GARUPÁ. Sería inminente el desalojo de las tres familias que usurparon el predio en el que proyectaban construir el destacamento policial en el barrio La Ripiera, justo en el Acceso Sur de la ciudad. Los intrusos se habían instalado a 500 metros de la curva hacia la ex Garita, cerca del último puente aéreo, en el terreno donde planifican la edificación de la casilla.El intendente de Garupá, Luis Ripoll, indicó que al momento de ser usurpado era un espacio verde. “Hicimos la denuncia, pidiendo el desalojo pero teniendo en cuenta los plazos que estos procesos conllevan. Ahora surgió la orden de desalojo para estas familias y una vez que se retiren vamos a ceder el predio a la Policía de Misiones a fin de que instale allí un destacamento policial para efectuar los controles camineros periódicos”. Indicó que el representante legal del Municipio, René Casals, fue quien participó de la audiencia de conciliación con estas familias. “Les ofrecimos un terreno para que tuvieran adónde radicarse, además de un móvil para que pudieran trasladar sus pertenencias. Algunos aceptaron y otros estaban pidiendo dinero a cambio”.Casals manifestó a Radio República que desde principios de año vienen planteando el pedido de desalojo en forma urgente. “Ya tenemos fijada la audiencia y esperamos que se llegue a un acuerdo” porque, de lo contrario, el paso a seguir sería el desalojo “forzoso de esta gente”.A partir del momento en que conocieron la noticia, los usurpadores pretenden que la Municipalidad de Garupá los indemnice con 150 mil pesos. “Pero lo que da el derecho de indemnizar es cuando realizan una mejora y aporta al bien común, pero cuando es para mejorar la usurpación, no amerita indemnización”, explicó.Precisó que las acciones judiciales se iniciaron este año. “Lo que pretendemos es ceder un predio para reubicarlos, pero no indemnizarlos. En principio son tres familias que están usurpando el espacio de no más de 100 metros cuadrados. Queremos resolver esta cuestión de la manera más rápida y efectiva posible, para poder brindar más seguridad en ese lugar del Acceso Sur”, sostuvo el letrado.Reclaman una viviendaReferentes de alrededor de 40 familias que residen en tierras que son propiedad de los hermanos Laudín, en Miguel Lanús, reclamaron ayer ante la Casa de Gobierno “por una vivienda digna”.Ariel Toledo indicó que viven al lado de la toma de agua. “Somos aproximadamente 40 familias con hijos que reclamamos una vivienda digna. Cuando nos metimos en el lugar nos enteramos de que la propiedad tenía dueño y desde 2013 nos venimos moviendo para que nos den una casa”. Agregó que “somos todos vecinos de Miguel Lanús, nacidos en la zona. No nos negamos a pagar nuestra vivienda. En el Iprodha nos enteramos de que para el viernes está previsto un desalojo y si se produce, vamos a tener que retirarnos”.En abril pasado, los hermanos Elsa y Hugo Laudín habían manifestado que el juez César Yaya libró una orden de allanamiento y desalojo pero que “hasta el momento no se cumplió” y no sabían “a quién recurrir”.Habían asegurado que golpearon todas las puertas que se deben golpear: “La orden salió y en la Policía nos dijeron que no se ejecutó porque no tienen personal suficiente para hacerlo. No entendemos que un juez libre una orden de desalojo y que no se cumpla, en Derechos Humanos nos dicen que no pueden hacer nada, la Policía dice que no tiene los recursos”. Afirmaron que “nuestro terreno nunca fue abandonado, había alambrado, estaban terminando los trabajos del acceso, y así y todo se metieron”.
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