BUENOS AIRES (NA). El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, acusó a la Policía provincial de protagonizar “un acto de sedición” y señaló que los uniformados tuvieron “la misma actitud de los delincuentes”.“Fue lo más duro que nos tocó vivir en democracia, fue un acto de sedición”, aseguró Bonfatti, al apuntar con dureza contra la actitud policial.El mandatario provincial agregó: “Que expliquen cómo estaban encapuchados; si no, tienen la misma actitud de los delincuentes que deben que perseguir”. Bonfatti aludió a la existencia de “las filmaciones hechas por la prensa de las personas que estaban en las jefaturas de Rosario y de Santa Fe y frente a la Casa de Gobierno”.“Que expliquen cómo estaban encapuchados. Si no, tienen la misma actitud de los delincuentes que deben que perseguir”, se quejó.A su vez, el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, advirtió que “una cosa es la protesta y otra utilizar armas para que los compañeros no trabajen, o dañar los patrulleros”.“Una cosa es la protesta y otra utilizar armas para que los compañeros no trabajen, o dañar los patrulleros”, advirtió el ministro.En ese marco, trascendió que avanzan investigaciones para determinar si se cometieron delitos durante las protestas policiales.La Fiscalía de Estado provincial apuntó “a aquellos que, en su carácter de coautores, cómplices, determinadores e instigadores, y que como funcionarios públicos o particulares hayan participado criminalmente en su perpetración, los delitos de coacciones calificadas, asociación ilícita agravada, atentado al orden público, sedición, violación de los deberes de los funcionarios cometidos contra la libertad, el orden público, los poderes públicos y la administración pública, en concurso formal”.El fiscal de Estado provincial, Pablo Saccone, explicó que la denuncia presentada ante el fiscal federal de la ciudad de Santa Fe dio cuenta de la presencia de policías “armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones específicas, con el confesado propósito de obtener beneficios salariales y exigiendo con dicha exhibición de fuerza al Gobierno una mejora en sus sueldos, bajo la amenaza cierta de incumplir con sus obligaciones en pleno conocimiento de que esas omisiones permitirán la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas”.La denuncia destaca que un “alzamiento” contra los poderes provinciales implica un accionar “severamente reprimido por la ley”.





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