BUENOS AIRES (DyN-Medios Digitales). La Cámara Federal porteña reabrió una causa contra la presidenta Cristina Fernández y ordenó que siga siendo investigada por el acuerdo YPF-Chevron por el yacimiento de Vaca Muerta, tras la firma del decreto que creó el régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas.Fuentes judiciales informaron a DyN que la Sala II de la Cámara, por mayoría, anuló un dictamen fiscal por el cual se había desestimado la denuncia que diputados del partido “Nueva Izquierda” presentaron el año pasado contra la Presidenta por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.El fiscal Eduardo Taiano había desestimado la denuncia, pero la jueza María Servini de Cubría anuló ese dictamen para que la causa se inicie, lo que ahora fue ordenado por la Cámara.El expediente gira en torno del Decreto 929/2013 que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.“Es de destacar que el mencionado Decreto, simultáneo con la firma de un acuerdo entre la empresa YPF y la empresa multinacional Chevron (ex Standard Oil), ha sido sancionado con la clara intención de beneficiar a dicha petrolera norteamericana en la explotación de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta”, sostiene la denuncia que dio lugar a la causa 6842.El fiscal Taiano la desestimó en origen por considerar que no había “irregularidad o inobservancia legal”, lo que hacía “descartar la tipicidad de las conductas denunciadas”, pero Servini de Cubría modificó esa postura, en una medida avalada ahora por la Cámara.“El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa”, consideraron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun.Agregaron que lo dicho por el fiscal para rechazar la denuncia “sólo pone de manifiesto que, en rigor, existe -al menos- una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”.Así, para los magistrados el dictamen fiscal “carece de validez argumental suficiente” y “no cumple con las exigencias de fundamentación que el artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación establece a su respecto”.Ese artículo dice que “los representantes del ministerio fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones; nunca podrán remitirse a las decisiones del juez; procederán oralmente en los debates y por escrito en los demás casos”. Abuso y medio ambienteEl abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los impulsores de la demanda, manifestó su satisfacción por la decisión. “Hasta ahora no vimos una Justicia activa, sobre todo desde el lado de la Fiscalía”, observó. “Ahora la Justicia debe investigar, se tiene que abrir una serie de pruebas en esto”, dijo el letrado.Viale consideró que el decreto fue el que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos en el yacimiento de Neuquén -cuyas reservas se cuentan entre las más grandes del mundo- es ilegal. “Un decreto que viola una ley (en este caso la de hidrocarburos) constituye el delito de abuso de autoridad”, señaló el experto. El abogado recordó que la denuncia plantea también el delito de contaminación en grado de tentativa. Es que la técnica que se usará para la extracción del material es el polémico fracking, del que Viale señaló que demanda enormes cantidades de agua y provoca la afectación de recursos hídricos con químicos, y observó que en numerosos países fue prohibido, y en varios ya demostró sus efectos nocivos en el ambiente.
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