POSADAS. Cuando en 2006 se aprobó la Ley 26.160 no hubo voces en contra. Por primera vez, un gobierno nacional impulsaba el relevamiento territorial para conocer dónde viven los indígenas en el país. El paso previo -y necesario- para que el Estado garantice la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan las comunidades originarias, tal como se comprometió al firmar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A través de esta ley nacional, se designó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) como órgano de aplicación del relevamiento territorial y se le asignó 30 millones de pesos para que lo llevara adelante en tres años. Pero cumplido ese plazo, según denunciaron desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), se ejecutó el total del presupuesto pero el relevamiento apenas había comenzado. A través de la ley 26.554 se prorrogó el relevamiento hasta 23 de noviembre de este año y se asignó 10 millones de pesos anuales al Inai. En julio de este año, Endepa y otras organizaciones civiles entre las que estaban el Observatorio de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena (AADI) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) denunciaron que apenas se había ejecutado el 30% del relevamiento y ya se había asignado el 80% del total del presupuesto. Informe del Inai Días atrás, el director de Tierras del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Antonio Dell´Elce, estuvo en Posadas y desmintió ese informe, lo definió como “sesgado” y aseguró que ya se ejecutó el 49% del relevamiento territorial y prometió enviar a PRIMERA EDICION el informe sobre la ejecución de las leyes 26.160 y 26.554. De acuerdo a este informe actualizado a agosto de este año, desde 2010 a la fecha el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) envío a Misiones 4.104.861 pesos para relevar los territorios ocupados por el pueblo guaraní en la provincia. Con ese dinero se relevaron 37 de las 97 comunidades identificadas en 2010 (hoy ya suman 110, según el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones). Desde 2008 a la fecha, siempre según el informe del Inai, ejecutó un presupuesto de 97.901.566 pesos (27 millones más de los previstos por la ley 26.554 aportados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) para el desarrollo del relevamiento territorial indígena y el propio Antonio Dell´Elce aseguró que hizo la mitad del relevamiento. De hecho, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN anticipó que a fines de este mes, la Legislatura Nacional aprobaría una nueva prórroga de la Ley 26.160, “la prórroga ya tiene media sanción en el Senado y aspiramos que antes de terminar octubre se logre la otra media sanción para prorrogar la ley hasta el 23 de noviembre de 2017”. Es decir, lo que a fines de 2006 se pensó que se haría en tres años y costaría 30 millones de pesos terminará demandando 11 años y -en el mejor de los casos- un presupuesto cuadruplicado. Esto si se termina el relevamiento en 2017. Explicaciones por la demora Según se aclara en el informe del Inai, la ley 26.160 se aprobó en 2006 pero recién en 2008 se asignó el primer tercio del fondo (10 millones de pesos). Esta etapa 2006-2009 se caracterizó porque los diez escasos convenios firmados entre el organismo de aplicación y las provincias fueron (salvo uno que se ejecutó, el de Jujuy) rescindidos por incumplimiento (Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Chubut, Río Negro, Santa Cruz) y se registra que “se cumplió parcialmente el relevamiento” en Buenos Aires. En este período se ubica además el convenio de 2008 a 2010 con la Universidad de Lanús que se renovó y sigue vigente en la actualidad. En el período 2009 a 2013 se firmaron once convenios (con la Universidad de Lanús, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Neuquén, Chubut, Formosa, Río Negro y Chaco ) y todos están en ejecución. “Los tiempos los marcan las comunidades”“Muchas veces somos criticados de cierta lentitud, pero nosotros estamos en la convicción que cada cartografía es avalada por la comunidad. Por más que tengamos que volver diez veces. Acá hay un pronunciamiento del Estado nacional mediante una resolución administrativa que reconoce la ocupación indígena y ninguna de esas cartografías tienen prosecución se trámites ni firma de una resolución administrativa si no tiene el aval de las comunidades. Preferimos ser criticados pero el trabajo tiene que surgir con excelencia y seguridad técnica; y ser altamente participativo”, aseguró Dell´Elce en Posadas. En este contexto, remarcó que “los tiempos del relevamiento los marcan las comunidades indígenas. Muchas comunidades manifiestan que necesitan un proceso organizativo previo antes de