Alta sensibilidad

El inicio del debate legislativo sobre el memorándum de entendimiento firmado entre los cancilleres de Argentina e Irán, iniciativa mediante la cual el gobierno intentaría resucitar las estancadas investigaciones sobre el atentado a la AMIA, desnudó una vez más los crispados enfrentamientos de la política argentina actual, sin arrojar demasiada luz sobre el objeto del debate: el esclarecimiento del bárbaro atentado perpetrado hace 19 años Quitando a las intervenciones la carga retórica y las acusaciones mutuas de rigor, quedó escasa tela para cortar a la hora de saber porqué -aquí y ahora- el Gobierno de Cristina Kirchner se decidió a romper el fuego en el inicio del nuevo período parlamentario con una riesgosa incursión en una temática que, por sus complejas implicancias, supera el ámbito de la política doméstica. El envío apresurado del acuerdo al Parlamento para obtener en tiempo récord una aprobación legislativa con sello único de la mayoría K, no parece la mejor obertura posible en un año electoral en el que el gobierno necesita ejercitarse en apagar incendios, en lugar de provocarlos. Pasado el fin de semana largo por los carnavales, la atención se concentró en las paritarias docentes, en las que se comienza a desenredar el ovillo de las demandas salariales a las que el Gobierno deberá dar una respuesta acorde con la incertidumbre que genera un año con vaticinios de menor crecimiento de la economía y con la espada de Damocles de la inflación todavía afilada.El Indec informó, al respecto, que el Indice de Precios al Consumidor subió un 1,1% en enero, aunque para las consultoras privadas  la suba fue de un alarmante 2,6%.  El Indec también confirmó el anticipo de la Presidenta sobre una recuperación de la economía en el tercer trimestre, mediante  la cual 2012 cerró con un 1,9% de crecimiento anual. Aunque positivo, el guarismo es también alarmante al representar una fuerte desaceleración económica respecto al 8,8 de crecimiento de 2011. Finteos sindicalesLa preocupación por la marcha de la economía se expresó también en los últimos días del lado de un aliado del gobierno, el titular de la CGT Alsina, Antonio Caló, quien aseguró que la economía está parada en el sector de actividad que  representa y pidió medidas contundentes contra la inflación “que no le sirve a los trabajadores ni a los empresarios”, recalcó.De nada sirveCaló también reiteró que el acuerdo de precios que cerró Guillermo Moreno con el supermercadismo sólo podría ser efectivo si  se extendiese en el tiempo,  ya que “así como está no sirve”, sostienen en el sindicalismo. El viernes, el Consejo Directivo de la CGT  habilitó a Caló para que pida una audiencia a Cristina Kirchner, a quien el gremialismo oficialista presentaría en persona sus reclamos. Entre las principales demandas se encuentran la modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, las asignaciones familiares y los fondos de las obras sociales. Las tres consignas  sensibilizan también al sindicalismo opositor que encabeza Hugo Moyano, quien esta semana blanqueó su intención de ingresar de lleno a la política con partido propio.  Las posturas públicas del sindicalismo aliado al gobierno tienen -cabe señalar- doble y hasta triple sentido, ya que juegan con la interna política y sindical, tratando de acompañar al gobierno y mantener, al mismo tiempo, una cierta independencia crítica; algo que suena a proeza en las condiciones de polarización creciente de la escena política actual. Ajuste indicativoEl gremialismo oficialista apunta por elevación a no quedar mal parado respecto a la estrategia del Gobierno de mantener contenidos los aumentos salariales con incrementos por debajo del 25%, porcentaje que se admite como razonable en el contexto inflacionario.  Las intenciones del gobierno quedaron al desnudo el viernes cuando los representantes del Ejecutivo cerraron la paritaria docente unilateralmente con una suba de 22%.  El gesto es simbólico -aunque con claro sentido disciplinario-  ya que la Nación no tiene responsabilidad directa en el financiamiento de la educación, y la mesa paritaria nacional sólo aporta un porcentaje indicativo para direccionar las paritarias en las provincias.  En  Misiones,  esta semana el conflicto docente arrancó con una medida de fuerza de tres días que generó fuertes tensiones. La decisión del MPL, la agrupación que reúne al sector más combativo de la docencia misionera, de cortar la ruta en el acceso a Montecarlo en reclamo de una suba salarial del 25%, pero también de acreencias impagas por parte del gobierno provincial, hizo que tanto el CGE y el ministro Jacobo, como luego hasta el propio gobernador Closs, se despacharan con una destemplada amenaza de iniciar sumarios y llevar a la Justicia a los líderes del corte de ruta. Con los manifestantes en la ruta y bajo la lluvia, las frases despectivas del gobernador Closs respecto a la protesta y su amenaza de resolver el conflicto con la fuerza pública tuvieron un efecto contrario al deseado; tal es así que al otro día de los excesos verbales;  los funcionarios de gobierno se quitaron las pinturas de guerra y el CGE se avino a un acuerdo que descomprimió la situación. Probablemente, el exabrupto de Closs sirvió para que se entienda que un ataque frontal a los docentes no era la mejor actitud en vísperas del inicio de las paritarias del sector, y en un contexto como el actual, en el que los reclamos por un reacomodamiento salarial acorde con la incidencia de la inflación no son privativos de un sector.  El gremio que agrupa a los empelados públicos ya salió a reclamar un 25% de aumento, y es insistente el rumor de que entre los empleados judiciales hay un fuerte malestar por el atraso salarial, en este caso no sólo por los bajos sueldos, sino por el abismo que se abre en la comparación con la Justicia Federal.En los pasillos del Palacio de Justicia se comenta que no sólo los empleados de menor rango estarían dispuestos a sostener una medida de fuerza, si fuera necesario, sino que el malestar llega hasta algunos funcionarios que se quejan de recibir “un salario menor que cualquier chofer de larga y mediana distancia”. El panorama de descontento sumó, además, a sectores de desocupados que bloquearon en los últimos días el puente  internacional San Roque González de Santa Cruz en demanda de “trabajo para los más humildes”.MovimientosLa política propiamente dicha, en tanto, se muestra activa en los espacios acotados de los dos partidos tradicionales, el PJ y la
UCR, que por medio de sus respectivas internas intentan estar a la altura del año electoral, descontando que las elecciones legislativas provinciales se harán en junio y no en octubre, junto a las nacionales.  En el Frente Renovador prefieren no hablar de desdoblamiento, sino de “decisión propia”, aunque admiten que para que ésta sea posible habrá que esperar la luz verde de la Presidenta, que ya habría bajado la orden de disciplinar a  cualquier costo a los distritos provinciales.  La provincia K de la Rioja sería la primera que ya cedió a la presión nacional, que es más determinante cuanto más chica y marginal es la provincia. En la renovación insisten en que en octubre se perderían dos diputados, respecto a los que conseguirían en junio. En la Cámara, el bloque de Union Popular terminó de implosionar, con la huida de Pablo Tschirsch, que formó su propia bancada, “Valores peronistas”, aparentemente en rechazo a que las decisiones de UP provengan del macrismo. Las divisiones en el radicalismo, finalmente, preocupan a las bases del interior, que miran con resquemor como “la cúpula, con Damiani y Pastori a la cabeza, no pierde las viejas mañas y pretende digitar el recambio generacional”, observó una fuente.