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Una respuesta que demoró 4 años y le costó la vida a dos misioneros

15 abril, 2014

POSADAS. Fue mucha el agua que corrió bajo el puente Acaraguá en estos últimos cuatro años. Sin embargo, las autoridades esperaron hasta que el arroyo se tiñera de rojo para verdaderamente tomar cartas en el asunto. Con dos muertes confirmadas, al menos hasta ayer por la tarde, la Dirección Provincial de Vialidad anunció la construcción de un nuevo viaducto y dio marcha atrás con el proyecto anterior de demoler y reconstruir el viejo “tablero” -es decir, la calzada- que, según toma trascendencia ahora, iba a “apoyarse” sobre los actuales pilares de la construcción.Un día después de la tragedia, la principal sensación es que todo lo que se haga de ahora en adelante resulta tardío. Es que en febrero de 2011 un grupo de productores y habitantes de la zona había canalizado una serie de reclamos por medio del diputado opositor Héctor Bárbaro (ver “En Vialidad me dijeron que sabían…”), del Partido Agrario y Social. La presentación fue realizada ante el Poder Ejecutivo provincial.En aquella oportunidad, como se difundió en los medios, el legislador había subrayado la necesidad de realizar trabajos de reparación en la mayoría de los puentes emplazados en la zona, tanto en la ruta provincial 103 como en la 2.Por medio de Bárbaro, los habitantes de la zona demostraban en febrero de 2011 su real preocupación sobre los daños en la estructura del viaducto sobre el arroyo Acaraguá, pero también en los construidos sobre los cauces de El Torto, Los Muertos, Dorado, Doradito y Pindaití, entre otros. Sería conveniente analizar hoy qué trabajos se hicieron en esos otros puentes.El paso fue inhabilitado y rehabilitado innumerables veces en todo este tiempo. Las autoridades dicen que se hicieron estudios y algunos arreglos, pese a que nada sirvió el último domingo por la tarde. Y cuatro años después finalmente llegó la respuesta, demasiado tarde: el último viernes la DPV llamó a licitación para la “demolición y restitución de tablero” del viaducto, como volvió a repetirse en la edición del Boletín Oficial de ayer, como si se tratara de una broma macabra. La intención era restituir la calzada y “apoyarla” sobre las mismas columnas.Sin embargo, ante la tragedia, desde Vialidad se comunicó que se “ha dejado sin efecto dicha contratación de reparación de la estructura existente y se halla en curso de realizar la construcción de un puente nuevo, ya que producto del colapso no se puede garantizar que las columnas del puente siniestrado tengan una estabilidad o integridad suficiente”. El pedido se hizo realidad cuatro años y dos muertes después.En el comunicado, la DPV lamentó el episodio, pero aseguró que “tomó los recaudos pertinentes (…) por una parte solicitando los informes técnicos necesarios para reparar el puente existente, y por otra, informando a las autoridades con competencia en el control del tránsito y municipios respecto de las restricciones que demandaba la situación”. En 25 de Mayo, Villa Bonita, Santa Rita y Alba Posse el dolor se presentaba ayer de la mano de la consternación. En los vecinos y también en la sociedad misionera en general se sentía una sensación de bronca por una tragedia anunciada cuatro años atrás y que, sin dudas, podía haberse evitado. Los desvíos, para tener en cuentaSon dos los desvíos disponibles para quienes intentan llegar hasta Alba Posse desde Oberá. El primero es tomar la ruta nacional 14 hasta la intersección con la provincial 9, después de Aristóbulo del Valle. Desde esa intersección hasta Santa Rita son 55 kilómetros.El camino más corto desde Oberá resulta de la segunda opción, que consiste en tomar la ruta provincial 5 hasta Panambí. En esa localidad se conecta con la ruta provincial 2 y de allí hasta Alba Posse. También hay unos 50 kilómetros, pero directo a Oberá.Según se informó desde la DPV, en los próximos días se instalará un puente tipo Bailey -de emergencia-  sobre la provincial 103.   “En Vialidad me dijeron que sabían que el puente se venía abajo”En medio del silencio por parte del Gobierno provincial, el intendente Nelson Carvalho, jefe comunal de Alba Posse, y el legislador Héctor Bárbaro, del PAyS, salieron al cruce en declaraciones vertidas a través de comunicados oficiales.Carvalho abrió el fuego durante la noche del domingo -el puente comparte su jurisdicción con Campo Ramón- y recordó que desde diciembre de 2013 el tránsito sobre el viaducto se encontraba restringido, pero “a pesar de ello, un conocido diputado provincial opositor al Gobierno comenzó a alentar desde una radio local para que se permita el paso de productores” y agregó que “hace pocos días el mencionado legislador logró el acuerdo con la DPV (corte del puente de por medio)”.Copó la parada entonces el diputado Héctor Bárbaro, quien también por medio de un comunicado respondió y explicó que se vio directamente acusado por Carvalho. Allí relató la sorprendente respuesta que le dio un funcionario de la DPV sobre el estado del puente días atrás.“El pasado 8 de abril, a raíz de la inquietud de los productores tabacaleros de la zona, consulté en forma personal al ingeniero Mazzal, de la DPV, sobre el estado del puente (…) Me dijo claramente que no se habilitaría el paso por el puente Acaraguá porque éste SE IBA A CAER (textual), y él no quería ‘ser responsable de lo que pudiera suceder’ (…) Mazzal también me confirmó que el paso sí estaba habilitado para el transporte colectivo de media distancia, aclarándome que eran los únicos vehículos de gran porte autorizados”, contó Bárbaro, quien agregó que horas después de esta respuesta desde la DPV habilitaron el paso para vehículos de carga “contradiciendo en los hechos la versión dada por un especialista de larga experiencia como lo es el ingeniero Mazzal”.El legislador recordó que ya en 2011 había advertido sobre el estado de este y otros puentes de la zona y fue contundente al señalar que “un puente no se cae porque pasen más o menos camiones con tabaco. Un puente se cae porque no tuvo mantenimiento por años, ni controles de estructura, ni tareas paliativas para evitar los eventuales daños, ni la inversión adecuada para las obras necesarias a tal fin”.También sumó su voz a la polémica el intendente de 25 de Mayo, O
mar Dowin, quien en medios radiales dijo que desde DPV le habían comunicado las restricciones y que por el puente “pasaban varias empresas de colectivos. Nunca pensamos que iba a pasar esto”. 

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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