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Un vice complicado

22 febrero, 2015

BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). La sorpresiva denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -y varios de sus colaboradores- por supuesto encubrimiento de los responsables de la voladura de la Amia le dieron al vicepresidente Amado Boudou un aire que no esperaba a la luz de las múltiples causas judiciales en su contra.La muerte de Nisman, que desde mediados de enero y lo que va de febrero ocupó casi todo el debate nacional, parecían regalarle a Boudou más tiempo para tramitar la complicada red en la que está metido. Sin embargo, el jueves pasado la Cámara Federal confirmó su procesamiento por la  compra de la ex Ciccone Calcográfica y lo dejó más cerca del juicio oral y público.El procesamiento es por los delitos de “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”, en el marco de la causa que investiga el levantamiento de la quiebra de la empresa perteneciente a la familia Ciccone.Pero ésa es nada más que una de las tantas acusaciones que pesan sobre el vice y que a continuación se detallan:PROCESADOUn coche y documentos truchosEn agosto de 2014, el juez Claudio Bonadío procesó al vice por falsedad ideológica de documento público en la causa que investiga la venta de un automóvil particular.Su exesposa, Daniela Andriuolo, lo acusa de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. La mujer denunció que Boudou habría falsificado las declaraciones de un departamento de 400.000 dólares en Mar Del Plata y de un Honda CRX cuando se divorciaron en 1998.Según sostuvo el fallo del magistrado, Boudou es “partícipe necesario” del delito de falsificación de documento público.Bonadío dio por acreditado que el vice no pudo probar que compró el auto ya que carece del formulario 08 certificado por el vendedor. En su fallo, argumenta que el vice mintió en su divorcio con la fecha en la que compró el vehículo. Cuando declaró como imputado, Boudou culpó a los gestores y deslindó responsabilidades en su expareja. Allí se desdijo y aclaró que había adquirido el auto en 1993.El vehículo en cuestión fue importado por la japonesa Nabsa Corporation y comprado por Cayetano Campione el 5 de octubre de 1992. En 1993 lo entregó a la concesionaria de Mar del Plata Atlántida Automotores, como parte de pago por una camioneta Suzuki Vitara 0 km. Se desconoce en qué momento y cómo Boudou adquirió el auto, hoy secuestrado en sede policial.Para hacer la transferencia, los gestores presentaron una copia del duplicado del DNI de Boudou en la que se consignó un cambio de domicilio en la calle Berón de Astrada 2708, a metros del Riachuelo. Ese domicilio es inexistente.DENUNCIADODesmanejosBoudou fue denunciado junto al secretario administrativo del Senado de la Nación, Juan Zabaleta, por supuestos actos de “corrupción” contra la administración pública como “designaciones ilegales”, “desvíos de fondos” y “maniobras en subsidios”. Por decisión de ambos, el Senado contaría con dos mil empleados más, según documentación que el denunciante presentó en relación al tramo enero-junio de 2014, en el que se materializaron casi 750 contrataciones más.DENUNCIADOMalversaciónEn febrero de 2010, el entonces ministro de Economía y su Secretario de Legal y Técnica, Benigno Vélez, fueron denunciados por los delitos de “administración fraudulenta”, “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público”.Según la acusación del abogado Ricardo Monner Sans, los funcionarios habrían adquirido 43.000 resmas de papel y 14.000 artefactos de iluminación por alrededor de dos millones y medio de pesos, en forma irregular.Las resmas de papel se adquirieron en agosto de 2009 en una compra directa a la Papelera Quilmes, ex Massuh, estatizada gracias a los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La empresa era administrada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y fue clausurada en noviembre. La factura de 499.754 pesos “de contado y contra entrega” se emitió el 25 de agosto, pero la Secretaría Legal y Técnica aprobó la compra recién un día después.Además, el Ministerio abonó -otra vez sin concurso de precios- 2.000.000 