POSADAS. Un fiscal penal de la ciudad de Oberá ordenó actuaciones para determinar si constituyó delito el último aumento del boleto de colectivos otorgado a la empresa Capital del Monte por el Concejo Deliberante y el Ejecutivo local.El pasado 20 de marzo, vecinos y usuarios de la única empresa de transporte urbano de la ciudad, con el patrocinio del abogado y ex convencional constituyente Rafael Pereyra Pigerl, denunciaron penalmente a los concejales y al Ejecutivo por la que consideran una “autorización ilegal” de aumento del boleto, ya que no aplicaron el procedimiento exigido por la Carta Orgánica Municipal (COM) aprobada el año pasado.La COM establece que, para ceder a los aumentos requeridos por la prestataria, primero debieron colocar máquinas expendedoras, tickeadoras u otro sistema similar que garantice el control sobre la cantidad real de boletos vendidos. Mientras no esté vigente este sistema, el municipio está obligado a imprimir los boletos para vendérselos a la empresa, con lo que se imposibilitaría la manipulación de datos sobre la cantidad de pasajeros transportados. Como no se cumplieron ninguno de los dos pasos exigidos por ley, consideran que hubo incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.El fiscal de instrucción Elías Bys requirió a la jueza de la causa que:se requiera por oficio al Concejo Deliberante, a efectos de que remita copia certificada de acta 006/2012 de la Convención Constituyente; como también la ordenanza que determinó la suba de costos en el pasaje de colectivos; como también un informe al Ejecutivo.
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