SAN PEDRO. Detrás del desalojo de las familias que estaban instaladas en terrenos privados de los parajes Puente Alto y La Colorada hay una historia de presiones e intereses cruzados que PRIMERA EDICIÓN pudo ir reconstruyendo con el correr de los días. También una actitud de indiferencia por parte del Gobierno provincial y una colisión de visiones entre éste y la Nación.Quien firmó la orden para echar de esos lotes a las más de 150 familias de productores fue el juez Civil Antonio Demetrio Cuenca, quien oficia de subrogante en el Instrucción Tres de San Vicente.Desde el entorno del magistrado indicaron que en las últimas semanas se habría registrado una fuerte presión “política” para que el juez acelerara el desalojo.Y, fuentes cercanas al caso, indicaron que el juez, por su parte, presionó a la conducción de la Unidad Regional VIII de la Policía para que ejecutara el procedimiento.Lo que Cuenca no contaba era con la resistencia de muchos uniformados para llevar adelante el operativo. El argumento fue que no querían realizar el desalojo en horario nocturno, como pretendía el magistrado, aduciendo que era un trabajo de alto riesgo y podía suceder cualquier cosa. Léase: un enfrentamiento que podía acabar en tragedia. Entre la negativa de los policías y las razones meteorológicas, el desalojo se suspendió en tres ocasiones. De acuerdo con los informantes, las dilaciones llegaron a su fin cuando el propio Cuenca le habría dicho a uno de los jefes de la Regional que si no hacía el operativo lo haría responsable si había algún tipo de demanda económica por parte de los propietarios de las tierras por el atraso del desalojo.El resto de la historia se conoció esta semana, con los productores echados de sus precarias viviendas. Ayer seguían a la vera de la ruta 17, sin que nadie del Estado se acercara siquiera a asistirlos. Es gente que quedó con sus pocas pertenencias en carpas improvisadas o directamente a la intemperie.Lo llamativo del caso fue que esas familias y autoridades provinciales y municipales habían firmado un acta para buscarle una solución al conflicto, que había estallado hace tiempo cuando los dueños de las tierras reclamaron que los intrusos fueran desalojados. En teoría deberían haber visto alguna alternativa en una Mesa de Diálogo. Pero Cuenca decidió apurar el desalojo.El intendente de San Pedro y los funcionarios de Tierras de la Provincia son los más cuestionados por los productores. Los acusan de no hacerse cargo del problema.A todo esto, se sumó la intervención del Gobierno nacional, que está al tanto de la situación y que a través de algunas voces hizo saber su posición: el desalojo violento de gente que se dedica a trabajar la tierra y que es abandonada a su suerte en medio de la nada, es una violación de los derechos humanos.Anoche, el futuro de esas 150 familias seguía siendo una incertidumbre.
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