POSADAS. Varios integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de esta ciudad que encabezaron las últimas manifestaciones de protesta contra los excesivos impuestos que cobra la Dirección General de Rentas (DGR) recibieron el “castigo” de su titular, el recaudador Miguel Arturo Thomas, quien, haciendo uso de los superpoderes otorgados por la mayoría legislativa de la renovación, ordenó inspecciones integrales a las empresas de los dirigentes que osaron criticar públicamente la política fiscal-tributaria que asfixia a la actividad económica misionera. Ello motivó ayer una reunión extraordinaria de la entidad mercantil empresaria, que al término del encuentro denunció su “preocupación por las denuncias de persecución fiscal a comerciantes”.Una de las “víctimas” del autoritario manejo de la DGR, fue el propietario de ElectroMisiones y vocal de la CCIP, Diego Barrios, quien mostró su bronca e indignación por las redes sociales, conjuntamente con el acta labrada por los inspectores de Rentas que cumplieron la orden “superior” de hacer requerimientos de documentación de los últimos diez años en un plazo de cinco días a una empresa que tiene sucursales en Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco y que difícilmente pueda cumplir ese plazo debido a la infinidad de información pedida por el Estado (ver recuadro). A medida que se conocían los casos, se fueron dando cuenta de que los “elegidos” para ser inspeccionados no fueron elegidos al azar.Así como el Gobierno nacional envía inspecciones a las empresas que critican su política económica o de manejo de la inflación, la versión misionera de actitudes autoritarias como las mencionadas las aplica la dupla Miguel Thomas-José Garzón Maceda (encargado también del manejo del millonario control fiscal en los accesos a la provincia y quien define las multas a aplicar a los comerciantes con total discrecionalidad). Pronunciamiento y denuncia“Ante reiteradas denuncias de socios, la Cámara de Comercio e Industria de Posadas manifiesta su preocupación por las llamativas inspecciones de Rentas, que estarían siendo ejecutadas a varios comerciantes y empresarios locales, que participaron en la protesta realizada el 8 de octubre durante la cual se presentó un petitorio solicitando modificaciones en la política fiscal de la provincia”, indicó la conducción de la CCIP que encabeza Nicolás Trevisán.Según la entidad, “las inspecciones que estaría llevando adelante la Dirección General de Rentas no responderían a procesos y métodos habituales de control por parte del organismo del Estado y sí aparentarían tener un carácter discrecional con inusitada severidad”.“Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas hacemos un llamado de atención urgente a los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Misiones y abogamos por una transición pacífica y democrática en la resolución de las diferencias ideológicas, de criterio o de forma que permitan llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes”, insistió la Cámara para resaltar que “es importante recordar que nuestro reclamo es genuino, democrático y pacífico y siempre fue en el marco del respeto a las personas e instituciones del Gobierno de la Provincia de Misiones. De la misma manera solicitamos reciprocidad en el respeto al sector comercial e industrial que representamos”.Seguidamente recordaron el petitorio presentado hace dos semanas donde piden “la suspensión del último aumento de la alícuota de IIBB a valores previos”; “la eliminación del pago a cuenta o anticipado, por entender que perjudica el desarrollo de la economía misionera”; “la devolución de los montos de las multas indebidamente cobrados y a todos los contribuyentes que no tuvieron derecho a defenderse”; “suspender la retención del transporte de carga de mercaderías por supuestas irregularidades o errores formales. Permitir el derecho a defensa en un plazo de diez días hábiles”; entre otros. “El castigo” a Diego BarriosLa empresa ElectroMisiones, como su nombre lo indica, nació en la provincia. Hoy brinda trabajo a más de 216 personas en forma directa en las distintas sucursales que tiene no sólo en Misiones, sino también en Corrientes, Formosa y Chaco. Tiene los impuestos al día, no adeuda al fisco misionero. Por el contrario, producto de la aplicación de la política fiscal de Maurice Closs, debió adecuar su estructura administrativa para recaudar para el Estado.Así, surge de su última declaración que entre los meses de enero y septiembre, depositó 850 mil pesos en carácter de agente de percepción y $900 mil como agente de retención.Aun con el esfuerzo de mantener las fuentes de trabajo, de seguir recaudando para el Fisco y sobrevivir a la crisis económica que vive el país, en la semana que cumplió sus 27 años de vida, ElectroMisiones recibió un “regalo” especial de la DGR o de su titular Miguel Thomas: una inspección integral donde labraron un acta requiriendo numerosa documentación como estados contables de los ejercicios fiscales que van de 2005 a 2014; constancias de retenciones y/o percepciones sufridas por el impuesto a los Ingresos Brutos de Misiones de los mismos diez años; detalle de los ingresos netos de IVA originados por ventas a clientes de igual período; copia de libro subsidiario de IVA ventas y de IVA compras de los mismos años; extractos de movimientos mensuales en cuantas bancarias de esos diez años (la empresa trabaja con al menos cinco bancos); detalle mensual de pagos de compras netas a proveedores de enero 2005 a septiembre 2014; contratos de locación de bienes muebles e inmuebles con sus correspondientes pagos de impuesto a los sellos (cabe recordar que la empresa tiene muchas sucursales no sólo en Misiones sino en el NEA); partidas inmobiliarias de inmuebles y dominio de vehículos (siendo que todos están radicados en la provincia); contratos y convenios con Personal y la empresa Sube como con Retec ACE, entre otros.El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas y actual vocal de la entidad, Diego Barrios, aprovechó Facebook para expresar su bronca: “Habiendo consultado con varios profesionales con mucha antigüedad en la provincia, los cuales me aseguran que en su carrera no han visto semejante requerimiento, ya no me cabe duda que se trata de un castigo por no estar de acuerdo con la política fiscal que lleva adelante el Gobierno de mi provincia y sobre todo por haberlo expresado públicamente. Me avergüenza que representen a mi provincia este tipo de d
irigentes. No van a cambiar lo que pienso y tampoco me voy a reprimir por temor, que reconozco lo tengo, voy a seguir expresándome libremente como debe ser y además tengo que defenderme de este abuso”.
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