BUENOS AIRES (Medios Digitales-Agencias). En una conferencia de prensa, las principales espadas del kirchnerismo en el Congreso hicieron una férrea defensa a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y a su nombramiento de 16 nuevos fiscales subrogantes, medida congelada por una decisión judicial.El titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, el senador Miguel Ángel Pichetto y la diputada Diana Conti, entre otros legisladores del Frente para la Victoria, condenaron ayer que “una medida cautelar paraliza el nuevo Código Procesal Penal votado por el Congreso” y aseguraron que Gils Carbó actuó “acorde a la ley” con el nombramiento de los nuevos fiscales.Las resoluciones de Gils Carbó por las que nombró a los 16 fiscales subrogantes, cercanos al Gobierno, el último día hábil de 2014 están suspendidas por la Justicia. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida cautelar y frenó los nombramientos. El juez le pidió a Gils Carbó que fundamente por qué nombrar fiscales, aun cuando el Código Procesal Penal para el que fueron contemplados no está en vigor.Lavié Pico concedió la medida precautelar pedida por el diputado provincial del massismo Mauricio D’Alesandro, quien recordó que el Código Procesal Penal sancionado a fin de año no está vigente.Apuran la implementación Ayer, los legisladores kirchneristas anunciaron la creación de una comisión bicameral de “Monitoreo e Implementación” que evaluará, controlará y sugerirá leyes de adecuación de las leyes a los nuevos términos del nuevo texto procesal. Se trata de uno de los requisitos que restan para que el nuevo Código Procesal Penal pueda entrar en vigencia.Para el kirchnerismo, la decisión del juez Lavié Pico es una “falta de respeto al poder legislativo”. Domínguez manifestó: “Este Congreso votó el nuevo Código Procesal Penal y la creación de cargos para acelerar los tiempos en la investigación del crimen. La medida cautelar paraliza esto”.Y defendió el accionar de Gils Carbó, cuestionado por la oposición, que consideró que la funcionaria hizo nombramientos discrecionales. “Los señores fiscales propuestos por la Procuradora ya estaban nombrados con concursos y aprobación del Senado. Actuó de acorde a la ley”, dijo.Más enfático fue Pichetto. “Se dijo que ha habido un acto discrecional de la Procuradora, pero no se clarificó que se ha designado a personas que tienen trayectoria. Perecería que estos fiscales son amigos”, dijo el senador rionegrino.Y continuó: “Estos 16 fiscales ya tenían el rango de fiscales y la Procuradora en el uso de sus facultades, los designó. No se trata de fiscales nuevos, han pasado por concurso y han tenido voto del senado”.Rechazo de Cámara La Cámara del Crimen porteña desconoció la designación de los fiscales subrogantes dispuesta por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y se remitió para ello al fallo de la semana pasada que suspendió la asunción prevista para el próximo 2 de febrero.“En lo que a este tribunal concierne, deberá estarse a lo dispuesto el 9 de enero último por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número Seis, en cuanto se ordenó la suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación”, sostuvo la decisión del juez de feria Juan Cicciaro.Mediante una “providencia”, la Cámara dispuso en plena feria que no tomará en cuenta las designaciones de los fiscales subrogantes Fernando Fiszer y Sandro Abraldes.El desconocimiento de la Cámara sobre las designaciones fue adoptado “sin perjuicio de lo que pudiere resolverse a partir de la acción de amparo que formulara la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia”.Esa entidad, que nuclea a los jueces y fiscales nacionales y federales, también presentó una acción judicial para suspender las designaciones dispuestas por la procuradora Gils Carbó. Nueva precautelar Ayer, en el marco de una causa iniciada por la Asociación de Magistrados. El juez Lavié Pico dispuso la suspensión de resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación vinculadas a designaciones en fiscalías creadas por la Ley 27.063. “El Ministerio Público de la Nación y la Defensoría General de la Nación deberán adoptar las medidas necesarias para la cobertura de los cargos previstos por esta ley y para el cumplimiento de los demás efectos derivados de su implementación y remitirá las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional.Por último se establece que todo ello se implementará una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario y que los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión cuando se genere la condición financiera.En tales términos, cabe señalar que -en principio- para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación deberían cumplirse previamente los requisitos legales allí previstos y es por ello que resultaría -dentro del acotado margen de conocimiento propio del presente incidente de medida cautelar- carente de toda razonabilidad la urgencia en la puesta en funcionamiento de las Fiscalías creadas mediante el artículo 6 del anexo II de la Ley 27.063 y las designaciones efectuadas al respecto.En efecto, tampoco se advierte, en este estado del proceso, cuáles son los motivos que podrían justificar las designaciones, con carácter urgente, en las nuevas Fiscalías creadas, que se encuentran vinculadas a un Código que no habría sido implementado y tampoco se habrían configurado supuestos de gravedad o una circunstancia excepcional que justifique el apartamiento del régimen regular de designación previsto por los artículos 99, inciso 4 y 120 de la Constitución Nacional y la Ley 24.946.Por ello y hasta tanto la demandada produzca el informe previsto en el artículo 4, inciso 2, de la Ley 26.854, en el cual también deberá explicar de manera clara y concreta si se cumplieron todos los requisitos legales establecidos en la Ley 27.063 para la implementación del nuevo Código Procesal Penal”.
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