PARÍS, Francia (Agencias y diarios digitales). La polémica surgida tras la deportación de la kosovar Leonarda Dibrani con una solución de mínimos que permite su regreso en caso de que lo solicite, pero no el de su familia, sitúa en foco del debate la política de inmigración francesa, una de las más restrictivas de la Unión Europea. El 12 de octubre de 2010 los diputados franceses aprobaron un controvertido proyecto de ley sobre inmigración que facilitaba la expulsión de los ciudadanos comunitarios que no tuvieran recursos propios, al tiempo que también establecía medidas que permitían el cierre de campos de gitanos. El texto, que también daba luz verde a la posibilidad de retirar la nacionalidad a los franceses que llevaran naturalizados menos de diez años que atentaran contra las fuerzas del orden, provocó una gran polémica en Francia. Falta de consenso De hecho, el proyecto fue adoptado por 294 a favor y 239 en contra, lo que ponía de manifiesto la falta de consenso incluso entre los diputados conservadores que apoyaban al Gobierno. Doce de éstos votaron en contra y 16 se abstuvieron, mientras que la mitad de los partidos centristas también se opuso a la ley, al igual que las formaciones de izquierdas, que lo consideró “un retroceso generalizado de los derechos”. Un año después, el 11 de mayo de 2011, el Parlamento francés aprobaba con los votos en contra de los partidos de izquierda la quinta Ley de Inmigración que Francia redactaba desde 2003 y también una de las más controvertidas. Sin embargo, se mantuvo la eliminación de una de las propuestas más polémicas, la referida a retirar la nacionalidad francesa -por el momento reservada a culpables de actos de terrorismo-, a los naturalizados hace menos de diez años que atenten contra las fuerzas del orden. Antecedentes Los antecedentes de estas medidas se remontan al verano de 2010 cuando el gobierno del entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, puso en marcha una política de expulsión y comenzó a deportar a miembros de las comunidades romaníes y a desmantelar los campamentos ilegales de gitanos. Según el Gobierno, se trataba de deportaciones “voluntarias” y por tanto legales, de inmigrantes que aceptaban irse a cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto o 100 euros por niño, y que, en muchos casos, según su opinión acababan regresando a Francia. Sólo en el 2009, según las cifras facilitadas por las autoridades francesas, unos 10.000 rumanos y búlgaros se acogieron a esas ayudas y regresaron a sus países. Las reacciones no se hicieron esperar y en septiembre de ese año París fue el epicentro de múltiples jornadas de protestas que se extendieron por un centenar de ciudades francesas, a las que se sumaron concentraciones frente a embajadas y consulados de algunas capitales de la Unión Europea. Aunque Rumania y Bulgaria son miembros de la Unión Europea (UE) desde 2007, algunos de sus vecinos aplicaron una moratoria para alcanzar la plena libertad de circulación de sus ciudadanos por el espacio común que, en el caso de Francia, estuvo vigente hasta finales de 2011.Hasta entonces, rumanos y búlgaros tenían derecho a la libre circulación en territorio francés como cualquier otro ciudadano europeo pero no podían permanecer más de tres meses si no disponían de una tarjeta de residencia que, a su vez, solo se podía lograr con un permiso de trabajo. Sólo en 2011, Francia expulsó a 32.922 extranjeros en situación irregular, un récord que superó el objetivo de 28.000 personas marcado por el Gobierno. Diez años antes, el número de inmigrantes irregulares expulsados de Francia fue de 9.000 personas, según datos del Ministerio de Interior galo.
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