POSADAS. La Justicia provincial ordenó suspender la audiencia pública prevista para el viernes 8 de noviembre próximo donde debía recogerse la opinión ciudadana en cuanto a la habilitación de una sala de juego para fumadores, anexo a un hotel provincial en esta capital. El juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, decidió también dar curso a la medida cautelar de “no innovar” planteada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc) contra la decisión del Concejo Deliberante local de intervenir en esa habilitación comercial en defensa de la autonomía municipal, procediendo de acuerdo a la potestad que en ese sentido le otorga la Carta Orgánica (COM) y cuya competencia cuestiona el organismo provincialMediante el oficio 830/14, que en la sesión de ayer se puso en conocimiento de los concejales, el juez Jiménez le ordena a la Municipalidad (Ejecutivo y Deliberativo) a suspender “en forma inmediata” todo trámite relacionado a la cuestión. Aunque esta prohibición será sólo válida “hasta tanto se resuelva la acción planteada” en la causa principal: la inconstitucionalidad del artículo 72 de la COM. Por lo que también deja en suspenso la posible clausura de la sala de juego habilitada sin el permiso comunal, tras la inspección municipal al local de hace una semana, donde se constató su apertura sin ese requisito.Admisibilidad del amparoEn una segunda resolución, oficio 833/14, el juez Jiménez dispone también dar curso al recurso de amparo interpuesto contra la normativa municipal, para lo que, simultáneamente, declaró la inconstitucionalidad de los incisos a, b, e, g y h de la Ley provincial XII 2 (antes decreto/ley 368/67) que rige el sistema de amparos en la provincia. De otra manera quedaría excluida su participación porque, por ejemplo, el último de los incisos mencionados señala como planteos no procedentes a aquellos cuya materia es “de competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia”, conforme lo prescribe el artículo 145, inciso 1 de la Constitución provincial. Vale recordar que es a este Tribunal al que le compete entender en todos aquellos casos en que se suscite un conflicto de poderes entre Provincia y municipios.Desde 2010, cuando se revisó la COM, se encuentra en análisis en la Corte misionera un planteo de inconstitucionalidad del artículo 72 de la norma matriz municipal y sin que aún mediara pronunciamiento. No hace mucho tiempo el máximo organismo judicial misionero dio vista a la Comuna del expediente para que sentara su posición.Trámites ante el JuzgadoEn la mañana de ayer, coincidentemente con la sesión del Deliberativo que se realizaba en el recinto de Bolívar y Rivadavia, el fiscal municipal Carlos Manuel Freaza -representante legal de la Municipalidad en estas cuestiones- debió presentarse, a las 9, ante el juez Jiménez para participar en una audiencia entre las partes.El mismo funcionario municipal debe cumplir con el plazo de cinco días concedido por el magistrado para que la Municipalidad informe sobre los antecedentes, fundamentos y pruebas útiles para un pronunciamiento sobre el amparo interpuesto y que éste declaró admisible. Polémica abierta por la EstudiantinaVecinos del barrio Villa Blosset hicieron oír su voz ante el Concejo Deliberante para plantear serios cuestionamientos a la Estudiantina, cuyos ensayos y desfiles se realizan en esa zona de la ciudad, si bien aclararon enfáticamente que desean que se la siga manteniendo como una fiesta tradicional de la ciudad.Piden a los concejales que aprovechen el tiempo que resta para la próxima edición, el año que viene, y estudien una solución que los satisfaga, acotando o eliminando los padecimientos y molestias que deben vivir a consecuencia de ella. Sin dejar de resaltar que las relaciones con la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) son buenas, ya que cada vez que se le hizo una observación ellos supieron respetarla.Según explicaron, el problema radica en los ruidos provocados por los ensayos -que comienzan en marzo, señalaron- y otros inconvenientes que ocurren alrededor de éstos. Uno de ellos es el uso como baño de los espacios públicos, pese a la colocación de baños químicos, ya que no siempre los chicos los usan.Ya semanas atrás el cuerpo se comprometió a estudiar el problema. “Lo que dice es una falta de respeto”Sin esperar el permiso del Concejo, uno de los policías jubilados que presenciaba la sesión interrumpió bruscamente al defensor del Pueblo cuando éste explicaba su reclamo para que se libere la calle Bolívar del corte que éstos realizan frente al Instituto de Previsión Social (IPS). “Lo que usted dice es una falta de respeto. Hace mucho tiempo que reclamamos y usted pretende judicializar la protesta, lo único que hay que hacer es hacer cumplir la ley”, expresó a viva voz Juan Antonio Latreciano cortando las palabras del ombudsman Marcelo Javier Vairo.Éste detallaba su intervención ante la Justicia Municipal de Faltas tendiente a que se ordene la liberación de media calzada en los cortes que realizan los policías jubilados, por un lado, y un grupo de afectados por la represa de Yacyretá, en su mayoría paraguayos, ante la Entidad Binacional Yacyretá, por calle La Rioja.El debate se había iniciado poco antes por una iniciativa en ese sentido del concejal Gabriel Nielsen, quien no se reservó críticas al Gobierno provincial por haber permitido, en el caso policial, que las cosas llegaran a ese extremo. Aunque, al igual que Vairo después, puntualizó las molestias e inconvenientes que ambos provocan entre vecinos y comerciantes. Claro que, finalmente, y frente al cuestionamiento policial, la retiró.Sin embargo, ante el más absoluto silencio del oficialismo, generó durísimas críticas desde los distintos bloques opositores por la “indiferencia”, “insensibilidad” y la “falta de respuestas del Gobierno provincial ante ese justo reclamo”. Al punto que la falta de reacción de la renovación facilitó la intervención de Latreciano, en dos ocasiones, y una larga exposición de Julio César Meza que detalló la situación que los llevó a los jubilados policiales al extremo de colocarse frente al organismo provincial en busca de que se les escuche y se haga cumplir “una ley suspendida e ignorada por una simple resolución del IPS”. “Es un Gobierno autista”, se quejó éste duramente.
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