POSADAS. El delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI), José “Catri” Duarte, del valle Cuña Pirú (Aristóbulo del Valle), junto a Bernardino Cabrera, de la comunidad Kapií Poty, dieron cuenta este viernes de la situación general de las 114 comunidades guaraníes de Misiones. En cuanto al relevamiento territorial de las comunidades guaraníes, Duarte indicó que ahora están trabajando con el gobierno provincial a través del Ministerio de Derechos Humanos y mencionó las dificultades que debieron enfrentar porque “hay muchas cuestiones políticas, intereses de algunos funcionarios que actuaron como obstáculos”. Duarte destacó el avance logrado en la documentación de los guaraníes “durante años, desde Asuntos Guaraníes, que podría haber agilizado la documentación del pueblo guaraní, no hizo nada. Esa dirección no funciona como debiera, no atiende las necesidades de nuestras comunidades… sólo sirve para criticar unos a otros”. Indicó que, como CPI, “queremos articular demandas a través de los caciques y nuestras organizaciones… hay muchas necesidades en las comunidades, como la falta de título de propiedad del territorio, la falta de acceso a la educación primaria y secundaria de nuestros chicos, la falta de salud. No queremos criticar al Gobierno, queremos trabajar en forma conjunta y articulada. No queremos funcionarios que traten de pensar por nosotros, ya conocemos nuestros derechos y obligaciones”.El cacique destacó que “la Constitución nacional y provincial, al igual que los tratados internacionales, reconocen el derecho indígena pero lo que estamos pidiendo es coordinar el cómo se garantizarán esos derechos. Si no trabajan con nosotros siempre habrá desnutrición, problemas de salud ambiental generados por agua en mal estado…”. También dio cuenta de la gran cantidad de niños guaraníes fuera del sistema educativo: “algunos papás no quieren mandarlos a las escuelas porque están a varios kilómetros y hay que cruzar la ruta”, señaló al tiempo que destacó la necesidad de que se creen más aulas satélites en las comunidades guaraníes para solucionar este problema. “La escuela más cercana a mi comunidad está a cuatro kilómetros y los chicos no sólo tienen que caminar, también deben cruzar la ruta por lo que muchas familias prefieren que no estudien”, contó. Recordó que en el Consejo General de Educación (CGE) piden una determinada cantidad de alumnos para abrir un aula satélite “pero sé de varias comunidades donde superan ese número y no logran tener un aula satélite”. De dos a cuatro delegados Según recordó Duarte, el Consejo de Participación Indígena fue creado por ley nacional, con el fin de generar un espacio directo de consulta entre el gobierno y los referentes elegidos por el pueblo indígena. En Misiones, los primeros delegados fueron elegidos en 2009 (José Duarte y Ramón Vallejos) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) convocó a elecciones para renovar delegados. Además, amplió de dos a cuatro la cantidad de delegados en la provincia. “El 26 y 27 de mayo se eligieron los delegados del CPI de las comunidades mbya ubicadas en la zona sur (Damián Rodríguez) y zona norte (Luis Zayas); y próximamente se elegirán los delegados de la zona centro y Biósfera de Yabotí”, indicó Duarte quien defendió la legitimidad del Consejo de Participación Indígena como espacio de consulta “con los pueblos originarios para discutir distintas cuestiones y problemáticas que nos afectan a las comunidades, tanto en la salud, educación y cuestiones que tienen que ver con nuestras tierras”. Duarte lamentó que desde Asuntos Guaraníes instiguen a la no participación de los guaraníes en la elección de sus delegados CPI. Relevamiento territorial En septiembre del año pasado, en su visita a Posadas, el director de Tierras del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Antonio Dell’Elce, aseguró que se había relevado el 38% de las comunidades guaraníes en Misiones. Según precisó el funcionario en esa ocasión a PRIMERA EDICIÓN, habían concluido los trabajos del relevamiento territorial en 37 de las 97 comunidades aborígenes, total con el que partieron el trabajo en 2010. Junto al ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, Dell’Elce dijo que “trataremos de avanzar con el relevamiento territorial en las comunidades restantes antes de junio de 2014, cuando termina la vigencia del convenio con el gobierno de Misiones. No obstante, ya estamos trabajando en una nueva prórroga de la Ley 26.160”, anticipó a sabiendas que no terminaría el relevamiento en la provincia. Lo cierto es que su avance es lento, más que lento, principalmente por el incumplimiento en los envíos de fondos por parte de la nación. Según confirmaron ayer los delegados del CPI y luego fue ratificado por una gacetilla de prensa del Ministerio de Desarrollo Social, a la fecha relevaron “44 comunidades de 114 y cada una de ellas cuenta con su respectiva carpeta técnica”. El cacique de la comunidad Yraka Miri, Alejandro Méndez, integrante del equipo técnico operativo a cargo del relevamiento, precisó que “el objetivo de este año es llegar a todas las comunidades que no cuentan con título de propiedad, ya que son los más vulnerables a la hora de sufrir atropellos como desmontes o robos de madera. Aproximadamente 30 son las comunidades que no tienen título, creemos que relevaríamos todas ellas al finalizar el período”. Una ley modelo Vale recordar que la Ley 26.100 fue aprobada en 2006. A través de esta norma, el Estado Nacional declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y dejó en manos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) la realización de un relevamiento territorial de todas las comunidades indígenas del país. El espíritu de la norma es -en una segunda etapa, seguramente bajo el marco de una nueva ley- garantizar a los aborígenes el dominio comunitario de estas tierras.La misma ley estipuló un plazo de tres años para que el Inai hiciera este relevamiento y dispuso un fondo de 30 mil
lones de pesos para ello. Pero este relevamiento no concluyó en 2009 y, desde entonces, este plazo no deja de prorrogarse, siempre con nuevas asignaciones para su financiamiento.
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