POSADAS. Aunque el oficialismo logró quitarle parte de su poder de fuego, al transformar el proyecto de declarar por ley la emergencia vial en la provincia (presentado por los diputados Hugo Escalada y María Losada) en un pedido de informes al Ejecutivo, la comunicación aprobada por unanimidad ayer en la sesión de la Cámara de Diputados plantea severos cuestionamientos a la gestión de Vialidad Provincial.El dictamen de las comisiones de Obras, Transporte y Servicios Públicos; y de Presupuesto, Impuestos y Hacienda, sostenido por todas las fuerzas partidarias representadas en la Legislatura, vuelve a poner en el foco de la atención pública la responsabilidad de la Dirección Provincial de Vialidad en relación al accidente en el puente Acaraguá, que “podría haberse evitado, pero se llevó la vida de tres personas por la negligencia de las autoridades”, remarcó ayer el legislador Germán Bordón. Comité de crisisEl dictamen aprobado solicita que el Ministerio de Gobierno responda al siguiente cuestionario: actual situación tras el derrumbe del puente sobre el Arroyo Acaraguá; sobre la restauración o construcción de todos los puentes en el territorio provincial, ya sea sobre ruta provincial o nacional; si se ha creado algún comité de crisis vial para evaluar la situación de infraestructura de rutas y puentes en el territorio provincial, la reparación, construcción o el reemplazo de viejas estructuras; y si hay fondos asignados por el Poder Ejecutivo provincial o el Poder Ejecutivo nacional a los fines mencionados.Tierras para Bonpland En la sesión de ayer se aprobó también por unanimidad un proyecto del bloque oficialista, originado en una iniciativa presentada originalmente por el diputado Alberto Álvarez, que declara de utilidad pública y sujetas a expropiación a las 38 hectáreas que, según explicó el legislador oficialista Marcelo Rodríguez, habían sido donadas a la Municipalidad de Bonpland y utilizadas para el balneario de esa localidad -al que consideró un “lugar de referencia e ícono de representación de Bonpland”- en la década de 1930, pero fueron reclamadas por un privado con un título de propiedad en 2008. La Municipalidad de Bonpland es la autoridad encargada de la expropiación, que es esperada por la comunidad de esa localidad, como lo atestiguó el grupo de vecinos que concurrió ayer a la Cámara de Representantes para cerciorarse de la aprobación de la iniciativa, según explicó el propio diputado Rodríguez. “Crimen de lesa humanidad” Al filo del cierre de la sesión de ayer, a la hora de los homenajes, el diputado Joaquín Olivera expresó su pesar y solidaridad con la familia que fue víctima de un bárbaro asalto en Panambí (ver Policiales).El presidente de la Cámara, Carlos Rovira, dejó por un momento el estrado y, desde su banca de legislador, expresó su moción para una declaración de repudio en nombre del cuerpo en pleno. Consideró que “este es un crimen de lesa humanidad por su metodología y merece el máximo repudio del cuerpo legislativo”. Sostuvo que se debe poner la máxima atención en la captura de los culpables y aseveró que la violencia del hecho “no forma parte de nuestra cultura”. A posteriori, en una charla que brindó en la Sala de Periodistas, se refirió al estancamiento en el Congreso Nacional de la Ley de envasado en origen de la yerba mate y manifestó que “en el Senado se hizo un gran trabajo logrando la media sanción, pero no ocurrió lo mismo en diputados”, donde Alex Ziegler lideraba el trámite. Anticipó una pronta reunión para “insistir en la propuesta”.
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