POSADAS. La situación es crítica, tanto que las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial no tuvieron más alternativa que solicitar una respuesta por parte de la Justicia. En la Unidad Penal VI de Miguel Lanús, el Instituto de Encausados y Procesados, hay celdas en las que conviven hasta 12 presos. Lo desesperante es que cada calabozo está diseñado para alojar a apenas 4 reos.El drama fue confirmado a PRIMERA EDICIÓN por fuentes cercanas, quienes coincidieron en que esa realidad viola todo tipo de derechos constitucionales, además de que genera una situación que afecta directamente la seguridad en el centro de detención emplazado al sur del Gran Posadas.En ese sentido, aseguran que desde la UP-VI ya no pueden albergar a más reos y que, salvó casos excepcionales, se ven obligados a rechazar a diario a los detenidos procesados que llegan en patrullas de la Policía y que deben regresar a las comisarías, donde se vive una situación similar, como este medio publicó en mayo pasado en un informe especial (ver “Las comisarías, también repletas”).La precaria situación afecta directamente a los propios efectivos del SPP, que trabajan sobreexigidos, y a los internos, muchos de los cuales no tienen lugar donde dormir y deben hacerlo en el piso.Aunque oficialmente la UP-VI cuenta con espacio para 230 presos, las fuentes aseguran que esa capacidad se ve claramente superada en las últimas semanas y que el número de internos treparía hasta llegar incluso cerca de los 300. El principal problema tendría que ver con que varios presos con condena firme permanecen allí aún en una suerte de “privilegio”, cuando deberían ser trasladados a las penitenciarias de Eldorado, Oberá o Loreto.Condenados, al por mayorLa misiva contó con la propia firma del alcaide general Miguel Ángel Maidana, actual director general de la fuerza encargada de la guarda y custodia de los presos detenidos en las distintas cárceles de la provincia.En la misma, las autoridades penitenciarias hablaron de la superpoblación que actualmente se observa en la UP-VI y directamente rogaron por el traslado de varios condenados que permanecen en el lugar, preparado para albergar exclusivamente a reos cuyo proceso judicial actualmente se encuentra abierto.En ese sentido, trascendió que en el Instituto de Procesados y Encausados de Miguel Lanús hay un importante número de presos con condenas firmes que ya no deberían estar allí, sino en las colonias penales de Loreto (UP-I), Oberá (UP-II) o Eldorado (UP-III), creadas para tal fin.Sin embargo, hay quienes aseguran que los mismos siguen allí a modo de “privilegio”, ya que el grado de violencia interna es mucho menor en los pasillos del complejo de Miguel Lanús que en las cárceles del interior provincial.La nota del SPP fue enviada a los juzgados de instrucción con asiento en Posadas y deja claramente al desnudo la sobrecarga con la que se trabaja tanto en el sistema carcelario como en la Justicia. Además, refleja también el escaso interés de las autoridades políticas en cambiar la realidad que se vive dentro de las cárceles misioneras. Ese es, quizás, el centro de la cuestión.Las fuentes aseguran que la superpoblación en los pabellones de la UP-VI llevó a que en celdas con capacidad para 4 internos, hoy por hoy convivan entre 8, 10 y hasta 12 personas. Esa realidad impone a que, en el mejor de los casos, un colchón deba ser compartido por dos reos. La opción que queda es dormir en el piso, sobre una frazada, como deben hacer varios.Demasiado lejos del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, parece mantenerse la realidad de las cárceles misioneras, otro punto más en contra de la reinserción a la que debe apuntar el sistema. Trabajo de riesgo: tres guardias deben controlar a unos 80 internosMás allá de que afecta directamente a los presos y viola todo tipo de derechos constitucionales y tratados internacionales, la situación también genera una importante sobrecarga a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial, que deben velar por la seguridad en los pabellones.En ese sentido, una fuente le reveló a este medio que ante el número actual de internos que permanecen en la UP-VI, la estadística indica que una “guardia interna”, como se le denomina a los grupos de trabajo puertas adentro de cada pabellón, debe lidiar con poco menos de un centenar de reos.Lo llamativo y preocupante es que cada una de esas guardias está conformada actualmente por apenas 3 efectivos del SPP. Es decir que aproximadamente el trío de uniformados debe mantener la seguridad de unos 80 internos por turno. Los números lo dicen todo.Prácticamente esa es la misma situación que se vive en las otras unidades penales de la provincia. Justamente en una de ellas -la UP-II de Oberá- y como este diario informó ayer fue que un grupo de internos intentó amotinarse. Afortunadamente, la guardia logró actuar de manera preventiva y evitó una acción que podía haber dejado consecuencias graves. Las comisarías, también repletasComo PRIMERA EDICIÓN publicó en su edición del pasado 26 de mayo, la situación por la que atraviesa actualmente la UP-VI va de la mano con lo que sucede en las seis comisarías posadeñas “habilitadas” para la detención de presos procesados, más allá de que los mismos por ley deben permanecer en un centro especial de detención hasta el final del proceso.En aquel informe se estableció que poco más de cien presos procesados permanecían en las sedes policiales, ocupando recursos humanos y materiales que, en realidad, deberían ser utilizados para la seguridad pública y no para guarda y custodia de los imputados.
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