OBERÁ. Un intento de motín por parte de internos de la Unidad Penal II del Servicio Penitenciario Provincial fue desbaratado a segundos del caos por efectivos de esa fuerza, aunque una vez más todo apunta a la falta de rigurosidad en los controles y a la grave situación que se vive en las cárceles de la provincia.La tentativa fue “ensayada” el último miércoles por la tarde por un grupo de seis presos, considerados “cabecillas” del episodio, entre los que se encuentra un sospechoso por el crimen de Ángel Altísimo y un reo que a principios del año pasado permaneció casi cinco días en la clandestinidad luego de fugarse del mismo complejo penitenciario.Para evitar nuevos intentos, los seis “organizadores” del frustrado motín fueron trasladados a otras unidades penales, aunque una vez más quedó en el tapete la realidad del sistema carcelario misionero -y del país- que ya había salido a la luz mediante una serie de informes publicados por PRIMERA EDICIÓN meses atrás.Levantamiento Fuentes del caso contaron que todo sucedió en horas de la tarde del último miércoles en la UP-II, emplazada a unos seis kilómetros del centro de Oberá, considerada de mediana seguridad.Allí, un grupo conformado por al menos seis presos intentó rebelarse y tomar el control de la prisión. Entre los “cabecillas” figura un interno de apellido Ferreyra, sindicado como el autor del homicidio de Ángel Altísimo en El Soberbio, perpetrado el 22 de junio pasado aparentemente mientras éste gozaba de una salida transitoria, y otro de apellido Meza, quien en febrero del año pasado escapó de la UP-II y días después “negoció” la fecha de su juicio por abuso sexual para entregarse.Ferreyra y Meza, junto a otros cuatro internos, aparentemente intentaban convencer a otros “líderes” de la población penal y a punto estaban de rebelarse y atacar a los penitenciarios cuando efectivos de guardia se enteraron de la situación.Entonces, los uniformados alcanzaron a cerrar todos los pabellones con candado y controlaron el intento hasta la llegada de refuerzos. Dicen que fue “al filo” de la anarquía: si demoraban algunos minutos más, la historia hubiese sido otra.Pese a que la situación fue controlada, el clima de tensión se mantuvo durante toda la noche y recién el jueves la cárcel volvió a la normalidad, una vez que la Justicia ordenó el traslado de Ferreyra, Meza y un tercer involucrado a la Unidad Penal I de Loreto, catalogada también como de mediana seguridad. En tanto, otros tres sospechosos de sumarse al intento de amotinamiento fueron trasladados a la Unidad Penal III de Eldorado.IrregularidadesEl episodio, en el que se pudo haber derramado sangre y que afortunadamente no pasó a mayores, dejó en claro la situación por la que atraviesa el sistema carcelario en la provincia.Fuentes que por razones obvias prefirieron no develar su identidad aseguraron que, más allá del rápido accionar de los efectivos del SPP para controlar el intento de motín, el episodio una vez más deja a la vista la falta de rigurosidad en los controles a los internos.Esa grave irregularidad permanece más allá de la denuncia realizada por este medio en una serie de artículos publicados entre abril y mayo últimos, donde mediante material fotográfico quedó probado que los reos pueden “comprar” beneficios tras las rejas, como la obtención de un teléfono celular o la posibilidad de conciliar un encuentro sexual en una de las “carpas” que, a la vista de todos, se armaban en los patios de la UP-III de Eldorado en los días de visita.Además de esas faltas, se conoció también que parte de los penitenciarios “repartía” los alimentos que llegaban para los presos y que, por ejemplo, hasta había internos que salían de prisión sin autorización judicial ni requisitos mínimos para acceder al beneficio de la libertad condicional.El escándalo llegó incluso a los medios nacionales, donde más allá de que es una situación que se da en otras provincias, llamó poderosamente la atención de periodistas y de la opinión pública en general.Ante la investigación que llevó adelante la Justicia, cuatro altos mandos de aquel complejo penitenciario fueron procesados por los delitos de “abuso de autoridad, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.Sin embargo, nuevas denuncias de irregularidades pusieron otra vez en la mira a la UP-III eldoradense (ver “Otra vez en Eldorado”). Es que en las cárceles misioneras, según parece, la línea entre lo legal y lo ilegal es demasiado angosta. Interno trató de robarle el arma a un agenteOtra situación de máxima tensión se vivió días atrás, también con agentes del Servicio Penitenciario Provincial y un interno de la Unidad Penal II como principales protagonistas.Fue a media mañana de un día de semana, en momentos en que efectivos de la División Traslados regresaban del tribunal penal con un preso de apellido Cantero, según la información que llegó por medio de las fuentes.Todo transcurría normalmente a bordo del móvil de traslados, hasta que en determinado momento el reo se levantó de la butaca y trató de quitarle el arma reglamentaria a uno de los efectivos de la fuerza penitenciaria.En esos momentos se armó una escaramuza entre los penitenciarios y el preso, que afortunadamente acabó segundos después sin heridos y con el sujeto nuevamente reducido.Luego del episodio, de regreso al complejo penal obereño, Cantero aparentemente fue derivado al pabellón de indisciplina.Las fuentes contaron que el sujeto permanece recluido en el lugar por una sumatoria importante de causas. Tiene antecedentes por varios delitos y aguarda por la resolución judicial.Quienes saben aseguraron que es el mismo que varios años atrás, cuando todavía era un menor edad, le disparó a un policía provocándole una lesión en una pierna.En aquel momento, debido a su edad, fue entregado para guarda y custodia a sus padres, aunque las fuentes aseguraron que ya no pudo alejarse del mundo delictivo, que finalmente lo terminó llevando a una de las celdas de la Unidad Penal II obereña. Otra vez en EldoradoDurante la última semana, la Justicia provincial volvió a ordenar un allanamiento en la Unidad Penal III del Servicio Penitenciario Provincial, en Eldorado.Esta vez, el motivo fue una serie de denuncias que aseguran que desde el interior del complejo penal los presos realizan llamadas extorsivas con el fin de llevar adelante los denominados “secuestros vir
tuales”.Las fuentes contaron que serían varias las denuncias realizadas que apuntaron contra números de teléfonos celulares que podrían pertenecer a internos, con la gravedad que eso supone.Meses atrás, en abril, PRIMERA EDICIÓN había publicado un informe e incluso fotografías que mostraban a presos de esta Unidad Penal con teléfonos celulares.Aunque la cúpula fue descabezada y hubo cuatro procesados, nada parece haber cambiado en el complejo carcelario, que aparece otra vez en la mira.
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