POSADAS. Desde hoy hasta el jueves se realiza en la ciudad de Cotia, São Paulo, el Encuentro Nacional del Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB), donde se esperan unas 5 mil personas de Brasil y representantes de Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, México, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Bolivia así como también de África y Europa. De Misiones viajará una delegación compuesta por integrantes de distintas organizaciones sociales y de la Asociación de Trabajadores del Estado vinculadas a la temática, que arribará acompañada por pobladores de Poto Mauá, el pueblo que, al igual que varios de Misiones, podrían verse seriamente afectados si se llegara a concretar el emprendimiento hidroeléctrico Garabí/Panambí, que fuera recientemente paralizado por manifestaciones de afectados en la localidad brasileña de Alecrim, donde se pretende emplazar la usina Panambí.PRIMERA EDICIÓN seguirá las instancias del encuentro en todo su desarrollo de manera presencial a través de un enviado especial. Objetivos“El objetivo del evento es hacer una movilización para que el Gobierno federal instituya una Política Nacional de Derechos para estas poblaciones, además, discutir la política energética nacional y denunciar las violaciones de derechos humanos que suceden sistemáticamente en las represas en todo el país y en todo el continente”, informaron desde la organización.“La única garantía jurídica existente en Brasil con respecto al tema represas, es el decreto de Ley 3.356 de 1941, que reconoce como afectados a los propietarios de tierra con escritura que fuesen desapropiados y establece la indemnización en dinero como única compensación. Ese es uno de los principales factores para que apenas 30% de los afectados reciba algún tipo de indemnización en el país”, señalaron.En Brasil ya fueron construidas más de 2 mil represas, que despojaron de sus lugares de origen a un millón de personas. Actualmente 45 grandes y medianas represas están en etapa de construcción y se proyectan oficialmente casi cien más hasta 2021.Políticas energéticas en debateCon relación a las políticas energéticas a debatirse en el encuentro, existe ya una clara postura del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil contra las subastas de petróleo y el alto precio de las tarifas de energía. Para la coordinadora nacional del MAB, Liciane Andrioli, el Encuentro Nacional “es un momento más para que la clase trabajadora vaya a las calles. Además buscamos reivindicar nuestras banderas de lucha específicas, como la aprobación de una política pública que dé garantía jurídica a las y los afectados; este es un momento muy especial en la coyuntura en el cual toda la clase trabajadora tiene que unirse en torno a un proyecto popular para Brasil”.Por su parte, la referente del MAB de Minas Gerais, Soniamara Maranho, señaló que “agua y energía con soberanía, distribución de riqueza y control popular es la consigna que orienta este Encuentro Nacional del MAB. Las masivas movilizaciones populares que ocurrieron en las principales ciudades del país legitiman la lucha de los afectados y afectadas por represas y coloca en la agenda política y social de ese país la temática energética y los posibles resultados del Encuentro en un lugar destacado”. “Los afectados son la contradicción del sistema”Asimismo, recordó que “hasta nuestro encuentro anterior el MAB trabajaba mucho con los afectados, que son la contradicción del sistema. Desde entonces, en 2006, cuando hicimos ese Encuentro Nacional en Curitiba, comenzamos a cuestionar mucho el modelo: a cuestionar para qué y para quiénes es la energía. Comenzamos a percibir que el modelo energético que transforma la energía en una mercancía”.Andrioli agregó que “la sociedad que nunca salió a las calles, nos mira hoy, después de las movilizaciones de junio en las principales ciudades de Brasil, con otros ojos. Esto facilita y al mismo tiempo nos da una responsabilidad mayor en cuanto movimiento social, de que las luchas en el futuro tendrán que ser organizadas, tendrán que tener banderas y una estrategia clara de ayudar a construir un proyecto popular a través de las manos de los trabajadores”. Garabí: ahora intendentes piden informes El evidente rechazo popular a la construcción de más mega represas en los ríos que atraviesan la provincia, sumado a la pérdida de la mitad de los votos el pasado 30 de junio, forzó a los veinte intendentes renovadores que conforman la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (Codeim) a efectuar un “endurecimiento” en la postura sobre el complejo Garabí-Panambí.Reunidos en el municipio de Panambí, donde su intendente, Joaquín Olivera, resultó electo diputado provincial y junto al de Corpus levantó las banderas pro-represas en la campaña electoral pasada, los jefes comunales oficialistas anticiparon el pedido de una reunión con el consorcio argentino-brasileño que realiza los estudios de impacto de Garabí.“Llegó el momento de comenzar a socializar la información sobre las represas y para eso debemos comenzar a exigir, a quienes manejan esa información, que nos sea transmitida para que podamos bajarla a los vecinos de nuestros municipios, quienes están totalmente confundidos respecto a esta cuestión (…) Los municipios afectados de manera directa por las eventuales obras de esta hidroeléctrica debemos indefectiblemente exigir que se realicen con anterioridad todas las obras complementarias, para luego avanzar con el corte del río. Eso es lo lógico”, manifestó Olivera al pedir firmeza a los demás colegas alcaldes respecto a la construcción de Garabí.La reunión realizada a la vera del río Uruguay estuvo presidida por el titular de la Codeim e intendente de San Martín, Horacio Olivera. Estuvieron también Mario Lindemann (25 de Mayo y electo diputado provincial); Ewaldo Rindfleisch (Oberá); Carlos Sartori (Campo Grande); Nelson Carvalho (Alba Posse); Rubén De Lima Natividade (San Javier); Waldomiro Dos Santos (San Vicente); y Ana Aguirre (Campo Ramón), entre otros.Hasta ahora, quienes venían solicitando información mediante todos los mecanismos posibles (manifestaciones, notas, entrevistas con autoridades) eran las entidades ambientalistas, partidos políticos no oficialistas y organizaciones que integran la Mesa Provincial del No a las Represas, que supo presidir hasta su fallecimiento el obispo emérito de Iguazú Joaquín Pi&am
p;ntilde;a. Sin embargo, desde el Gobierno se minimizaba el pedido y hasta se cuestionaba duramente el accionar de los mencionados. Pero la voz del electorado mediante el voto, tanto el 30 de junio como el 11 de agosto, llevó a la veintena de jefes comunales a cambiar rápidamente el discurso.
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