BUENOS AIRES (NA). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que miden consultoras privadas y divulgan en el Congreso legisladores de la oposición arrojó en septiembre un alza promedio de 2,11%, el más alto desde 1991, con un aumento interanual del 25,44%, se informó ayer.La presentación estuvo a cargo de los diputados Juan Pedro Tunessi, del radicalismo, Carlos Brown (Frente Peronista), Pablo Tonelli y Paula Bertol (PRO), y Patricia Bullrich (Unión por Todos), quien sostuvo en una rueda de prensa que la variación intermensual del 2,11% el mes pasado era “el índice más alto desde el año 1991”.“A pesar de que la economía se está enfriando y que no hay un crecimiento como el que intenta mostrar el Gobierno, tenemos una inflación de 2,11% en septiembre, lo que es muy alarmante”, aseguró por su parte Tunessi, tras la difusión del llamado IPC Congreso del mes pasado.“La economía se desaceleró, no se crean empleos, hay menos demanda y la inversión está congelada. Además, la industria automotriz se ha debilitado, la prueba es que hay reducción de horas de trabajo y anticipo de vacaciones”, agregó el secretario general del bloque de diputados de la UCR.El próximo 15 de octubre está previsto que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda el IPC oficial para la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, mientras avanza en la construcción de un índice de precios al consumidor que abarque todo el territorio argentino.“El Indec, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y otras instituciones cada vez son menos creíbles, y ahora se agrega el Inti, cuyo ex titular ha denunciado que tuvieron que ocultar investigaciones respecto del tema Botnia por indicación de la Cancillería”, sostuvo Brown.El legislador peronista evaluó que la Argentina “es un país con problemas muy serios” en la faz económica y añadió: “Hoy presentamos este índice de inflación extremadamente alto, y ello afecta en primer lugar a las pymes y sus trabajadores, que han bajado en un 32% sus exportaciones entre 2009 y 2012, según un informe de la Fundación Observatorio Pyme”.Apoyo judicialBullrich, por otra parte, celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la nulidad de las multas que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplicó a consultoras privadas por divulgar índices de inflación que difieren de las mediciones oficiales .“Se podía tratar de la última vez que tuviéramos que divulgar el relevamiento de inflación de las consultoras privadas que habían sido censuradas por el Gobierno, luego de que la Corte Suprema declarara inadmisible el recurso planteado por (…) Moreno en su contra”, comentó. “A partir de esta nueva situación, hablaremos con las consultoras y veremos cómo continuamos. Tuvimos una política estratégica, la cual la llevamos a cabo con voluntad y trabajo, logrando que la Corte se pronuncie de manera contundente. Éste es un triunfo de la verdad”, enfatizó la legisladora de Unión por Todos, tras la presentación del indicador. Revés para MorenoLa Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un planteo de la Secretaría de Comercio Interior contra un fallo que había dejado sin efecto una multa por 500 mil pesos que impuso a la consultora Ecolatina, por medir la inflación.El Tribunal declaró inadmisible un recurso de la Secretaría contra un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que dejó sin efecto la disposición 179/2011 mediante la cual “se había impuesto una multa por infringir el artículo 9 de la Ley 22.802 al dar a publicidad un determinado índice de precios al consumidor, el que, a juicio de la Administración, carecía de suficiente sustento técnico y evidenciaba graves errores en su elaboración”.La Corte no evaluó el fondo del asunto sobre si estaba bien o no la multa sino que consideró que no había fundamentos para que el Tribunal interviniese, con lo cual quedó firme el fallo que anuló las mismas.En su voto, el juez supremo Enrique Petracchi consideró que “el apelante no ha demostrado que la publicación en cuestión sea idónea para engañar y,como consecuencia de ello, para inducir a contratar a la consultora”.“El principal destinatario de esa supuesta ‘publicidad indirecta’ no sería el público consumidor final de productos y servicios, sino -en todo caso- aquellos comerciantes que estimen necesario asesorarse sobre la evolución de ciertos precios de la economía o requieran los estudios de mercado que pudiera ofrecerle la consultora”, dijo Petracchi.“La evolución de los principales precios de los productos y servicios de una economía no constituye -por obvias razones, un dato completamente ajeno a los consumidores, ni mucho menos a los comerciantes, aunque en ambos casos no se tenga conocimiento de la dimensión exacta de dicha variación de precios”, manifestó.En este marco, aún se mantiene la denuncia penal de Moreno contra algunas consultoras, como Finsoport y Ferreres, por medir inflación.Recientemente, el secretario de Comercio Interior fue procesado por el juez Claudio Bonadío por abuso de autoridad por aplicar multas a las consultoras.Los datos de inflación que elaboran esas empresas conforman el índice de precios que, mensualmente, dan a conocer diputados de la oposición.
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