OBERÁ. “No contestó a las preguntas y hasta en principio negó los reclamos”, señaló el convencional constituyente de Oberá Rafael Pereyra Pigerl para reflejar la disconformidad de los socios de la CELO con el síndico Guillermo Monge, quien el pasado viernes recibió a un importante número de vecinos a raíz de los malos servicios de agua y energía que brinda la cooperativa, pero que no conformó con sus respuestas ni con las alternativas de solución esperadas. Tampoco dio a conocer los resultados de la auditoría encargada por él mismo y que determinó los nombres de los responsables del descalabro financiero de la entidad, por lo que los socios acordaron una nueva reunión, el próximo 10 de mayo, para que finalmente el síndico entregue una copia del resultado de la auditoría, en tanto también esperarán las respuestas que no obtuvieron el viernes pasado.La reunión entre usuarios y el síndico Guillermo Monge se llevó a cabo el viernes, en un salón de la cooperativa. “La idea era que informara a socios y usuarios sobre una serie de preguntas que acercamos por escrito días antes, en ejercicio de nuestro derecho a estar informados sobre la marcha de la entidad, pero el síndico dijo que sobre el tema agua potable no podía informar porque un ingeniero a cargo del sector no contestó las preguntas elevadas”.Pese a ello, se le preguntó por qué no se cumplió con el decreto 1.270 que establece la entrega de agua en forma directa a los socios e instituciones ante cortes prolongados. “En un principio negó los reclamos, pero no le quedó otra que admitir la situación porque estaba presente la prensa de la localidad, que fue receptora de la bronca y la impotencia de miles de usuarios afectados”, señaló Pereyra Pigerl. Los presentes acordaron volver a insistir mediante nota ante el Consejo de Administración para que cumpla con la entrega de agua en bidones o cisternas durante los cortes que persisten y se confeccione un protocolo de actuación que incluya la adquisición de generadores de emergencia para el bombeo.Sumarios que no avanzanEn relación al resultado de la auditoría contable contratada por la CELO, que costó 120 mil pesos y que determinó las responsabilidades puntuales en el descalabro financiero de la entidad, el síndico señaló que los sumarios de responsabilidad que requirió “no avanzaron en nada” por lo que los socios le exigieron que recurra a las instancias superiores, en su caso, la secretaría de Comercio e Integración. También dijo desconocer las causas de pérdidas por un monto de 400 mil pesos en el área de sepelios; admitió que pese al resultado negativo del balance en 75 millones de pesos, la administración del presidente Miguez contrató 25 nuevos empleados en un año y que existieron casi 300 conexiones de cash power que habrían entrado en corte pero que siguieron usufructuando el servicio sin abonar a la entidad.Por otra parte, reconoció que el software del sistema informático costó más de medio millón de dólares y no funciona, o peor, genera datos inexactos y pese a ello se sigue manteniendo y pagando las cuotas en dólares.A pesar a la disconformidad, los socios le brindaron respaldo en sus futuras actuaciones en la medida que su contralor sea efectivo y que denuncie en forma pública los desmanejos, así como a las entidades de control y, en última instancia, ante la Justicia.
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