ELDORADO. Cinco meses y seis días después de la liberación de María Ovando (37), la juez de Familia Margarita Potschka de esta ciudad determinó que sus hijas, de dos y cuatro años, y su nieta, de siete, que se encontraban bajo el cuidado de su abuela paterna en Puerto Esperanza, volvieran con ella. Tras una breve audiencia realizada ayer, las tres niñas pasaron su primera noche bajo el mismo techo que su madre.Dos años y un mes pasaron desde la detención de María, quien fue acusada por el juez Roberto Saldaña de “abandono de persona calificada por la muerte resultante y por el vínculo”, tras el deceso de su hija Carolina en marzo de 2011.Un día histórico“Estamos contentos sí, fue un trámite muy rápido esta mañana y ahora las nenas ya están conmigo, ya les preparé sus camas para que duerman acá”, señaló Ovando en diálogo telefónico con PRIMERA EDICIÓN.A partir de ahora mediará un proceso de adaptación en que participará la suegra de María, quien está predispuesta a colaborar con ella, cosa que no ocurre con su propia madre, quien tiene a cargo a Roque (7) y a Andrea (7), en Mado. “Ahora necesito conseguir una casa propia, en lugar de estar pagando un alquiler para esta casa -lo abona Desarrollo Social de la Nación, pero la casa es bastante precaria, tiene goteras y problemas en la instalación de luz y agua- me ayuden con una casa que pueda ser nuestra, así podemos estar mucho mejor con mis hijos”, agregó María, quien asegura que no bajará los brazos hasta recuperar a sus hijos y conseguir una vivienda digna, una como nunca en su vida tuvo, pese a que ella y sus hijos tienen ese derecho, tal como reza la Constitución Nacional.Dos años lejosCasi 800 días pasaron desde la triste jornada de marzo de 2011 en que el juez Roberto Saldaña ordenó la detención de María al acusarla de abandono de persona, tras la muerte de su hija Carolina, lo que implicó que le arrebataran de sus brazos a su pequeña -hoy de dos años- que entonces tenía solo tres meses y estaba siendo amamantada por María. Desde entonces, Ovando fue detenida en el Penal de Mujeres de Miguel Lanús, sin saber dónde estaban sus hijos y sin respuestas tras el pedido de prisión domiciliariaEn aquel momento al juez Saldaña no le importó que, previo a la muerte de Carolina, Ovando viviera en extremas condiciones de pobreza, fuera analfabeta y víctima de violencia familiar. Tampoco juzgar a su concubino, Demetrio Ayala, padre de algunos de los hijos de María, quien entonces vendió las pertenencias familiares y se marchó de la zona.Mucho por resolver aúnDesde su liberación, en noviembre de 2012, María está viviendo en una precaria casa alquilada del barrio Sawer, ubicado en el kilómetro 5 de Eldorado, junto a sus hijos mayores.Ellos son Juan Ramón (23), Manuel (19), Catriel (17) y Ana (21), que tiene un bebé de ocho meses y un hijo de tres años. Todos van a la escuela primaria que queda a diez cuadras, ya que al igual que su madre, anteriormente no pudieron terminarla. Ana acude salteado, pues tiene que cuidar a sus hijos y no cuenta con un cochecito para trasladar al bebé en el camino de pendientes muy pronunciadas y tosca.Cada quince días María va al servicio de Salud Mental del hospital Samic de Eldorado (en el marco de la Ley Nacional 26.657 la salud mental está determinada por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona).Respaldo comunitario más que estatalMaría visitaba semanalmente a sus hijas en Esperanza y lo sigue haciendo con sus niños que continúan viviendo en Mado. Va en colectivo y, si no tiene dinero para el pasaje, a pie, caminando horas y horas. Su preocupación constante, además de aprender a leer y escribir y terminar la escuela, era acondicionar su casa para recibir a sus hijas. Por sus propios medios había conseguido un trabajo para limpiar una casa de familia. Ahora no continuará en el mismo, ya que necesita tiempo para cuidar a sus hijas, no obstante, hace a un mes comenzó a recibir la pensión por madre de siete hijos -que apenas supera los 2 mil pesos-, aunque ese es un beneficio que debería haber comenzado a obtener hace trece años.El alquiler de la casa en que vive es pagado por el Ministerio de Desarrollo Social nacional y los gastos de agua y luz los afronta con ayuda de otros vecinos solidarios.El municipio aporta vales semanales para alimentos por 200 pesos, que María puede canjear en un supermercado ubicado a dos kilómetros de su casa. Muchas veces debe ir a pie, ya que no tiene dinero para el pasaje de colectivo -el municipio le otorga sólo diez pasajes por semana para el transporte local-.El Ministerio de Desarrollo Social provincial le proveyó de un horno para la casa y una motoguadaña para que los hijos mayores puedan usar en tareas de corte de pasto en viviendas del barrio y Acción Social de Eldorado le dio dos cuchetas para contar con camas para sus hijos menores. El Ministerio de Derechos Humanos le brinda algún tipo de respaldo legal. En definitiva, las respuestas son muy dispersas.Quince años más tarde….“Con María se está haciendo todo un trabajo que se debía haber hecho hace casi quince años, ya que ella tiene antecedentes de haber sufrido violencia familiar. Entonces, hace quince años ella debía haber asistido a un servicio de salud mental desde donde se apuntara a mejorar sus condiciones habitacionales, laborales y sanitarias”, señaló a PRIMERA EDICIÓN Gerardo Segovia, licenciado en Trabajo Social y Técnico de al Subsecretaría de Agricultura Familiar, que integra un grupo de profesionales que voluntariamente acompaña a María desde que fue privada de su libertad. “Hasta el momento no hay un equipo que acompañe el proceso que transita María y que articule las acciones de los distintos sectores del Gobierno, que son escasos y fragmentados”, agregó.
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