunta” del sospechoso, quien cumple pena en el complejo carcelario porteño, en virtud de que ahora quedará en manos de las autoridades provinciales, al menos hasta que se resuelva su situación.Los investigadores misioneros tienen la sospecha firme de que el recientemente llegado a la provincia era el encargado de proveer a la banda de automóviles robados de Buenos Aires y que llegaban a la provincia con el objetivo de ser comercializados de manera ilegal.La banda de “robacoches”, tal como trascendió a los medios, suma así su octavo imputado, quien posiblemente sea llamado a declaración indagatoria el lunes por la mañana. Los otros siete involucrados ya declararon ante Giménez, quien posteriormente resolvió que permanezcan en libertad hasta que se resuelva la responsabilidad de cada uno en el hecho. Entre ellos también hay una oficial de Policía.El caso se conoció a mediados de noviembre de 2014, cuando la mirada de los investigadores se posó sobre los involucrados ante la sospecha de que traían a Misiones vehículos robados en Buenos Aires. Aquí los “legalizaban” mediante oficios judiciales falsificados, según surge del expediente.Los detectives creen que la banda aprovechaba el mecanismo que permite a la Justicia provincial entregar a organizaciones benéficas los automóviles secuestrados en operativos policiales y cuyos propietarios jamás son hallados. En su momento también eran entregados a particulares, aunque está práctica finalmente dejó de realizarse.La Justicia provincial, con apoyo de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), intenta dilucidar cómo era el mecanismo por el que esos rodados llegaban a manos de los sospechosos.
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