POSADAS. La mirada está puesta sobre la conducción del Instituto de Previsión Social (IPS). Según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, en manos de la presidenta del ente, la clossista Sandra Montiel, estaría a la firma el expediente que permite reglamentar la ley que devolvió a los jubilados judiciales el 82% móvil. Y, mediante el decreto reglamentario, dar inicio al retiro de decenas de agentes, magistrados y funcionarios del poder Judicial que por razones de edad y enfermedad, buscan su salida de la administración pública.Desde la sanción por ley en julio del año pasado del nuevo regimen jubilatorio que otorga el 82% móvil sobre el haber bruto, han sido muchos los integrantes de la Justicia que se inscribieron en el listado que administra la conducción del Superior Tribunal de Justicia. Para poder jubilarse con ese regimen especial, los trabajadores judiciales aportan un 23% de sus haberes en concepto de jubilación y el poder aporta otro porcentaje al IPS para financiar la caja de retiros a través de un Fondo Compensador.El fuerte malestar habría llevado a autoridades judiciales a pedir que funcionarios del Ejecutivo busquen una salida a la demorada reglamentación. Hubo magistrados que requirieron a la Asociación saber las razones de la demora de más de un año, frente a situaciones graves. Uno de los que busca el retiro es el juez de San Vicente. Sin su jubilación, no se puede llamar a concurso para designar a un nuevo magistrado, mientras los subrogantes están sobrepasados de trabajo al borde del colapso.“Lo grave es que se acumulan los pedidos de retiro, pero todos sabemos que no se podrán dar en forma simultanea las jubilaciones porque se generarían graves problemas en el servicio de justicia. Serán pocas autorizaciones en el año, priorizándose los casos más graves. Pero no comienza nunca a funcionar el sistema porque el IPS no saca la reglamentación”, explicó una de las fuentes consultadas.A pesar de llevar seis años de gobierno, la gestión Closs no logra mostrar agilidad en la gestión, apareciendo debilitado. Días atrás, fue este diario quien dio a conocer la situación legal de la expropiación del Savoy. El Gobierno reaccionó una semana después y depositó el dinero a los propietarios para cumplir con la ley. Ahora, la demora no afecta a unas pocas personas, sino a varias y que desde hace rato vienen reclamando.
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