de pesos por unos 14.000 “artefactos de iluminación” de bajo consumo a la empresa Ecoenergía SA. El 30 de noviembre de 2009 se pagó un adelanto del 50% de la suma, cuando la empresa sólo había reclamado un 30%. DENUNCIADODaños y perjuiciosEl empresario Antonio Tabanelli, dueño de Boldt, denunció a Boudou por daños y perjuicios y reclamó una indemnización de once millones de pesos. El vicepresidente había acusado a Boldt de armar una operación en su contra con el Caso Ciccone, junto a los diarios Clarín y La Nación. “¿Sabés lo que siento? Mi problema es no haber ayudado a Boldt”, lanzó el funcionario en una entrevista. También responsabilizó a la empresa y de intentar desarmar la Casa de la Moneda.Tabanelli justificó el monto millonario de la demanda al decir que las acusaciones en su contra provocaron una notable caída de acciones de la compañía, entre otros daños. En caso de que Tabanelli (quien controla entre otras salas de juego, el Trillenium Casino de Tigre, el Casino Central Mar del Plata, el Casino de Tandil y el Casino de Miramar) obtenga un fallo favorable en la acción civil, ya anunció que donará la cifra dispuesta por el juez a un hospital de niños.DENUNCIADOCanje en FormosaThe Old Fund cobró 7,6 millones de pesos por asesorar a la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, con su canje de deuda pública en abril de 2009.El juez federal Sebastián Casanello investiga al presidente de esa compañía, Alejandro Vandenbroele, sospechado de ser el testaferro de Boudou, por el delito de malversación de caudales públicos.La causa podría estar atada al caso Ciccone, ya que aparecen actores similares. El magistrado no descarta entrecruzar llamados. Aquí Boudou podría estar involucrado por un supuesto tráfico de influencias. El vicepresidente, por entonces ministro de Economía, estaba a cargo de la negociación de deuda con las provincias.IMPUTADOPapeles truchosEl vice multiprocesado volvió a sumar una nueva imputación desp
ués de que trascendiera que había aportado tres domicilios falsos en su Documento Nacional de Identidad en la documentación presentada en diferentes trámites de vehículos a su nombre.El fiscal Germán Pollicita presentó la causa ante el juez federal Ariel Lijo, quien procesó al vice por el caso Ciccone. Pollicita imputó a Boudou por la documentación usada en el Audi A4 en el que fue asaltada su entonces novia, Agustina Kämpfer, en julio.En las últimos movimientos del caso se conoció que Boudou habría usado tres DNI con direcciones falsas: dos fueron utilizados para adquirir los autos Honda Civic y Audi A4, y el tercero cuando era funcionario del Partido de la Costa, según el cual residió en medio de un médano.IMPUTADOContratosEl ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el vicepresidente Amado Boudou y la exsubsecretaria de Coordinación del Ministerio del Interior, Lourdes Giménez, fueron denunciados ante la Justicia luego de que el diario Perfil diera a conocer  una llamativa conexión entre la empresa Dinatech, de los empresarios Edgardo y Eduardo Wassi, y diversas áreas del Estado nacional.Los vínculos políticos de Wassi excedieron la órbita del propio Randazzo. Perfil indicó que Eduardo Wassi, conocido como “Randazzito”, también creció a la par del vicepresidente Amado Boudou, con quien el ministro cortó relaciones tras el caso Ciccone. Gracias a Amado, Dinatech se convirtió en proveedora de la Anses, donde Boudou era gerente de Presupuesto y Gestión.Ahora, el caso será materia de investigación judicial. Actualmente, tanto el ministro como el actual vicepresidente de la Nación, en conjunto con Giménez y los Wassi fueron acusados de incurrir en “incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de la ética en ejercicio de la función pública, negociaciones Incompatibles con su función, Encubrimiento, Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita, Lavado de Dinero, Estafa y Otros”.IMPUTADOConstrucción de viviendasBoudou está imputado por la supuesta violación de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales por la administración del Plan Federal de Viviendas en el Partido de la Costa, en su gestión como secretario de Hacienda de esa localidad.En 