POSADAS. El Gobierno renovador adquirió 50 cuatriciclos para la Policía provincial por compra directa, sin licitación, por la suma de 3,5 millones de pesos a una empresa denominada “Segimis SRL”, que tiene sede en Oberá pero que no es concesionaria oficial de ninguna marca de motocicletas, sino que “funcionaría” en la sede de un estudio contable.La maniobra se conoció mediante el decreto 1.700/2014, firmado el 30 de diciembre del año pasado pero publicado recién el lunes último en el Boletín Oficial, el cual expresa: “Apruébase la contratación directa Nº 19/14, con la firma “Segimis SRL.” con domicilio en Salta 272 Oberá Misiones, por la suma de $3.496.800, encuadrándose el procedimiento en el artículo 85°, apartado 3°, inciso “d” de la Ley VII – N° 11”.El segundo artículo expresa: “Autorizase a la Dirección del Servicio Administrativo de Policía, a proceder a la liquidación y pago de la suma señalada en el artículo 1°, a favor de la firma “Segimis SRL.”, en concepto de adquisición de 50 cuatriciclos, bajo la condición “contado contra entrega de la mercadería”, con cargo de imputación a la siguiente codificación: 03-02-0-2-l0-2-05-05l del Presupuesto vigente”.PRIMERA EDICIÓN se acercó hasta la dirección legal y fiscal declarada ante la Afip (Salta 272 de Oberá) y se encontró en ese lugar con un estudio contable y, alrededor de él, viviendas particulares, lejos de un local concesionario de motocicletas.Quedaron en la mira de esta maniobra el ministro de Gobierno, Jorge Franco, responsable político de la fuerza y de las operaciones comerciales que se realizan; el mismo gobernador Maurice Closs, encargado de autorizar con su firma los decretos de esta categoría; y la Dirección de Contención de Gasto Público, a cargo del secretario de Legal y Técnica, Marcelo Syniuk, que además es encargado de redactar y supervisar decretos del Ejecutivo.La cuestión constituye un verdadero escándalo, teniendo en cuenta que por cada vehículo se habrían pagado casi 70 mil pesos y un empresario posadeño muy conocido en el rubro de venta de motocicletas reveló que valen casi la mitad.“No quiero prejuzgar, pero si estos 50 cuatriciclos son los 250 cc con parrilla de Motomel que yo vendo, cuestan al público no más de $42 mil, y con sirena y demás cuestiones, no más de $1.500. Y la Policía los esta comprando por $69.936”, escribió indignado en una red social.Sobre la empresa Segimis, agregó que “no figura como concesionaria de ninguna marca de moto” y por lo tanto “tampoco sé como van a hacer para registrar estos 50 cuatris, ya que esta empresa Segimis SRL, que sigo sin saber quiénes son, no es comerciante habitual autorizado por Acara, y por ende no puede inscribir ninguna moto ni cuatriciclo”. “¿Y la garantía? ¿Qué pasa si se rompe algún cuatriciclo?”, se preguntó y respondió: “Segimis SRL no creo que tenga un taller oficial autorizado para reparar estas unidades”.Pedido de informes de TyPAnte la magnitud de lo que consideran una maniobra poco clara y sospechosa, los diputados del partido Trabajo y Progreso, Víctor Kreimer y Claudio Wipplinger, presentaron un pedido de informes en la Legislatura misionera, requiriendo al gobernador Closs que explique las razones que justifican la contratación directa y los antecedentes del proveedor, para analizar si ameritan efectivamente la operatoria, teniendo en cuenta que en la Provincia funcionan otros proveedores reconocidos del rubro. Los legisladores señalan en el escrito que la intención es “aportar transparencia al manejo de los fondos públicos”.Vínculos políticosSegimis SRL se constituyó “por instrumento privado” el 21 de junio de 2012 y se publicó su constitución en el Boletín Oficial el 9 de agosto de ese año, con otro domicilio fiscal y legal en Oberá: avenida Misiones 998. Los primeros socios, según aquel documento al que pudo acceder PRIMERA EDICIÓN, fueron comerciante posadeño Hernán Corrales -del mismo nombre que quien actualmente es referente del sciolismo en Misiones- y Hugo Alberto Redes, también comerciante, que estaría vinculado políticamente a un funcionario del área de obras públicas de Misiones.En esa primera inscripción, el objeto social de la empresa era “el servicio de inspecciones, exámenes y ensayos no destructivos de metrología, caracterización y defectología; B) Construcciones civiles e industriales, proyecto, desarrollo y ejecución de obras”.En 2013, el miércoles 15 de mayo, se publicó un edicto en el Boletín Oficial en el cual se describió que Hugo Redes cedió su parte de la sociedad a Luis Diego Paiella.En julio de 2013 apareció otra modificación del contrato social que hizo saber que “por disposición del Juez Ricardo Cassoni a cargo del Registro Público de Comercio de la ciudad de Oberá”, Hernán Corrales cedió parte de sus cuotas societarias a Ricardo Alfredo Retamar, quedando conformada la sociedad de la siguiente manera: Corrales con 30 cuotas de cien pesos de valor cada una; Paiella con 300 cuotas y Retamar con 300 cuotas.También se modificó el objeto social, realizando actividades como “ofrecer, realizar y/o gestionar por si o a través de terceros los servicios de consultoría empresarial, tributaria, jurídica, notarial, administrativa, contable; consultoría de recursos humanos; participar en licitaciones públicas y privadas y ejecutarlas por sí o a través de terceros; importar y exportar todo tipo de bienes, sea por cuenta propia o asociada a otras empresas o terceros; comercialización y distribución de productos textiles y calzados”.Finalmente, en octubre de 2013 se conoce el traslado de la sede desde la avenida Misiones a la actual, en calle Salta 272 de Oberá, como nuevo domicilio legal y fiscal. En ese lugar funciona un estudio contable denominado “Verges-Silveira”.
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