POSADAS. Muchos docentes misioneros, especialmente del nivel secundario, adhirieron ayer a la jornada de análisis y debate sobre el proyecto de ley del Instituto Provincial de Formación Docente presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira. Una jornada de análisis que fue convocada como “paro con asistencia de los docentes y sin atención de alumnos” por parte del Frente Gremial Docente como única alternativa desde el ámbito gremial ante la falta de consulta al sector.Según indicó a PRIMERA EDICIÓN la secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones (Udnam), Estela Genesini, en los próximos días recabarán las conclusiones de las distintas escuelas sobre este proyecto de ley y elaborarán un documento conjunto. “Así como enviamos a los diputados, al ministro de Educación (Luis Jacobo), al presidente del Consejo General de Educación (Adolfo Safrán) y al Instituto Nacional de Formación Docente copia del proyecto de ley y un informe con todas las críticas y cuestionamientos que hacen los especialistas al proyecto; enviaremos también este documento con las opiniones de los docentes”. Según confirmó Genesini, la secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), Silvina Cruciani Ricci, “nos escribió para avisarnos que pondrá en conocimiento sobre este proyecto a la dirección del INFD”. “Es inconstitucional” “Hay muchas razones para rechazar este proyecto de Instituto Provincial de Formación Docente, uno de ellos es porque es inconstitucional pues la Constitución Provincial establece en su artículo 43 que el Consejo General de Educación (CGE) es el único organismo que rige y administra la educación en la provincia. En cambio, este instituto será manejado por la Sociedad del Centro del Conocimiento y al que se destinará fondos públicos para su funcionamiento. Según el proyecto de presupuesto, se destinará alrededor de 100 millones de pesos. En otras palabras, en vez de que el Estado sea garante de la formación docente se pretende tercerizar la actualización docente”, advirtieron Genesini y la dirigente Mónica Gurina. Criticaron que “de acuerdo al proyecto, esta fundación (Sapem) se encargará de la formación y capacitación docente sin ningún control de cómo se gasta ese dinero por parte del Estado, algo similar a los que ocurre hoy con la Fundación del Parque de la Salud. Las fundaciones están exentas del control del Tribunal de Cuentas. El Gobierno ya tiene dos fundaciones, la del parque de la Salud y la del Centro del Conocimiento; ahora quiere hacer una tercera porque las fundaciones son cajas del Gobierno para derivar fondos y poder usarlos a su gusto”, advirtió Gurina.Indicaron que “los docentes en las escuelas exigen que se garantice la formación y capacitación gratuita y en servicio. Eso no está en el proyecto, nos quieren vender espejitos de colores”, remarcaron.
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