Incómodos

BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). La situación judicial del vicepresidente Amado Boudou por su implicación en la causa Ciccone por presuntos hechos de corrupción genera un intenso debate en el seno del oficialismo que, si bien lo salvó el viernes de un juicio político, deja traslucir la incomodidad que genera la figura del segundo de Cristina Fernández de Kirchner.En ese sentido, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, consideró ayer que el procesamiento de Boudou “es un problema” para el Gobierno nacional y pidió que “la Justicia actúe en este caso”.“La Justicia tiene que actuar en este caso, no voy a negar que es un problema como es para la Ciudad tener su jefe de Gobierno procesado hace un tiempo, también para un Gobierno nacional es una complicación tener a su vicepresidente procesado”, manifestó Urribarri.En declaraciones a Radio Rivadavia, el gobernador oficialista advirtió que “no es casualidad” que la causa Ciccone, en la que el juez federal Ariel Lijo procesó a Boudou tome “vuelo mediático” al mismo tiempo en que la Argentina negocia una salida al juicio por la deuda pública en Estados Unidos.“No es casualidad que esto tome la dimensión y el vuelo mediático que toma justo ahora que estamos en una situación difícil con el tema de los fondos buitres, un tema externo que se está tratando de resolver”, manifestó.Consultado respecto a la actitud que el vicepresidente debería tomar para evitar que el Gobierno nacional deba pagar un costo político a raíz del proceso judicial que lo involucra, Urribarri consideró que se trata de “una situación muy particular”.“En la Ciudad de Buenos Aires está pasando los mismo pero nadie se pregunta qué debería hacer Macri”, expresó.“Desde que Macri está procesado nunca dije nada ni me pregunté qué debería hacer el imputado, de la misma manera opino y actúo con la situación de (el vicepresidente) Amado (Boudou)”, añadió.De su lado, el apoderado del PJ, el diputado Jorge Landau, señaló que “a nadie le gusta tener en su gobierno a alguien que esté procesado. Pero una cosa es un auto de procesamiento firme y otra cosa es un auto de procesamiento provisorio porque, hasta que no está firme, y en este caso no está firme y va a ser apelado, Argentina se basa en el principio de la inocencia”, afirmó Landau.En declaraciones a radio Splendid, Landau advirtió de todos modos que Boudou “sigue siendo una persona sin mácula” porque rige el “principio de inocencia”.“Hay una instancia que es la primera y, después, hay instancias revisoras, y todos los ciudadanos están expuestos a la misma situación: son inocentes hasta que se compruebe que tuvieron conductas que son reprochables por la ley”, subrayó.Además, consideró: “El ciudadano (por Boudou) sigue siendo, más allá de la instalación (mediática) de él como un presunto delincuente, una persona sin mácula; solamente tiene este auto de procesamiento dando vueltas”.En tanto, la diputada oficialista Diana Conti reconoció ayer que la situación del vicepresidente Amado Boudou, procesado en el caso Ciccone, “afecta” al Gobierno nacional y consideró que un posible pedido de licencia del funcionario es un tema “personalísimo”. “Creo que sí, que en un punto hay una afectación, nos afecta y tenemos que estar usando el tiempo para hablar de estas cuestiones, pero son los gajes del oficio”, enfatizó Conti.En declaraciones a la radio La Red, la legisladora consideró que un posible pedido de licencia por parte de Boudou es “un hecho personalísimo” y destacó que el vicepresidente “quiere defenderse”. “Hay momentos que el proyecto (político) está con éxitos rotundos y nos sentimos contentos y hay momentos que las papas queman”, señaló.Conti reconoció que cuando el juez federal Ariel Lijo dio a conocer el procesamiento de Boudou, pensó que lo mejor sería que el vicepresidente pida licencia. Pero indicó que luego hubo compañeros que “le hicieron” ver que no sería la mejor medida y señaló al referirse a Boudou: “Necesito comprenderlo porque es un compañero de nuestro proyecto político”. Y destacó: “Resultaría más cómodo que no tuviéramos que estar posicionándonos de esta manera”.Conti justificó la decisión de rechazar pedidos de juicio político contra el vicepresidente, al señalar que “es una decisión de un bloque político tras analizar” esos planteos. “Consideramos innecesario abrir una instancia de investigación que sería paralela dentro de la comisión” de juicio político, indicó.  ContextoAmado Boudou, su amigo José María Núñez Carmona; el empresario y supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el exfuncionario de la Afip, Rafael Resnick Brenner; el dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone y el yerno de Héctor Ciccone, Guillermo Reinwick, fueron procesados por el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa que investiga el salvataje de la eximprenta Ciccone Calcográfica.Acusado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. El juez Lijo mandó trabar embargo sobre los bienes del funcionario nacional por 200.000 pesos.La investigación sobre Boudou se inició a principio de 2012 cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas con su empresa y que contaba con la ayuda salvadora de un misterioso monotributista, Alejandro Vandenbroele, que les consiguió una inyección de capital a través de la empresa The Old Fund, constituida en el extranjero. También por un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.En la resolución judicial se establece como hecho imputado que Boudou, junto a Núñez Carmona, “habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial”.“Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y H
éctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”, reza el texto de la resolución, de 333 fojas.También se destaca que Boudou “no goza de fueros parlamentarios, más allá de que sea el presidente del Senado”. “Con ello se hizo hincapié en que el juez tiene la obligación de culminar con el proceso y que incluso puede dictar resoluciones vinculadas con los autos de mérito en contra de los funcionarios públicos amparados, como así también disponer la clausura de la instrucción y su consecuente elevación a juicio oral y público”, sostiene.Cómo sigueLa defensa de Boudou apelará el procesamiento. Lo mismo harán los otros acusados: Núñez Carmona, Vandenbroele y Resnick Brenner. Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick pedirán, además, que el procesamiento sea anulado porque dicen que el juez usó en su contra declaraciones que brindaron al declarar como testigos. La presentaciones deberán ser resueltas por la Sala I de la Cámara Federal: pronóstico imposible.No hay dudas de que se trata de un caso de gravedad institucional. Los acusados podrían usar este dato como argumento para buscar que la Corte intervenga antes de tiempo mediante un per saltum o tras un fallo de Casación.