POSADAS Y OBERÁ. La Justicia obereña ordenó el allanamiento de la sede de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO) en el marco de la investigación que sustancia un juzgado local por supuestas irregularidades denunciadas en setiembre pasado por el abogado Rafael Pereyra Pigerl, ex convencional constituyente.Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el allanamiento habría sido dispuesto por la magistrada Alba Kuzmann de Gauchat, subrogando del Juzgado de Instrucción Nº 2 cuyo titular es el juez obereño Horacio Alarcón. La medida se habría concretado a pedido de la Fiscal de Instrucción Nº 2 Miriam Silke y se realizó el pasado jueves 30 de octubre, aunque recién trascendió ayer la novedad judicial.¿Qué buscaba la Justicia? Todo hace suponer que la medida del allanamiento a la CELO fue en busca de documentación por la denuncia efectuada por el abogado Pereyra Pigerl, por la supuesta “duplicación de los contratos por servicios informáticos y demás posibles irregularidades que surgen de la investigación”, confiaron las fuentes consultadas.Entre los papeles buscados se encontraban pruebas de la contratación por parte de la CELO (en diciembre de 2009) a una empresa dedicada a la informática, que habría sido creada apenas 20 días antes, por la suma de U$s 535.000, y supuestamente por un plazo de cinco años.Pereyra Pigerl, al interponer la denuncia, reveló que la CELO “a los dos años y medio, antes del vencimiento del contrato, habría vuelto a contratar a la misma empresa por iguales servicios, duplicando el contrato por $ 780.000” por lo que solicitó se investigue el supuesto delito de “administración fraudulenta”.Otra cuestión que se busca probar, es si la empresa estaba dada de baja por la Afip “por incumplimientos”. Según se supo, durante el allanamiento en la cooperativa se habrían podido secuestrar los libros de reuniones del Consejo de Administración, que podrían aportar datos respecto de las medidas administrativas adoptadas.Pero no habrían encontrado los contratos y demás documentación. Ante el requerimiento judicial, el presidente de la CELO Carlos Miguez y el abogado de apellido Fernández, habrían informado en el acta de secuestro que esa documentación estaría “en manos del auditor externo”.
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