2005, la constructora Cantera FC SA firmó un acuerdo para construir 480 viviendas y dos escuelas. Un año más tarde, y con dos tercios del proyecto pago, las escuelas y más de la mitad de las casas no habían sido terminadas. Los denunciantes creen que la constructora, que entró en concurso de acreedores en 2007, estaba vinculada al vicepresidente. La causa -en la que también se imputó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al intendente Juan Pablo de Jesús y a su padre y antecesor en el cargo, Juan de Jesús- está en manos del juez Ariel Lijo. IMPUTADOAnsesBoudou también está imputado por incurrir en supuestas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que dirigió entre 2008 y 2009. Fue el diputado Claudio Lozano quien denunció al vicepresidente en 2012. El legislador asegura que el desmanejo le costó al sistema previsional unos 4.200 millones de pesos.La causa, caratulada como “Boudou Amado y otros sobre delito de acción pública“, estaba en manos de María Romilda Servini de Cubría, pero luego recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.  IMPUTADOCanje y bonosEn 2013, el diputado Claudio Lozano, presidente del Bloque Unidad Popular, denunció al vicepresidente por el supuesto aprovechamiento de información privilegiada en el canje de deuda pública de 2010, cuando todavía era ministro de Economía. El legislador asegura que hubo “tráfico de influencias” que permitió, a partir de 2008, “la compra de bonos de la República Argentina a precio vil y que luego fueron asumidos como deuda por la Argentina”.La causa, radicada con el número 6397/2013, quedó a cargo del juez Daniel Rafecas. Más tarde, pasó al juez Norberto Oyarbide.IMPUTADOViajes de campañaEl 17 de diciembre del 2011, Boudou utilizó el helicóptero de Ecodyma Constructora Sociedad Anónima, una empresa platense que suele participar de licitaciones nacionales, para asistir a un acto político en Necochea. En agosto del mismo año había volado en un helicóptero de Gendarmería destinado a asistencia social. El motivo de su traslado estaba lejos de ese rol: iba a apoyar la campaña de Martín Marinucci a la intendencia de Morón.El juez federal Luis Rodríguez sobreseyó al funcionario por el delito de “dádivas”, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó el fallo y ordenó seguir investigándolo.IMPUTADOAutos de alta gamaEl 22 de diciembre de 2009, el Ministerio de Economía autorizó un pago por 2.301.227 pesos a la concesionaria Guido Guidi por 19 autos de alta gama: tres modelos Passat, tres Vento y trece Bora, todos cero kilómetro. La compra se realizó sin la licitación correspondiente, por la supuesta urgencia en disponer de los vehículos.Los autos estaban destinados, en principio, sólo a los ministerios de Economía, Planificación, Industria y Agricultura. El 29 de diciembre, el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, solicitó un auto al Ministerio de Economía “en comodato”. El organismo encargado de controlar la transparencia de los actos públicos recibió un Volkswagen Passat 2.0 Exclusive Triptronic.Un año después, el entonces ministro fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans. El juez Sergio Torres pidió cotizaciones para determinar si hubo sobreprecios y si se cumplió con la Ley de Compras. Boudou está imputado por “delito de acción pública”.El denunciante señaló la incoherencia de que el Ministerio de Economía haya alegado motivos de urgencia para la compra directa y sin embargo “entregó doce de dichos vehículos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Julián Domínguez para ser usados por funcionarios de dicho Ministerio”.Torres investiga si otro automóvil, un Audi A4 que manejaba Agustina Kämpfer, provino de un “regalo” de la automotriz a Boudou.IMPUTADOEnriquecimiento ilícitoEl vicepresidente está imputado junto a su exnovia, Agustina Kämpfer, y su mejor amigo, José María Nuñez Carmona. Aún se realizan pericias
e informes sobre el patrimonio de Boudou (declaraba 1.800.000 pesos en su última declaración jurada).En la denuncia se solicita al juez investigar “las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial” de Boudou y a “los supuestos testaferros” del funcionario. 

