POSADAS. Ante la falta de estructura propia y la necesidad de contar con recursos genuinos y frescos, varios municipios cedieron las facultades propias de cobro a la Dirección de Rentas de la Provincia, a través de la firma de convenios de “cooperación”.Se trata de las municipalidades de San Vicente, San Martín y Santa María, cuyos concejos deliberantes respectivamente aprobaron las ordenanzas 19/2013 ; 4/2013 y 4/2013, por la cual se aprobó el acuerdo firmado por esas municipalidades con la DGR provincial. En los dos primeros casos en abril y en el último, en junio.Con estos convenios, la entidad recaudadora provincial queda a cargo de “los procesos de determinación, gestión de cobro de tasas y derechos, orientados principalmente a aquellos de extraña jurisdicción” como, por ejemplo, “publicidad y propaganda” y “habilitación e inspección de estructuras, soportes portantes de antenas, equipos y elementos complementarios”, según las respectivas ordenanzas de cada municipio.Los tres convenios son iguales y relativos, entre la DGR y cada comuna.Además se deja abierta la “posibilidad de incluir en el convenio y con autorización del Concejo Deliberante otras tasas o derechos que el municipio determine mediante actas complementarias”.“A los efectos de cubrir los gastos que pueda tener por la cooperación encomendada, la Dirección General de Rentas retendrá el equivalente al 30% neto de los tributos efectivamente recaudados, transfiriendo el 70% a la cuenta operativa de la municipalidad, comprometiéndose la transferencia dentro de los cinco días posteriores a que se hayan acreditado los mismos en la cuenta de la DGR, creada a tal efecto”, se indica en la ordenanza de San Vicente. En los otros casos la redacción es prácticamente la misma.El organismo provincial podrá realizar el trabajo por su cuenta o “por terceros el procedimiento administrativo tributario de cobranza y ejecución judicial a los responsables o sujetos pasivos de los gravámenes” de publicidad y propaganda, y estructuras para antenas.La municipalidad se compromete a entregar toda la documentación “necesaria para el inicio y terminación de la gestión de cobro y procedimiento administrativo y judicial que se inicie”. Por otra parte, se establece un plazo de cooperación de cinco años, plazo que puede ser renovado automáticamente por igual período, salvo que la municipalidad resolviera no hacerlo.El convenio, al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, señala además que la DGR provincial no tiene “necesidad de rendición de cuenta” por el convenio, ni se aceptará reclamo de aumento. La DGR se hará cargo de los recursos humanos y profesionales para brindar el “servicio”.
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