El SOBERBIO, SAN JAVIER Y PANAMBI. Siguiendo los pasos de la comuna de El Soberbio, los municipios de San Javier y Panambí también tramitan la adquisición de tierras para construir viviendas y relocalizar a los vecinos damnificados por las inundaciones para que puedan empezar una nueva vida, un poco más lejos del cauce del río Uruguay.Como sucedió en el primero de los casos, donde las máquinas viales ya comenzaron con el movimiento de suelo, los fondos para la adquisición provienen del Estado provincial y las casas serán edificadas por el Iprodha.El intendente de San Javier, Rubén De Lima Natividade, confió que se están ultimando los detalles para llevar a cabo la transacción. El predio, que tendrá cerca de veinte hectáreas, está emplazado en las inmediaciones del barrio Malvinas, un espacio accesible, lindante a otros barrios levantados por el ente provincial. “Falta la parte legal, pero estuvimos hablando con los concejales y ellos no se oponen a esta compra. Los papeles están en orden, y el dueño ya autorizó que las máquinas comiencen a trabajar en el lugar”, dijo el jefe comunal, dejando atrás los días de mayor preocupación.Su par de Panambí, Rosendo Fuchs, admitió que funcionarios del Iprodha y de la Subsecretaría de Tierras y Colonización llegarán a su municipio durante la semana próxima con el propósito de recorrer la zona y ubicar una parcela en algún espacio disponible. “El problema acá es que la mayoría de los vecinos no quiere vender sus tierras. En el kilómetro 8 están asentados sobre asfalto y con todas la comodidades”, dijo, y dejó entrever que sería más factible un conseguir un terreno a la altura del kilómetro 15. A diferencia de los otros municipios, Fuchs manifestó que “nosotros con dos hectáreas, estaríamos bien”.Aprovechar la inversiónEn El Soberbio, el Concejo Deliberante autorizó al municipio la adquisición de cerca de veinte hectáreas de tierra que están ubicadas sobre la ruta costera 2, sobre el tramo que conduce a colonia Alicia, a mil metros del casco urbano.El concejal Nelson Brettin explicó que el terreno está emplazado en una zona alta y fue comprado con dinero que el Iprodha giró al municipio, y que tras la compra el Instituto se encargará de la construcción de las viviendas. Alegó que se dejará un lugar para un espacio verde, una escuela, previa elaboración de “un buen plan de urbanización” a fin de sacar provecho a la inversión.Graficó que el barrio Unión, uno de los más afectados, no había sido planificado. “Cuando había que ir a buscar las cosas, las camionetas no podían entrar. Había que cargar las pertenencias de los damnificados por los pasillos que se ubican entre casa y casa. Sucede que el que tenía un terreno, vendía una fracción a otro o cedía a un hijo, y así se iban multiplicando en pequeños espacios. Es por eso que ahora vamos a hacer una cosa planificada”, comentó.“Es importante planificar para que no pase lo que ocurrió la vez anterior. Es un hermoso lugar y si se hace una buena urbanización, será un lugar agradable para vivir”, insistió el edil. Evitar nuevos gastosOtro concejal, Alberto Siwert ratificó la compra de la fracción de tierra para reubicar a las víctimas de las inundaciones “para que no pasemos por lo mismo en caso de que el terreno se vuelva a inundar”. Añadió que “esto puede pasar en una semana o en 30 años, pero siempre ocurre. Hay que evitar esos tremendos gastos del Estado además de la solidaridad de la gente, que también es una erogación que se genera”.Relató que en principio la mudanza “se concretará con la gente a la que el agua le llevó todas las casas porque siguen viviendo en los centros de evacuados o escuelas, aunque ayer pasaron a un tinglado municipal, a iglesias o cooperativas porque en las escuelas tienen que empezar a dar clases”. En una segunda instancia -continuó- la prioridad será sacar a la gente que está residiendo en zona de peligro porque cuando llueve el Uruguay puede crecer y afectarlos nuevamente. Su preocupación radica en que los beneficiados -como sucedió en otras ciudades- vuelvan al lugar de residencia luego de la asignación de su nueva vivienda. “Estamos estudiando la posibilidad de efectuar una especie de cláusula para que en diez años no puedan vender esa propiedad porque de lo contrario algunos optarán por volver”, entorpeciendo este proceso.
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