BERNARDO DE IRIGOYEN. El Juzgado de Instrucción Nº3 de Puerto Iguazú avanza en la investigación por la emisión de “libres deudas” truchos, que habrían librado empleados infieles de la Comuna de Bernardo de Irigoyen en los últimos meses. El hecho fue dado a conocer en exclusiva por PRIMERA EDICIÓN en los primeros días de abril y luego denunciado formalmente en sede judicial por el intendente renovador Edgardo Nemesio Aquino el 14 del mismo mes.Hay al menos una docena de damnificados por la maniobra, quienes presentaron los recibos no oficiales con sellos de la Municipalidad que serían apócrifos. La mayoría de esos comprobantes estarían vinculados al Impuesto Provincial al Automotor (IPA), que también produce un daño al fisco provincial, por lo cual no se descarta la intervención como denunciantes de la Dirección General de Rentas de la provincia (DGR).La semana pasada, antes del feriado puente por el día del trabajador, el juez Juan Pablo Fernández Rissi ordenó el secuestro de dos computadoras de la sede municipal de Bernardo de Irigoyen, que ahora se encuentran en poder del departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Delitos Complejos de la Policía de Misiones.El magistrado pretendería determinar si de las máquinas salieron los recibos truchos en poder de los vecinos contribuyentes de esta comuna del norte.De confirmarse que las notas surgieron de las PC incautadas judicialmente, la Justicia podría determinar los usuarios de las mismas, para ser convocados a prestar declaración.Según pudo saber este diario por fuentes de la investigación, el juez Fernández Rissi solicitó a la Municipalidad de Bernardo de Irigoyen la remisión de un informe sobre el estado de cuentas de los doce contribuyentes de los que cuenta con los recibos denunciados. Aunque no se descarta que haya más afectados por la operación delictiva de los infieles.Hasta el momento se sospecha que al menos dos empleados municipales elaboraban estos “libres deudas” utilizando papeles no oficiales, falsificando firmas y sellos. A cambio, habrían pedido a los contribuyentes un monto menor al valor que adeudaban. El dinero no tenía ingreso a las arcas comunales, así como tampoco se eliminaba a los morosos de la lista de deudores de la Municipalidad.
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