POSADAS. El Gobierno provincial se mantiene en su posición de ocultar la real inversión o destino de unos 38 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco (FET) llegados a la provincia el año pasado para la cobertura de seguro de plantaciones y galpones de tabacaleros afectados por granizo en el período 2012/2013. Tras conocerse el primer fallo que condena al Ejecutivo a dar a conocer los datos y documentos relacionados a ese monto millonario en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía de Estado apeló la sentencia aduciendo que su cumplimiento le causaría al Estado “un gravamen irreparable”, hecho que para el impulsor del amparo por denegación de acceso a la información, el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro, es “una muestra más de la complicidad que existe con quienes desviaron el dinero perjudicando a los colonos”.Si bien la jueza Margarita Berti de Benmaor declaró desierto el recurso de apelación del gobierno (por lo que la sentencia quedaría firme), el hecho de que el oficialismo continúe ocultando los datos del ya famoso “fondo de granizo” no hace más que ratificar que existirían graves irregularidades en su aparente desvío, y altos personajes de la política local involucrados en la maniobra, tal como sospecha Bárbaro desde hace un año y medio, cuando comenzó a reclamar el listado de los supuestos productores beneficiados. Los fondos llegaron al Ministerio del Agro de Misiones desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, con destino a la Asociación de Plantadores de Tabaco (que en ese entonces era conducida por el cuestionado renovador Ari Klusener) y a la Cámara de Tabaco de Misiones.Un listado parcial de beneficiarios de esta última entidad sí fue provisto por el Gobierno hace algunos meses, pero en el mismo sólo se detalló el destino de un millón y medio de pesos, una mínima parte de los 38 que integraron el total del programa aplicado. “En esa lista parcial aparecieron los directivos de la Cámara del Tabaco, sus parientes, esposas, cuñados, todos cobrando suculentas sumas y sin haber sido afectados”, denunció el legislador.La casi certeza que el resto del dinero habría sido desviado con la misma operatoria por parte de los directivos de APTM, lo llevó a recurrir a un pedido de informes desde la Legislatura, el que no fue contestado; a un pedido administrativo en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, por el que tampoco consiguió la información; hasta llegar a la Justicia que ahora condenó al Estado provincial por no entregar la documentación. El fallo de la JusticiaEl fallo por el primer amparo se conoció el pasado 28 de octubre. La causa por denegación de este derecho en base a la Ley Provincial IV N° 58 se tramita en el Juzgado civil y Comercial N° 2 de Posadas. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro a través de su apoderado, el abogado Isaac Lenguaza, y con el patrocinio letrado del abogado Rodrigo Bacigalupi. Condenando a la Secretaría de Acceso a la Justicia, al Ministerio del Agro y la Producción y al Estado Provincial a entregarle a Bárbaro la información relacionada al Fondo de Granizo, unos 38 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que llegaron a Misiones desde la Nación para cubrir los daños en plantaciones y galpones. La jueza Margarita Berti de Benmaor ordenó que, en un plazo de 20 días, los organismos estatales entreguen los listados completos de productores tabacaleros afectados por granizo; los montos percibidos por cada uno por seguro de cosecha; la ubicación de plantaciones y los galpones supuestamente afectados y el listado completo de productores que sufrieron daños en los techos de los galpones; todo ello porque sólo entregaron un listado parcial que justificó la inversión de casi un millón y medio de pesos, mientras que nunca pudo saberse como se invirtieron los 36 millones restantes.En el fallo, la magistrada señaló que el Estado no logró acreditar que el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones cumplió su rol de contralor del uso de esos fondos como organismo responsable ante la Nación, y si exigió la rendición de los millones en juego, o si castigó el incumplimiento o la falta de rendición adecuada. También señala el fallo que “tampoco se acredita el contralor del Tribunal de Cuentas”.
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