ASUNCIÓN, Paraguay (Agencias y diarios digitales). La Cámara de Senadores de Paraguay despojó ayer de sus fueros al senador Víctor Bogado, del Partido Colorado, al que pertenece el presidente Horacio Cartes, para enfrentar un proceso judicial por presunta corrupción.Julio César Velázquez, presidente del cuerpo legislativo, informó que el desafuero fue aprobado por una amplia mayoría de los 45 senadores quienes votaron a mano alzada, sin cuantificar la cantidad exacta.Bogado fue acusado por la fiscalía, además de nepotismo y estafa contra el Estado, por tráfico de influencia al lograr que en 2012 la niñera de sus hijos fuese contratada como asesora de la Cámara de Diputados y posteriormente consiguió que fuera nombrada como funcionaria de la oficina local de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña Itaipú.Sumando ambos salarios, la niñera ganaba unos 3.500 dólares mensuales, de acuerdo con informes fiscales.“Soy inocente pero me pongo a disposición de la justicia”, dijo Bogado antes de la votación.El desafuero del legislador sucedió tras una campaña de protestas ciudadanas para que sea procesado por la justicia.Así las cosas, la ciudadanía ganó el segundo round y el Senado esta vez hizo causa común con la exigencia del pueblo reviendo su postura inicial y dando lugar al desafuero del senador colorado.Varios de los 23 senadores que antes lo habían protegido cambiaron de decisión al ver la masiva manifestación ciudadana y esta vez acompañaron el pedido. Finalmente Víctor Bogado estará a disposición de la Justicia y deberá afrontar el proceso por los delitos de supuesto cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y estafa en calidad de autor.Masivo repudioEl pasado 14 de noviembre el Senado rechazó el desafuero de Bogado, lo que motivó ese mismo día una manifestación de repudio en Asunción contra el legislador y los 23 senadores que votaron contra la retirada de inmunidad.Las protestas, convocadas desde las redes sociales, se repitieron días después, acompañadas de una campaña de boicot de más de un centenar de restaurantes, bares, cines, comercios y gasolineras de la capital, que han prohibido la entrada a esos senadores.El viernes pasado el restaurante “Un Toro y Siete Vacas” comunicaba en un cartel en su entrada: “La casa se reserva el derecho de admisión de los senadores que votaron por el no al desafuero. Por lo tanto no son bienvenidos en este local”. Esa iniciativa de cierre de puertas a quienes blindaron a Bogado fue contagiada a otros comercios de comidas y entretenimiento y hasta bancos. Horas después sumaban 115 los comercios que se subieron a la ola de repudio a los legisladores que en forma corporativa protegieron al senador imputado por la Fiscalía por supuesto cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y por estafa en calidad de autor.Así las cosas, el propio parlamentario pidió que le quitaran sus fueros parlamentarios para someterse a una investigación.En ese sentido, Bogado pidió reflexionar “muy bien” sobre los pedidos de desafuero para el futuro “y modificar lo que hay que modificar” para que “nunca más” se repita lo que ocurrió en su caso, sin embargo, dijo que está bien que la ciudadanía se manifieste.“Yo pido disculpas”, expresó. “Esto que estoy pasando quizás sea el costo del desprestigio mismo hacia nosotros los políticos. Yo acepto los errores del pasado, yo acepto y pido disculpas”, reiteró.Señaló además sobre la imputación en su contra: “Consulté con los juristas más importantes de la República, y nadie me ha podido determinar cuál es el delito que yo cometí”. “Siempre traté de ayudar a quien pude, independientemente a los colores y a la posición social de la persona”, explicó en referencia a las sospechas de tráfico de influenciaPidió luego a sus pares que acepten su petición y que sea de manera unánime. Finalmente se preguntó por qué tiene que “cargar con tantas cruces por tan poca cosa”. El casoLa Fiscalía había pedido investigar a Bogado por contratar presuntamente con dinero público a la niñera de sus hijos, Gabriela Quintana Venialgo.Según el Ministerio Público, en 2010, Bogado, entonces presidente de la Cámara baja, contrató a Quintana con el cargo de técnico en esa institución, y un sueldo de 6.098.400 guaraníes.El 4 de marzo de 2013, Quintana fue contratada como ayudante administrativo con un sueldo de 8,7 millones de guaraníes en la hidroeléctrica Itaipú, de acuerdo con la Fiscalía. Un día después, Bogado solicitó a Itaipú el traslado de Quintana a la Cámara de Diputados como funcionaria permanente, con lo que comenzó a percibir dos sueldos del Estado al mismo tiempo, según la investigación.
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