BUENOS AIRES (NA). La investigación por el presunto pedido de coimas de agentes de la Policía Federal al dueño de una financiera en un allanamiento en el que habrían invocado a la figura del juez federal Norberto Oyarbide, se encamina a determinar si existía un vínculo estrecho entre el magistrado, bajo la mira, y una división de la fuerza.La clave en la investigación que lleva adelante el juez federal Luis Rodríguez apunta a hurgar en los trabajos que el magistrado encargó a la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) en el marco de distintas investigaciones en los últimos años, que son muchas en comparación a la intervención que le otorgaron otros magistrados.Fueron los agentes de la Difoc quienes allanaron el 19 de diciembre pasado la mutual Propyme del empresario Guillermo Greppi y, según éste, le pidieron un soborno a cambio de frenar el operativo mientras aseguraban actuar bajo órdenes de Oyarbide.A raíz de ese hecho, por el que además el juez es investigado por frenar el operativo a raíz del llamado de Carlos Liuzzi de la Secretaría Legal y Técnica, en la causa ya hay 19 agentes de la Difoc imputados.Es que el fiscal federal Ramiro González pidió investigar a la brigada A de la Difoc, a raíz de la denuncia de Greppi.En la investigación, según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, es “llamativa” la gran cantidad de trabajos que Oyarbide encargó a la Difoc en comparación a otros jueces federales.Por pedido del juez Rodríguez, quien investiga si existió el pedido de coimas y si Oyarbide es o no ajeno al hecho, se recabó el sumario de las intervenciones que el Juzgado 5 le dio a la Difoc en los últimos años.En 2012 fueron de 37 intervenciones y en 2013 de 43: la mayoría está relacionada con tareas de inteligencia o bien allanamientos que encargó el juez, en muchos de los cuales se repite la participación de los efectivos de la Difoc que allanaron Propyme.La “sorpresa” por la gran cantidad de trabajos que le dio a esa división Oyarbide en los dos últimos años obligó al juez Rodríguez a pedir también el sumario de los años 2010 y 2011.Según las fuentes consultadas, se intenta establecer el historial de trabajos entre la Difoc y el juzgado y ver si en el pasado se detectó algún tipo de irregularidad similar a lo que se denunció por el allanamiento en Propyme, lo que determinaría un punto en común.La otra pata de la investigación está en buscar si otros empresarios, dueños de financieras, recibieron algún tipo de intento extorsivo por agentes de la Difoc en allanamientos que dispuso Oyarbide.Se sabe que el día del operativo en Propyme, Oyarbide había firmado otras veinte órdenes y, según indicó el empresario Greppi, fue víctima de la extorsión al menos otro financista que ya está identificado y a quien el fiscal del caso también ahora pidió citar como testigo.
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