MONTEVIDEO, Uruguay (AFP-NA). El país dio un nuevo paso hacia la legalización de la marihuana, luego que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que, de ser ratificado en el Senado, convertirá al Estado en el primero en el mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis.El texto fue aprobado la noche del miércoles por 50 votos en 96, tras casi catorce horas de debate, solo con el respaldo de la izquierda gobernante Frente Amplio (FA), que también tiene mayoría en el Senado.La votación fue recibida con aplausos por poco más de un centenar de defensores de la legalización del cannabis, que presenciaron la sesión desde las barras.“Es un primer paso”, dijo a la AFP Martín Collazo, vocero de “Regulación responsable”, organización que ha promovido el proyecto mediante campañas públicas. “Como consumidor es importante la ley porque la calidad de lo que vamos a consumir la vamos a controlar nosotros”, celebró a su vez William, de 21 años, defensor del autocultivo. “No vamos a tener que recurrir al narcotráfico, que nos venden la marihuana con un montón de sustancias que no queremos consumir”, precisó.El polémico proyecto, promovido por el gobierno de José Mujica, es visto con recelo por la población: según una reciente encuesta el 63% de la población no lo respalda.“Con esta ley no pretendemos resolver todos los problemas pero sí vamos a demostrar (…) que por cada persona que se pase del mercado negro al mercado regulado vamos a tener una victoria”, aseguró poco antes de la votación el diputado oficialista Julio Bango.Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización.El proyecto de ley -lanzado en junio de 2012 en el marco de una serie de medidas para combatir el aumento de la violencia- prevé que el Estado asuma el control y la regulación de la importación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados.Tras registrarse, los usuarios podrían comprar hasta 40 gramos mensuales de cannabis en farmacias, pero también se permitirá el autocultivo.La Junta Nacional de Drogas (JND) estima que en el país se comercializan anualmente unas 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre 30 y 40 millones de dólares.Según la última encuesta de la JND, en Uruguay hay unos 20.000 consumidores diarios de marihuana en un total estimado de 120.000 consumidores. La Asociación de Estudios del Cannabis estima no obstante que las cifras son mayores y que hay unos 200.000 consumidores habituales.El Gobierno se basó en experiencias de otros países para elaborar “un modelo propio”, dijo a la AFP Julio Calzada, secretario general de la JND. “Es un modelo posible para Uruguay, en las condiciones que Uruguay tiene, de 3 millones y medio de habitantes, de una geografía muy controlable, de una experiencia de producción agrícola y floral muy importante”, sostuvo, indicando que el país no quiere “marcarle el camino a nadie”.Pero además de las dudas en la población, el hecho de que el cannabis vaya a ser vendido en las farmacias ha despertado la aguda resistencia de los químicos farmacéuticos.“No estamos de acuerdo con la venta de una droga de abuso en una farmacia, que es considerada un centro de salud”, dijo a la AFP Virginia Olmos, presidenta de la Asociación de química y farmacia del Uruguay.La Asociación aceptaría vender la droga “si se establecen sus propiedades farmacológicas y se dispensa como un medicamento, bajo prescripción médica”, sostuvo.Si bien aún no está fijada una fecha para que el Senado apruebe la iniciativa, varios diputados opositores ya anunciaron que de completarse la legalización del cannabis promoverán un referendo para derogar la norma. Claves• A nivel internacional, el proyecto estatal uruguayo ha recibido el respaldo de ex presidentes miembros de la Comisión Global de Política de Drogas, que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado, y la Organización de Estados Americanos (OEA).• En la vereda de enfrente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el plan violaría los tratados internacionales sobre control de drogas, ratificados por el país sudamericano.
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