BUENOS AIRES (DyN). El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue citado a declaración indagatoria como imputado en una causa penal, por las multas que impuso a consultoras que medían un índice de inflación superior a las estadísticas del Indec.Fuentes judiciales informaron que el juez federal Claudio Bonadío imputó al secretario los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, convocándolo a declaración indagatoria para el próximo miércoles 10.También han sido citados a indagatoria tres funcionarios “morenistas” de la Secretaría: Guillermo David; Fernando Carro, director nacional de Comercio Interior; y Adalberto Rotella, director de Lealtad Comercial; los dos primeros el jueves 4 y el lunes 8 será el turno del tercero.Así, Moreno y sus subordinados debutarán en los tribunales federales declarando como acusados, un rol inédito para el secretario de Comercio que ha visitado varias veces la sede judicial de Comodoro Py 2002 pero siempre en su papel de denunciante.Los delitos que el juez imputa a Moreno y sus hombres figuran tipificados en el artículo 248 del Código Penal de la Nación y están castigados con “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo”.Esta causa penal se inició por una denuncia del economista Jorge Todesca, ex viceministro de Economía del gobierno de Eduardo Duhalde y titular de la consultora Finsoport, una de las multadas con medio millón de pesos por Moreno luego de que divulgaran una inflación mayor a la oficial.Los fundamentos de las sanciones que aplicó Moreno se basaron en la aplicación del artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial. Ese artículo le permite al Estado multar a una empresa que, mediante publicidad inexacta, induce a engaño a los consumidores.El juez Bonadio consideró que la Secretaría de Comercio no tenía facultades para multar a las consultoras privadas que medían una suba de precios distinta a la del Indec.En mayo pasado, la Cámara en Contencioso Administrativo dejó sin efecto las multas de la Secretaría al considerar que la conducta imputada a las consultoras “no se encontraba tipificada en el artículo 9 de la Ley 22.082”.Si bien las mediciones alternativas de inflación fueron habituales en la década del 80 y principios de los 90, la manipulación de las estadísticas oficiales a partir de enero de 2007 hizo despertar un mayor interés a su difusión. La polémica con el IndecEn enero de 2007 se desplazó a la funcionaria de carrera Graciela Bevacqua de la Dirección de Índices de Precios de Consumo del Indec y se nombró en su lugar a Beatriz Paglieri, actual secretaria de Comercio Exterior.Bevacqua, al igual que otros técnicos del Indec, fue relegada debido a su negativa a avalar lo que consideraba una manipulación de las estadísticas oficiales, algo penalmente castigado por la Ley 17.622.Desde entonces, los índices mensuales de precios al consumidor del Indec se ubicaron por debajo de cualquier medición privada o de las direcciones de estadística de las provincias.A partir de 2011, aduciendo supuestas actitudes en perjuicio de los consumidores, Comercio Interior intimó a varias consultoras a dejar de publicar sus mediciones y, en algunos casos, llegó a aplicarles multas de medio millón de pesos.Para poder seguir dando la información sin temor a represalias, una decena de consultoras aporta su información a diputados de la oposición, que mensualmente dan a conocer un promedio de inflación en base a esas mediciones.
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