BUENOS AIRES (Medios digitales). El Gobierno nacional promulgó la ley que modificó la normativa sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas, sancionada por el Congreso el 19 de diciembre y que incorpora severas penas para quienes incurran en ese delito. La Ley 26.842 fue publicada ayer en el Boletín Oficial y a partir de ahora habrá un plazo máximo de noventa días para su reglamentación, conforme lo establece el artículo 28 de la norma. A partir de esta iniciativa se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y contará con autonomía funcional. Su fin será “constituir un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley”. En ese mismo ámbito se constituirá además el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas para, ente otras tareas, diseñar “estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir” los delitos de trata y explotación. Trabajará además en “desarrollar acciones eficaces orientadas a aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación”, así como en “asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías”. Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. La norma incorpora la sustitución del artículo 125 bis del Código Penal por el siguiente: “El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro a seis años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. La cuestión del consentimiento es uno de los cambios fundamentales de la nueva norma, ya que muchas veces no se podía llegar a una condena porque la mujer víctima de una red de trata aseguraba que había consentido la relación de explotación o sometimiento sexual debido a que estaba amenazada. La pena será de cinco a diez años de prisión si “mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima”.
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