POSADAS. La Asociación Civil Esperanza de Vida solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, que elabore un proyecto de ley de Protección Integral a las Personas trasplantadas en Misiones. El pedido fue acompañado por copias del proyecto de ley nacional que ya tuvo media sanción del Senado y ahora está para su análisis en Diputados. También por la Ley de Corrientes en esta materia. La iniciativa busca brindar un sistema de beneficios y contención a las personas que recibieron un trasplante como pasó también a aquellas que esperan un órgano para ser implantado. Incluye la cobertura del 100% en medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud. También accederán a un certificado que les permitirá viajar gratuitamente en transporte terrestre de pasajeros, en el trayecto que medie entre el domicilio de aquellas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. Además, accederán a planes y medidas que faciliten el acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que su condición les demande. Contempla ademas, la posibilidad de que el empleador pueda deducir un 70% en el Impuesto a las Ganancias en cada período fiscal, sobre las retribuciones que abone a trabajadores trasplantados o en lista de espera. Estos, además, recibirán una asignación mensual no contributiva equivalente a la pensión por invalidez siempre que estén en situación de desempleo forzoso y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Actualmente, se encuentran registrados en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) más de 18 mil personas trasplantadas, alrededor de 13 mil de órganos y 5 mil de tejidos. Según fuentes del referido instituto, el 55% de las personas han recibido un trasplante y se encuentran en edad de trabajar, no poseen empleo. Ello es así porque, luego del trasplante, el ciudadano beneficiado carece de cobertura legal, si bien tiene beneficios médicos, su inserción social es casi nula. El ciudadano se convierte en un paciente trasplantado dependiente de la cobertura del Estado.
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