BUENOS AIRES (NA). El fondo buitre NML Capital le pidió al juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, rechazar el pedido de la Argentina para suspender momentáneamente la ejecución de la sentencia, por lo que el Gobierno aguarda con incertidumbre su respuesta.De este modo, de acuerdo al anticipo de la agencia Bloomberg, la última palabra la tendrá el juez que intercede en el caso.Las especulaciones de los analistas apuntan a que debido a que los tenedores de bonos en default cuentan con fallos firmes a su favor, hay probabilidades de que Griesa acepte el pedido.Este lunes, los abogados del Gobierno habían pedido una “medida suspensiva” para poder ganar tiempo y demorar, de modo transitorio, la fecha de pago.Es que Argentina tiene que pagar a fin de mes unos 900 millones de dólares a los tenedores de bonos reestructurados, que se deben sumar a otros 200 millones que se debe pagar en Estados Unidos.Entonces, en un escenario en el que los bienes de Argentina podrían ser embargados, el Gobierno debe esperar a que el juez Griesa defina su postura sobra la cautelar, que, de acuerdo al Ejecutivo, evitaría la cesación de pagos con bonistas.En los medios financieros norteamericanos se especula que la decisión del juez de designar al mediador Daniel Pollack, que se conoció después de que Argentina presentara su pedido de suspensión, sería un indicio de que priorizaría la negociación entre las partes.En cambio fuentes de los fondos buitres descreen que el juez acepte el pedido argentino, porque “nunca cumplió los fallos, y además ahora quiere condicionar las negociaciones pidiendo la suspensión de pagos” de títulos en default.Las especulaciones de los analistas apuntan a que debido a que los tenedores de bonos en default cuentan con fallos firmes a su favor, hay probabilidades de que Griesa acepte su pedido.Voceros de ambos sectores coinciden en que el juez no tardará mucho en hacer conocer su decisión, lo que definirá si se habilitan o no las negociaciones entre las partes en litigio. La Argentina tiene que pagar el próximo lunes 907 millones de dólares por los servicios del bono Discount a quienes aceptaron la reestructuración en 2005 y 2010, aunque tiene un plazo legal de 30 días más para efectuar el pago.Sin la decisión del juez, los pagos de la Argentina podrían ser embargados por los fondos buitres y el Gobierno debe esperar a que el juez Griesa defina su postura sobre la cautelar pedida en su presentación que, de acuerdo con el Ejecutivo, evitaría la cesación de pagos con bonistas. De no haber una respuesta de Griesa antes de fin de mes, la administración kirchnerista contará con un período de gracia de 30 días para hacer el pago, según las condiciones de emisión del título, aunque no es intención del Ministerio de Economía estirar los tiempos. Los bonos emitidos bajo la legislación de Nueva York son el Par y el Discount: el primero tiene su próximo vencimiento el 30 de septiembre, por 67 millones de dólares, pero su circulación total alcanza los 5.394 millones de dólares con vencimiento final en 2038. El Discount, en tanto, debe pagar servicios por 907 millones de dólares a fines de este mes y el monto total en circulación alcanza los 5.509 millones de dólares, con vencimiento definitivo en 2033.El problema para el país está en que del total de lo que desembolsará a fin de mes debe girar a Estados Unidos unos 228 millones de dólares por el vencimiento de los bonos emitidos bajo legislación de Nueva York.El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, evitó realizar comentarios sobre las negociaciones que el Gobierno busca encarar en los Estados Unidos con los fondos especulativos y sólo dijo que se esperará una señal de Griesa. “No vamos a hacer otro comentario que no sea observar el avance judicial”, expresó Capitanich y agregó: “Se esperará la respuesta concreta que tiene que dar el juez (Thomas) Griesa respecto a la notificación formal entregada ayer”. Kicillof a la ONU a exponer sobre la deudaEl ministro de Economía, Axel Kicillof, expondrá sobre la deuda externa de la Argentina en las Naciones Unidas tras ser invitado por el presidente del Grupo de los 77 más China, embajador Sacha Llorentty Solis. El funcionario internacional invitó al ministro de Economía a informar el miércoles 25 de junio en la sede del organismo en Nueva York ante el plenario de los 134 países que conforman el mayor grupo de países miembros de las Naciones Unidas. La sesión se iniciará a las 15 horas de Nueva York (16 horas de Argentina).El canciller Héctor Timerman será el encargado de presentar ante los embajadores al ministro Kicillof, quien expondrá sobre la reestructuración soberana de deuda, las recientes decisiones judiciales y las acciones que lleva adelante la Argentina.Kicillof también analizará con los representantes del G77 más China las repercusiones que tendrá la resolución de este tema en las reestructuraciones de deuda de los países en desarrollo así como en el sistema financiero en general.El G77 más China es un grupo de países en desarrollo que consensúan posiciones en temas económicos y sociales en el seno de las Naciones Unidas. Hace pocos días, este grupo de países conmemoró el cincuentenario de su fundación en la Cumbre de Santa Cruz donde por unanimidad reiteró “la importancia de no permitir que los fondos buitres paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a sus pueblos conforme al derecho internacional”. Los obispos piden unidad de dirigentesLa comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su “preocupación” por la situación generada sobre el fallo de la Corte que favoreció a los fondos buitres y reclamó “unidad y responsabilidad a dirigentes” para enfrentar la situación.En una reflexión difundida ayer, la Conferencia Episcopal citó al papa Francisco y manifestó que “la economía centrada sólo en la especulación financiera debilita las relaciones, posterga el desarrollo de los pueblos y compromete la equidad del orden internacional”.A su vez, la CEA pidió a la dirigencia nacional una “actitud madura de unidad y responsabilidad para responder a la situación generada”.En el comunicado, los obispos expresaron la “preocupación pastoral” frente a las consecuencias que el fallo podría tener sobre las poblaciones más vulnerables.Aseguraron que la situación reclama con urgencia de toda la dirige
ncia una “actitud madura de unidad y responsabilidad para responder, en una justa negociación, a la situación generada”. No obstante, se mostraron confiados en que “la buena disposición y la competencia profesional de nuestros dirigentes, fuerzas políticas, empresarios, economistas, gremialistas, pueda encontrar un ámbito de diálogo y de trabajo para dar solución a la situación planteada”. La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal está conformada por su presidente, monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz; el vicepresidente primero, monseñor Virginio Bressanelli SCJ, obispo de Neuquén; el vicepresidente segundo, monseñor Mario Antonio Cargnello, arzobispo de Salta, y el secretario ejecutivo, monseñor Enrique Eguía Seguí, obispo auxiliar de Buenos Aires. La cuestión económica es un tema central en la vida de los pueblos, pero siempre debe estar al servicio del bien común, del crecimiento integral de la persona humana y en el marco de la justicia”, señalaron.
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