BUENOS AIRES (Agencias y diarios digitales). El Gobierno nacional busca sumar herramientas para controlar los precios. Incrementa las multas en hasta 1000% para quienes no cumplan con los “Precios cuidados”. Además elimina el “estado de emergencia” como condición para confiscar bienes.El diputado Héctor Recalde (Frente Para la Victoria) presentó un proyecto que modifica las leyes de Lealtad Comercial, Abastecimiento y de Defensa del Consumidor que habilita al Poder Ejecutivo a declarar “de utilidad pública y sujetos a expropiación” y a “intervenir y disponer la venta” de bienes para evitar el desabastecimiento haya o no “caso de urgente necesidad pública”.Recalde propuso en su iniciativa “el requisito ineludible de abonar la multa con carácter previo a que la medida sea revisada por el órgano judicial”, en lo que se conoce como solve et repete (pague y reclame).El proyecto del legislador sindicalista, suscripto también por otros catorce diputados oficialistas, tiene como finalidad “cuidar la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios”.La iniciativa del kirchnerista modifica aspectos de la ley 20.680 de Abastecimiento, la 22.802 de Lealtad Comercial y la 24.240 de Defensa del Consumidor, en el convencimiento de que “deben tener plena efectividad las penalidades consagradas en las normas”.El miércoles, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había adelantado que “estamos trabajando también en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo”, aunque remitió a las distorsiones en las cadenas de valor y mencionó “apropiaciones indebidas de excedentes”, con análisis que tienen que ver “con las tasas de rentabilidad” de las empresas.Recalde destacó que en su proyecto “se facilita el ejercicio de las facultades que ya otorga la Ley de Abastecimiento al Poder Ejecutivo para expropiar bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o especulación, y de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías”.“El presente proyecto genera un fuerte efecto disuasivo para aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan llevar adelante maniobras contrarias al bien común y constituye a su vez una herramienta eficaz para dar respuesta a situaciones que exigen medidas prontas cuando no urgentes”, destacó el legislador en los fundamentos.En lo que respecta a las modificaciones a la ley 20.680 de Abastecimiento, se declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población cuando fuera necesario a fin de evitar desabastecimientos, acaparamientos y/o maniobras de agiotaje y especulación, facultando al Poder Ejecutivo a determinar en cada caso los bienes que serán expropiados”.Asimismo, “se propone suprimir la exigencia de existencia de un estado de emergencia económica ya que la responsabilidad de satisfacer las necesidades esenciales de la población afectadas por maniobras del tipo de las previstas en la norma debe garantizarse también en situaciones de normalidad”, agregó Recalde en los fundamentos del proyecto.Otra de las modificaciones apunta a que el Poder Ejecutivo pueda “intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías, cualesquiera sea su propietario” sin necesidad de declaración de “urgente necesidad pública” como sí requería la ley de Abastecimiento original.Una iniciativa KAcompañaron con sus firmas el proyecto de Recalde los diputados Andrea García, Carlos Gdansky, Oscar Romero, Diana Conti, Nanci Parrilli, Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Gastón Harispe, Verónica Magario, Silvia Simoncini, Horacio Pietragalla, Edgardo Depetri, Adela Segarra, del Frente Para la Victoria, y Carlos Raimundi, de Nuevo Encuentro.El proyecto de Ley que presentó Recalde por el cual se unifican con carácter “disuasorio” los procedimientos y los plazos de las leyes de Abastecimiento, de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor otorgan al Poder Ejecutivo la potestad de sancionar, cobrar multas y hasta de expropiar, sin que las empresas puedan recurrir a los Tribunales antes de que se ejecute el castigo.Además, le permite expropiar y también intervenir y luego, hasta “vender”, productos y mercaderías resultantes de esa acción. Estos son los Fundamentos que acompañan los cinco artículos de la norma:• El proyecto unifica los plazos procedimentales en los tres regímenes.• Objetivos: proveer a la seguridad en los negocios jurídicos, otorgar mayor celeridad a los procedimientos establecidos por cada una de las normas y unificar criterios legales.• Además, imponer sanciones adecuadas y eficaces en la tarea de desalentar comportamientos disvaliosos y evitar dilaciones injustificadas en los plazos.• También persuadir a aquellos que pretendan cometer los actos que las leyes sancionan y proteger a los consumidores tanto en forma individual como en forma colectiva.• Pretende generar un fuerte efecto disuasivo y ser a su vez una herramienta eficaz para dar respuesta a situaciones que exigen medidas prontas cuando no urgentes.• Se actualizan los montos de las multas, los cuales lucen manifiestamente desactualizados, con un mecanismo de ajuste periódico de acuerdo a los índices de movilidad jubilatoria.• En las tres leyes, se coloca como “requisito ineludible” abonar la multa con carácter previo a que la medida sea revisada por el órgano judicial. “Dicha modificación genera un fuerte poder disuasivo”.• Así, el infractor no podrá “dilatar” la aplicación de la medida, con la mera interposición de un recurso de apelación, sin antes cumplir con la resolución que pretende atacar.• Se modifica la ley de Abastecimiento, declarando “de utilidad pública y sujetos a expropiación” los bienes que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población, a fin de evitar desabastecimientos, acaparamientos y/o maniobras de agiotaje y especulación.• El Poder Ejecutivo podrá determinar los bienes que serán expropiados.• Amplía la facultad del Ejecutivo no sólo ante “caso de urgente necesidad pública”, sino también ante el incumplimiento de las disposiciones que se incorporan al proyecto y podrá “intervenir y disponer la venta de mercadería, cualesquiera sea su propietario”. El anticipoEl jefe de Gabinete, Jorge Capitanich reveló esta semana que el Gobierno está “trabajando” en una nueva legislación que endurezca la regulación del Estado en materia de formación de precios, en relación a las ganancias que se generan, por considerar que algunas empresas “se apropian indebi
damente del excedente”.“Nosotros estamos trabajando también en la revisión de toda la estructura de carácter legislativo, por una razón muy sencilla: porque observamos el ejercicio de posición dominante de algunos sectores”, advirtió Capitanich.Tras haber denunciado que “existen motivos de carácter especulativo” por parte de aquellas empresas “que tienen más poder de influencia”, el funcionario explicó que “algunos sectores” que distorsionan la cadena de valor “generan aumentos desmesurados de precios de carácter injustificado”.En su conferencia de prensa, precisó que “tenemos que administrar esa cadena de valor” y admitió que “eso tiene que ver con la tasa de rentabilidad”.
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