demarcar sus territorios… y el Estado tiene que respetarlos, para nosotros es fundamentar el artículo 14 del Convenio 169 que dice que tenemos que demarcar las tierras, pero también hay un artículo 6 que dice que se debe respetar la participación”. Desalojos de familias indígenas Según el Inai, en los últimos siete años, impidió la concreción del 14 mil desalojos de familias indígenas y de 46 comunidades. Esta cifra fue duramente cuestionada por Endepa por inverosímil. Lo cierto es que cuesta creer que en las 950 comunidades que el Inai contabilizó en 2008 hayan frenado 14 mil desaloyos, un promedio de 14 desalojos evitados en cada comunidad del país. Un dato curioso es que la cantidad de desalojos supuestamente evitados por el Inai no se modificó desde el julio de 2012, cuando notificó esta misma cifra en el comunicado oficial que, la propia Endepa, cuestiona en su informe difundido este año. “El Inai dice que se evitaron con intervención ante la justicia 14.000 desalojos. La cifra sugiere que el organismo evitó, con intervención judicial, esta cantidad de desalojos lo cual es absolutamente disparatado incluso en las provincias con más alta conflictividad judicial. El carácter fantasioso de esta cifra puede ilustrarse con el ejemplo de la provincia del Neuquén, en donde el número de procesos contra comunidades y sus miembros es el más elevado del país y alcanza a unos 70 juicios (sumando las causas civiles y penales) en los que el I
nai no ha tenido la menor intervención. Sin embargo, según el comunicado del Inai, este organismo habría evitado más de 500 desalojos en esa provincia, aunque no haya ninguna constancia de esa supuesta actividad. Es también irreal la cifra de más de 3.400 desalojos que el Inai habría evitado en Salta o la de más de 2.600 que habría impedido en Jujuy. Cualquier persona con un mínimo de información acerca de la situación de las comunidades no puede menos que coincidir con el carácter totalmente imaginativo del comunicado”. “Esto no tiene sentido si no se compran las tierras” Según datos del Inai, desde 2011 a la fecha, seis comunidades aborígenes adquirieron la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. En 2011, con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se expropió a la familia Patrón Costas 19.701 hectáreas que fueron adquiridas por 16.641.934 pesos para la comunidad Kolla Tinkunaku. Además, con fondos del Inai, se compró 264 hectáreas para la comunidad Pozo del Toro (Chaco) por 379.64o pesos; 5.000 hectáreas para la comunidad Epumer (La Pampa) por 1.000.000 pesos; 3 hectáreas para la comunidad Mocoví (Buenos Aires) por 131.698 pesos; 1 hectárea para la comunidad Epu Bafkeh (Buenos Aires) por 340.700 pesos; y 65 hectáreas para la comunidad Comcaiaripi (Santa Fe) por 102.455 pesos. Según detalló el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, el gobierno provincial también adquirió tierras para ponerlas como de dominio comunitario para las comunidades. “Una de las últimas propiedades que se compró está en Concepción de la Sierra donde está la comunidad de la que es cacique Alejandro Méndez, prosecretario de Consejo de Caciques”, puntualizó. Pero el funcionario misionero aseguró que “tenemos que tener en claro que la Ley 26.160 es para relevar los territorios y después tiene que aprobarse otra ley donde la Nación dispondrá de los fondos necesarios para poder adquirir las tierras. Si esta segunda ley no sale, este relevamiento no tiene sentido. Por ejemplo, Alecrín (San Pedro) en tierra de Harriet… cuando uno va a catastro esa propiedad es de Harriet pero esas tierras fueron compradas con la comunidad adentro. ¿Qué hacemos en el relevamiento? Demarcar la superficie de tierra que necesitan las 170 familias de Alecrín para vivir según sus creencias y costumbres”. Hectáreas relevadas Hasta agosto de 2013, el relevamiento territorial indígena había demarcado 4.494.517,79 hectáreas ocupadas por 465 comunidades aborígenes en todo el país. Todavía restan relevar -según un universo estimado- otras 485 comunidades indígenas que ocuparían cerca de 4.500.000 hectáreas. Llama la atención del informe del Inai algunos datos contradictorios. Por ejemplo, en Córdoba, donde se dice que el relevamiento culminó, se relevaron 6 comunidades y 0 hectáreas. Lo mismo ocurre en Entre Ríos donde se relevaron 2 comunidades y 0 hectáreas. También llama la atención el relevamiento en Buenos Aires donde se registran 24 comunidades y sólo 5,28 hectáreas relevadas. En agosto de este año, según el documento, en Misiones se habían relevado 35 comunidades y 46.682,57 hectáreas. En septiembre, Dell´Elce detalló que ya se había terminado el trabajo en otras dos aldeas mby guaraní.
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