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Este martes a las 9 de la mañana, en el Parque de la Ciudad, se realizará la audiencia pública convocada por el Municipio de Posadas para analizar un nuevo aumento del boleto del transporte público urbano y metropolitano. Si bien la instancia es obligatoria por ley, no tiene carácter vinculante y desde las asociaciones de usuarios advierten que la suba “ya está definida”.En ese contexto, Marcos Contreras, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores Defender, confirmó que la entidad participará de la audiencia y anticipó fuertes cuestionamientos al proceso. “Vamos a estar como en los años anteriores, participando y observando qué rol cumplen las autoridades y las nuevas autoridades que han llegado, dentro de esta pantomima que nos toca mañana, pero que hay que cumplir como requisito”, expresó.
La Federación Argentina de Cardiología (FAC) expresó su profunda preocupación ante la decisión del Estado Nacional de suspender el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública creada en 2008 que permitió durante más de 15 años coordinar la atención, el diagnóstico y la cirugía de miles de niños y niñas con enfermedades cardíacas en todo el país.El presidente de la FAC, el cardiólogo Dr. Diego Echazarreta, advirtió que la medida implica un serio retroceso en materia de salud pública infantil. “La semana pasada nos enteramos, a través de los coordinadores nacionales del programa, que se estaba prescindiendo de sus funciones. Esto encendió una señal de alerta inmediata”, señaló.
Cada año, al cerrar el balance de casos, la lista vuelve a estremecer. En la Argentina, la desaparición de niños y adolescentes sigue siendo una herida abierta que atraviesa a cientos de familias y expone falencias estructurales en los sistemas de búsqueda y protección. Así lo advirtió Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, quien describió el drama humano que se esconde detrás de cada denuncia.“Cada vez que hacemos el balance anual nos sorprendemos por la cantidad de chicos desaparecidos. No son números: detrás hay familias atravesadas por un dolor grandísimo y una incertidumbre que no se puede explicar”, expresó Llobet. “Ponerse en el lugar de esas madres y padres te da escalofríos”, agregó.
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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) atraviesa un fuerte conflicto tras el despido de más de 20 trabajadores, en el marco de una reestructuración impulsada a partir de un reciente decreto nacional. Entre las personas desvinculadas se encuentra Sabine Netter, empleada con 22 años de trayectoria en el organismo, quien relató en primera persona cómo vivió el momento del despido y el impacto que tuvo en su vida personal y familiar.“Entré al INYM en 2004, con 23 años. Empecé en mesa de entradas y desde 2007 trabajé en el área de registros, donde estuve hasta el martes pasado”, contó Netter. Ese día, según relató, se presentó a trabajar como cualquier otro, con la expectativa de cerrar el año junto a sus compañeros. “Habíamos pedido empanadas para compartir y despedir el año, pero tuve que suspender todo”, recordó.
La campaña solidaria para que Jeremías, un niño posadeño de 5 años con una condición neurológica que afecta su desarrollo motor, pueda viajar a México para realizar un tratamiento con la máquina Cytotron, continúa avanzando con fuerza y renovadas esperanzas para su familia.En diálogo con medios locales, Katya Genovese, mamá de Jeremías, confirmó que ya lograron importantes objetivos y que el sueño está cada vez más cerca. “Empezamos el año con muchas esperanzas. La campaña de Jere va muy bien y queremos agradecer profundamente a todas las personas que nos están ayudando. Vamos viento en popa”, expresó.Gracias a la solidaridad de la comunidad, la familia ya pudo cubrir gran parte de los gastos. “Ya pudimos comprar los pasajes, tenemos los pasaportes y logramos pagar una parte importante del tratamiento. Del total, ya alcanzamos aproximadamente el 70%”, detalló Katya. Actualmente, restan reunir unos 15 mil dólares, con el objetivo de viajar el 11 de febrero a México, fecha prevista para iniciar la terapia.
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