La investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Virginia Aparicio, fue exonerada tras un sumario administrativo vinculado con su participación en un proyecto internacional que investigó la presencia de pesticidas en personas y en el ambiente. La decisión implica su despido del organismo y le impide volver a desempeñarse en el Estado.
La medida fue adoptada por el Consejo Directivo del INTA, que aplicó a la científica la sanción más grave prevista para el empleo público. El caso generó cuestionamientos y abrió un debate sobre la libertad de investigación científica y el acceso a información relacionada con la salud y el ambiente.
Aparicio es ingeniera agrónoma y desarrolló una extensa trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce. Se desempeñaba en el INTA desde 1997 y, durante más de dos décadas, centró su trabajo en el estudio de suelos, agua y plaguicidas. Además, coordinaba la participación argentina en SPRINT, un proyecto internacional financiado por la Unión Europea con un presupuesto de 14 millones de euros.
La iniciativa, coordinada por la Universidad de Wageningen, buscó analizar la presencia de más de 200 pesticidas en muestras de suelo, agua, sangre y orina. Argentina fue el único país participante fuera de Europa. En el ámbito local, la investigación incluyó a 73 voluntarios, además de muestras animales y ambientales.
De acuerdo con la resolución del organismo, las acusaciones contra Aparicio se relacionan con el manejo de fondos del proyecto, el presunto incumplimiento de la vía jerárquica, modificaciones en el protocolo de bioética y el envío de muestras a laboratorios del exterior para su análisis.
Otro de los puntos cuestionados fue la intervención de un colaborador que no contaba con una designación formal y que, según el INTA, habría tenido acceso a información confidencial. Se trataba de un investigador retirado del organismo que mantenía una relación de pareja con Aparicio.
La resolución reconoce que no se acreditó un perjuicio económico para el Estado, aunque sostiene que las conductas investigadas justifican la sanción aplicada. Además, dispuso informar lo sucedido a la Oficina Anticorrupción.
Por su parte, la investigadora rechaza las acusaciones y sostiene que la decisión excede las cuestiones administrativas. En declaraciones públicas, advirtió que el objetivo sería generar temor entre sus colegas para desalentar investigaciones sobre temas sensibles.
Con la resolución quedó agotada la instancia administrativa, por lo que Aparicio podrá recurrir a la Justicia, una posibilidad que ya anticipó.
Un conflicto que comenzó en 2023
El enfrentamiento entre la investigadora y el organismo tomó estado público en 2023, cuando el INTA suspendió la presentación de los resultados correspondientes a la investigación argentina de SPRINT y, posteriormente, resolvió retirar a la institución del proyecto.
Mientras el trabajo continuó en el ámbito internacional y concluyó en 2026, en Argentina avanzó un sumario administrativo contra la científica. El caso derivó en cuestionamientos sobre las decisiones institucionales y el tratamiento de los resultados vinculados con la exposición a pesticidas y sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente.
En una carta pública, Aparicio reconstruyó el desarrollo del conflicto y relató que, a fines de agosto, el Consejo Directivo del INTA analizó su situación. Según explicó, se enteró extraoficialmente de una posible exoneración a través de APINTA, el gremio de los trabajadores del organismo.
La decisión final generó repercusiones en ámbitos científicos, profesionales y políticos, con expresiones de respaldo a la investigadora y pedidos de explicaciones sobre el procedimiento que derivó en su salida del organismo.
Fuente: Medios Digitales
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