BUENOS AIRES (NA-DyN). Las oficinas porteñas de Austral Construcciones, pertenecientes al empresario Lázaro Báez, fueron allanadas ayer por efectivos de la Policía Federal a raíz de una denuncia de lavado de dinero y evasión impositiva, por la contratación de habitaciones de hoteles de la familia Kirchner.El procedimiento fue ordenado por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, quien investiga una denuncia de los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez.La denuncia es por presunta evasión impositiva y lavado de dinero a partir de trascendidos periodísticos que dieron cuenta de que una empresa de Lázaro Báez contrató varias habitaciones de distintos hoteles de los Kirchner.El procedimiento se llevó a cabo entre las 16 y las 19.30 en las oficinas de Austral Construcciones, ubicada en Pasaje Carabelas 241, 5to piso de la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo estuvo a cargo de la Policía Federal. A término del procedimiento fueron secuestradas varias bolsas y cajas con documentación, relativa a la investigación que tiene a su cargo López Biscayart, confirmaron fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas.La denuncia pedía que se investigue si Báez desembolsó una suma cercana a los 3 millones de pesos en concepto del alquiler de habitaciones de varios hoteles de la familia Kirchner.López Biscayart, el mismo juez del caso Skanska, también le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informe todas las direcciones fiscales de las empresas de Báez en Santa Cruz y, durante la jornada, también le tomó declaración testimonial al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, autor de la investigación.El empresario Lázaro Báez ya cuenta con una investigación en su contra por lavado de dinero a partir que se sospecha que habría girado al exterior unos 55 millones de pesos, tal cual investiga el juez federal Sebastián Casanello. En esta última investigación fueron indagados el empresario Leonardo Fariña, ex de la modelo Karina Jelinek; y el financista Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI de Puerto Madero, la que se especula que intervino en el armado de la maniobra para sacar el dinero del país.Casanello no había allanado ese edificio y solo ordenó operativos, mediante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en las oficinas de SGI, pero los efectivos llegaron cuando ya se había retirado toda la documentación sensible. La maniobra quedó registrada en las cámaras de seguridad.Carrió y Sánchez basaron su denuncia en artículos periodísticos del diario La Nacion que reveló una maniobra sobre contrataciones de empresas de Báez en hoteles vinculados con los Kirchner. De acuerdo a documentos secretos, que el empresario cercano al kirchnerismo intentó censurar, Báez y los Kirchner firmaron convenios para que siete empresas vinculadas al primero le pagaran a los hoteles el alquiler de habitaciones que garantizaban la cobertura de al menos un tercio de sus habitaciones, en temporada alta o baja.A raíz de la información publicada, Báez se autodenunció en el juzgado federal de Río Gallegos y dijo ser víctima de una campaña en su contra, y ahora la jueza federal subrogante de Río Gallegos Andrea Azkenasi Vera tiene que resolver si hace lugar a una medida cautelar para evitar que se difunda información sobre las empresas de Báez.Mientras en Santa Cruz se analizaba esta cuestión, el juez López Biscayart ordenó que la Policía Federal hiciera un procedimiento en las oficinas del empresario, en el quinto piso del pasaje Carabelas 241 de esta ciudad; y en otra sede de la firma ubicada a pocos metros de allí.Carrió y Sánchez habían radicado el lunes pasado la denuncia a raíz de la información aparecida desde el domingo pasado en el diario La Nación en donde se sostuvo que Báez le pagó casi 3,2 millones de pesos a los Kirchner en concepto de “alquiler” del hotel Alto Calafate, en el marco de acuerdos confidenciales.En los días siguientes, el periodista de ese diario Hugo Alconada Mon publicó que el pacto había alcanzado también a otros dos hoteles: la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces; y que entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de 14,5 millones de pesos de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, beneficiario de la obra pública en la Patagonia.Frente a ello, la denuncia presentada por la Coalición Cívica por “lavado de dinero y evasión tributaria” recayó en el juzgado de López Biscayart, el mismo magistrado que tuvo en sus manos la primera parte de la investigación por la causa Skanska, el primer escándalo de supuesta corrupción que se conoció en el gobierno de Néstor Kirchner.El fiscal hizo lugar a investigar la denuncia solo por el delito de evasión tributaria. “Por primera vez en 8 años un Juez allana las oficinas donde funciona la asociación ilícita de #LázaroBaez con #Kirchner”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter, apenas conocida la información.En declaraciones a CNN en español, el diputado Sánchez afirmó que desde 2008 diputados de la Coalición Cívica vienen denunciado que “había una trama bien orquestada, donde las administraciones de Kirchner diseccionaban la obra pública y otros fondos a un determinado conjunto de empresarios que se beneficiaban pagando sobreprecios, y que la devolución de ese beneficio era la contraprestación para el enriquecimiento personal de Néstor y Cristina Kirchner”. “Ahora, el periodista Alconada Mon consiguió documentos internos de las empresa de Lázaro Báez donde consta que el empresario devuelve dinero que consiguió de obtener la obra publica”, dijo el legislador.Sánchez insistió en que Báez “fue y sigue siendo testaferro de la familia Kirchner” y remarcó que “Austral Construcciones es una de las principales beneficiarios de la obra pública en la Argentina” desde el 2003 cuando los Kirchner llegaron al Gobierno.
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