axPOSADAS. Las próximas horas serán fundamentales en la investigación por el crimen de Carlos Raúl Guirula (33), muerto a golpes en medio de un procedimiento policial. Luego de las contradicciones y acusaciones cruzadas de ocho de los once policías detenidos, la declaración testimonial de los testigos directos del hecho arrojará algo de luz al complejo expediente.Al menos así lo creen los investigadores, según comentaron a PRIMERA EDICIÓN fuentes ligadas a la causa. Es que la versión de esos testigos podría terminar de cerrar las sospechas que tienen las autoridades sobre el grado de participación de cada uno de los uniformados detenidos en la agresión que acabó con la vida del albañil.Serán ocho los testigos que brindarán su relato ante el magistrado Marcelo Cardozo, al frente del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas. En principio desfilarán los cuatro empleados del motel donde todo sucedió, entre ellos el encargado del turno y quien habría llamado a la Policía tras una discusión con la víctima. Sin dudas, su testimonio adopta el carácter de “central” para los investigadores.No serán de menor importancia los detalles que aporten los dos amigos que llegaron junto a Guirula al albergue transitorio, quienes debieron marcharse en medio del operativo ante la presunta amenaza de terminar también detenidos si permanecían en la escena.Por último, también se espera que declaren las dos trabajadoras sexuales que acompañaron a los tres hombres al motel. Según las primeras versiones, ambas habrían logrado salir del predio cuando llegaron los uniformados.Alguien falta a la verdadLa indagatoria a ocho de los once policías detenidos arrojó certezas, pero también muchas dudas. Por ejemplo, quedó más que confirmado que Guirula murió a causa de las patadas que le propinaron los miembros de la fuerza provincial.Sin embargo, a la hora de establecer responsabilidades, todo se vuelve nebuloso. Es que, por ejemplo, los uniformados del Comando Radioeléctrico de la UR-I aseguran que cuando llegaron la víctima ya estaba esposada. Por el contrario, los hombres de la Decimotercera aseguran que fueron sus colegas de la dependencia operativa quienes redujeron a Guirula. La versión de los testigos podría dejar en claro quiénes mienten y quiénes dicen la verdad.Las pericias que faltanLos ocho testigos directos que tiene la causa se presentarán recién mañana ante el juez Cardozo. Antes, probablemente en el transcurso de hoy, el magistrado recibiría numerosas pericias que determinarán en parte lo sucedido.Más allá de que el informe preliminar reveló que Guirula murió por hundimiento de tórax y explosión de un pulmón, está previsto que para hoy el magistrado tenga en sus manos el informe completo de autopsia. Aquel primer documento, reflejado días atrás por este medio, hablaba de marcas de puntapiés en la cabeza del albañil y hasta huellas de las suelas de los borceguíes de los policías en el pecho del hombre.Además, podría llegar al despacho del juez el resto de las pericias realizadas por miembros de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial, como planimetrías, material fotográfico y las conclusiones de los exámenes de luminol, que demostrarían un presunto intento de encubrimiento del hecho por parte de los policías.Sin dudas, la semana que comienza hoy será de suma importancia para la causa, donde se podría determinar con certeza responsabilidades entre los once detenidos, imputados por el momento por “tortura seguida de muerte”.Gravísimo excesoEl hecho tuvo lugar cerca de las 3.30 del sábado 19 de julio en un motel de avenida Andresito y Santa Catalina, a unas cuatro cuadras de la terminal de ómnibus posadeña.Hasta ese lugar llegó Guirula a bordo de un Renault 19 blanco, junto a dos amigos y en compañía de dos mujeres. Al parecer, la víctima ocupó una habitación junto a una de las acompañantes y sus amigos, otra con la segunda dama.Minutos después, cuando los clientes se disponían a salir, se inició una discusión entre el albañil y el encargado del lugar por el pago de 104 pesos por una botella de whisky. El pleito se tornó “caliente” y el empleado llamó a la Policía. Primero llegó una camioneta de la Decimotercera. Guirula, según la versión oficial, se atrincheró en el vehículo, por lo que luego llegaron tres móviles del Comando Radioeléctrico.Quién redujo al albañil y cómo lo hizo es lo que intenta determinar ahora la Justicia. Lo único cierto es que minutos después, cuando llegaron a la comisaría, Guirula estaba muerto. Ese día, por la noche, las pruebas de luminol hallaron restos de sangre en la camioneta y en el playón de la comisaría, por lo que todo apunta a un intento de encubrir el hecho. Más aún, después de que el teléfono celular de la víctima apareció dentro de una media entre las prendas de vestir de la oficial detenida, en su casillero. Por eso, la Justicia también le imputa a ella por “hurto calamitoso”. La oficial permanece alojada enla UP-V del Servicio PenitenciarioLa única mujer policía detenida por el hecho fue alojada en las últimas horas en la Unidad Penal V del Servicio Penitenciario Provincial, la Alcaidía de Mujeres de Miguel Lanús, por disposición del juez Cardozo.Según las fuentes, la resolución fue adoptada a los fines de evitar cualquier tipo de suspicacia y también para preservar la integridad de los propios arrestados.En tanto, varios de los uniformados masculinos que son investigados por el hecho también permanecen bajo custodia de efectivos del SPP. Están detenidos en el anexo de la Unidad Penal VI, el Instituto de Encausados y Procesados, que funciona desde hace un par de meses en el predio de la comisaría seccional Tercera, exclusivamente bajo la órbita de la fuerza carcelaria. Los argumentos de FrancoEl ministro de Gobierno, Jorge Franco, rompió ayer el silencio y en un medio local dijo que lo ocurrido no debe plantearse como algo institucional, tras lo cual dio a entender que todo sucedió porque actuaron personas violentas. “Siempre le bajamos el mensaje del respeto a la integridad física ante todo, incluso de los delincuentes”, se justificó.Además, intentó “despegarse” del asunto al deslizar que no existiría responsabilidad política por el gravísimo hecho, en contra de todos los antecedentes registrados en el país ante episodios de tam
aña gravedad.
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