POSADAS. “En Misiones nos rechazaron un pedido de información pública por ‘ser diputados’, pero ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso similar, dice que ‘la condición de diputado del actor no le hace perder su calidad de ciudadano’”, explicó el diputado provincial Víctor Kreimer, de Trabajo y Progreso.En su momento, Kreimer junto a su compañero de bloque, Claudio Wipplinger, solicitaron un trámite de acceso a la información pública en la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, que comanda el abogado Julio Lenzken. La respuesta los dejó perplejos: Lenzken no les respondía el pedido porque, como eran diputados, ellos ya tenían los canales institucionales a través de la Cámara de Representantes para hacer esos pedidos. “Ahora este fallo, para nosotros, no hace más que convalidar algo que a todas luces estaba claro por sentido común. La Ley de Acceso a la Información Pública dice que todos los ciudadanos tienen derecho de pedir o recibir información, que se excluya a alguien por ser diputado es una barbaridad”, señaló Kreimer, consultado por PRIMERA EDICIÓN.“Era evidente que el acceso no estaba restringido para nadie y ahora la Corte lo expresó claro para que en futuro no se repitan situaciones como esta cuando alguien acuda a la Oficina de Acceso a la Información Pública, para que no puedan escudar en este tipo de maniobras para negar información”, añadió.Puntualmente, sobre el pedido realizado por Trabajo y Progreso, recordó que “era relacionado con la Policía de Misiones. Habíamos recibido comentarios de numerosos ciudadanos que nos decían que hacía falta policías en tal o cual lugar, pero a la vez veníamos recibiendo información de que muchísimos policías hacían de custodios para determinados dirigentes políticos. Solicitamos saber el costo y quién pagaba los servicios de custodia de residencias particulares, si eso lo estaba haciendo la Policía o cada ciudadano. Y en caso de que fuera la Policía, qué norma o disposición y bajo qué fundamento autorizaba en cada caso la asignación de recursos del Estado a privados”, recordó.Ahora, con el fallo de la Corte como antecedente judicial, “posiblemente vamos a volver a presentar el pedido, porque es información que nunca recibimos”, adelantó Kreimer.En aquel momento, los diputados de Trabajo y Progreso realizaron una copia de la nota de respuesta de Lenzken y la enviaron a todos los legisladores y bloques para que se enteren de que no eran tenidos en cuenta por la Oficina de Acceso a la Información. “Después de ese caso, no volvimos a tener esa respuesta, pero ahora queda zanjado con el fallo de la Corte”, finalizó.El fallo de la CorteLa Corte Suprema se pronunció en dos casos que involucran el derecho de acceder a la información en poder del Estado. En uno de ellos, rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional y, en consecuencia, dejó firme la sentencia de Cámara por la que se había condenado a la Inspección General de Justicia a informar al demandante -un diputado nacional- si las sociedades Ciccone Calcográfica SA luego transformada en Compañía de Valores Sudamericana SA y The Old Fund se encontraban inscriptas y, en tal caso, en qué carácter, y que suministrara copia de sus estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, domicilios y demás datos que pudieran ser relevantes.La Corte señaló que la Cámara había considerado que el demandante, en su condición de ciudadano, tenía derecho a acceder a la información que solicitaba. En el otro caso, la Corte, por análogas razones, desestimó el recurso extraordinario deducido también por el Estado nacional contra sentencia de Cámara que obligaba al titular del Ministerio de Planificación Federal a poner a disposición de los demandantes (también diputados nacionales) determinada información y documentación vinculada el procedimiento de licitación pública para la construcción de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.
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